Hace 37 años, cuando el obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Vega, fue expulsado de Nicaragua por el primer régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años ochenta, la Diócesis de Juigalpa fue declarada “sede impedida” por el papa Juan Pablo II, recordó un sacerdote que prefiere ocultar su identidad en medio de la persecución a los miembros de la Iglesia católica.
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Según el Código de Derecho Canónico, “se considera impedida la sede episcopal cuando por cautiverio, relegación, destierro o incapacidad, el obispo diocesano se encuentra totalmente imposibilitado para ejercer su función pastoral en la Diócesis, de suerte que ni aun por carta pueda comunicarse con sus diocesanos”.
Al entonces obispo Vega, de Juigalpa, lo invitaron a una reunión, lo acusaron de traición a la patria, lo montaron en un helicóptero y lo dejaron en la frontera con Honduras. El jerarca católico, crítico del sandinismo, había denunciado en Washington los abusos y crímenes a manos de los sandinistas contra tres ministros laicos y el campesinado. La reacción y condena del papa Juan Pablo II por la expulsión de monseñor Vega fue casi inmediata contra el régimen sandinista.
Hoy que el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, lleva cinco meses de ser prisionero del mismo régimen sandinista, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado por los delitos de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, solo hay silencio e incertidumbre alrededor de lo que ocurrirá con la ausencia no solo del obispo, sino también de cuatro sacerdotes, dos vicarios, dos seminaristas y un diácono. Sin contar con sacerdotes matagalpinos que se han exiliado huyendo de la persecución.
“(La Diócesis de Matagalpa) está muy golpeada, porque no solo falta el obispo sino que faltan otros sacerdotes que tenía, y no solo de rango jerárquico, sino también de autoridad que dan los años, hay sacerdotes no solo jóvenes, sino también hay unos mayores que se han tenido que ir”, confirmó el sacerdote que habló con LA PRENSA.
Diócesis sin cabeza, con clérigos presos y en el exilio
Según el Anuario Pontificio 2020, la Diocésis de Matagalpa tenía a esa fecha 51 sacerdotes, sin embargo, el sacerdote consultado calculó en 70 el número de sacerdotes parroquiales, sin contar con los clérigos presos y los que han sido obligados a exiliarse que en esa Diócesis son al menos seis.
El religioso reconoció que una Diócesis sin cabeza corre el riesgo de aislarse, y más la Diócesis de Matagalpa, donde el obispo Álvarez era bien dinámico, comunicativo, organizaba encuentros mensuales con los sacerdotes diocesanos, hacía ejercicios espirituales, hacía cursos de formación, visitaba las comunidades. “Él integró mucho al clero”, dijo el sacerdote.
El sacerdote explicó la importancia de la formación, actualización e intercambio de información de un sacerdote, principalmente cuando están en los pueblos y comunidades rurales, que es un área muy grande en Matagalpa, alejada de las ciudades y ahora sin medios radiales de la Iglesia para informarse, debido a que la represión de Ortega contra la Iglesia católica también ha incluido el cierre de medios de comunicación de línea católica, la mayoría radios.
“Por ejemplo, ahorita está el tema del Sínodo, nadie te va a explicar el Sínodo. O te metés a internet a buscar qué dice, o no vas a saber mucho, entonces eso debilita tremendamente y usted sabe que a los seres humanos lo que nos enriquece es el intercambio, si usted se aísla se empobrece”, dijo el sacerdote.
Diócesis de Estelí tampoco tiene obispo
Otra condición establecida por la normativa del Derecho Canónico es la “sede vacante”. Este caso se dio en la Diócesis de Estelí, desde que el papa aceptó la renuncia por límite de edad de monseñor Juan Abelardo Mata, en julio de 2021, esta fue declarada “sede vacante” y el obispo Rolando Álvarez fue nombrado administrador apostólico, un año y un mes antes de ser arrestado. A inicios de este año, el padre Frutos Valle fue nombrado ejecutor ad omnia ante la ausencia forzada de Álvarez, sin embargo, en el caso de la Diócesis de Matagalpa no ha habido ningún movimiento administrativo, al menos público.
“Monseñor Álvarez deja la sede vacante suya y deja la sede vacante sin administrador apostólico, pero pusieron allí un sacerdote. En cambio, en Matagalpa no han puesto a nadie, entonces Matagalpa está al garete”, aseveró el sacerdote, quien tiene claro que Álvarez ha sido impedido de realizar sus funciones tras el arresto.
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La abogada Martha Patricia Molina, que lleva un registro de las detenciones y exilio de sacerdotes de la Iglesia católica, también tiene claro que la Diócesis de Matagalpa no es una “sede vacante”, sino que cumple con una condición de “sede impedida”.
“Actualmente la sede de Matagalpa se encuentra impedida (Canon 412 Código canónico) porque su obispo está totalmente imposibilitado de ejercer su ministerio episcopal, porque fue secuestrado por agentes de la Policía Nacional. Hasta la fecha, la Santa Sede no ha nombrado a ningún obispo porque no es sede vacante”, precisó la abogada.
Dentro del ordenamiento jurídico de la Iglesia católica, cuando una sede es declarara impedida hay un proceso claro que se debe seguir para garantizar su funcionamiento, “a no ser que la Santa Sede haya provisto de otro modo, cuando quede impedida una sede, el gobierno de la Diócesis compete al obispo coadjutor si está presente; y si no existe o se halla impedido, a un obispo auxiliar o vicario general o episcopal, u otro sacerdote de acuerdo con (un) orden establecido…”.
Molina recordó que la Iglesia católica es una institución vertical, con una comunicación que fluye de arriba para abajo por delegaciones claramente establecidas y jerarquizadas. “Su cabeza es el papa, elegido por los cardenales, a continuación se encuentran los obispos y después los párrocos”. Por esta razón es que Molina no duda que ya haya sido designado un responsable interino al frente de la Diócesis.
“Lo más seguro es que ya existe el sacerdote encargado de regir la Diócesis de modo interino y eso ya tuvo que ser informado a la Santa Sede. El que haya sido llamado a ejercer interinamente la curia pastoral de la Diócesis mientras esta está impedida, tiene en su función pastoral las obligaciones y la potestad que por derecho competen a un administrador diocesano”, expresó Molina.
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En Nicaragua, los líderes de la Iglesia católica que aún quedan en el país no hablan ni se pronuncian oficialmente sobre el tema de la persecución y encarcelamiento de los religiosos. Mientras que el papa Francisco, en agosto pasado, solo hizo una breve mención expresando su preocupación y dolor sobre la situación de este país, sin hacer referencia a monseñor Álvarez y a los sacerdotes presos.
Esperanzas de liberación
El sacerdote que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato valoró que si el Vaticano no ha hecho ninguna declaración sobre la situación de la Diócesis de Matagalpa es porque tienen esperanzas de que se resuelva esta situación.
“Si no la declaran sede impedida quiere decir que todavía hay una esperancita, (pero) sinceramente yo no la veo para nada, no veo el menor signo de diálogo para nada”, dijo la fuente.
El Derecho Canónico establece que la Diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo. En Nicaragua existen actualmente 8 Diócesis y una Arquidiócesis. El papa es quien nombra a los obispos y también los designa a cada Diócesis/Arquidiócesis.
El sacerdote consultado manifestó que en Nicaragua la sede más grande es la Arquidiócesis de Managua, a cargo del cardenal Leopoldo José Brenes, que tiene alrededor de 200 sacerdotes diocesanos; y hay Diócesis menos numerosas como la de Bluefields, que tiene 20 sacerdotes.
En Nicaragua, hay al menos 15 procesos penales en contra de sacerdotes y personas relacionadas con la Iglesia católica, como parte de un contexto de persecución contra todo el que critique o se exprese en contra del régimen Ortega Murillo.
En general, más de 300 personas están presas por criticar u oponerse al régimen orteguista, entre estas destacados opositores, estudiantes universitarios, líderes campesinos, exdiplomáticos, empresarios, periodistas, dueños de medios de comunicación, y al menos 12 sacerdotes.