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Indio Maíz, reserva indio maíz

Mangua 12 de Abril 2018.Marcha y Contra Marcha por Indio Maíz de estudiantes de la UCA vs portatil del gobierno en UCA y Plaza de las Victorias en C.Masaya .Foto Uriel Molina/LA PRENSA

Este es el precio que la dictadura de Nicaragua cobra a la UCA por apoyar a estudiantes y ciudadanos tras las protestas de 2018

La Universidad Centroamericana paga caro el inculcar conciencia crítica entre sus alumnos y el velar por el respeto a los derechos humanos, estos son los castigos del régimen Ortega Murillo le ha impuesto

En abril de 2018 nadie imaginó que ejercer el derecho ciudadano a la protesta desataría los niveles inimaginables de persecución, violencia y crueldad que desde entonces ejerce el régimen Ortega Murillo. La Universidad Centroamericana (UCA) es una de sus víctimas, y sigue resistiendo la embestida que contra todos sus flancos ha desatado la dictadura. El golpe más reciente fue la prohibición para ingresar al país a su vicerrector Jorge Huete. Lo desterraron.

Pero la represión contra la prestigiosa casa de estudios de vocación jesuita empezó el 12 de abril de 2018. Ese día un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de la UCA, se autoconvocó frente a la universidad para protestar por la falta de respuesta gubernamental ante un incendio que consumía la Reserva Biológica Indio Maíz.

A la tragedia ambiental de Indio Maíz se sumó una fallida reforma a la seguridad social, que entre otras cosas mermaba las raquíticas pensiones de los jubilados. Ese día la UCA se convirtió en uno de los puntos de referencia de las protestas que —ante la represión del régimen— encendieron la inconformidad y los anhelos de libertad de miles de nicaragüenses que se volcaron a las calles para exigir sus derechos.

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Refugio de jóvenes y albergue de la memoria histórica

En los meses siguientes, cuando las fuerzas de choque del régimen impidieron las protestas callejeras, el campus de la UCA se convirtió en el último lugar seguro donde los jóvenes se pudieron expresar. Tras la estela de muertos, heridos, encarcelados y exiliados, las manifestaciones en las calles desaparecieron porque la gente optó por resguardar su vida y libertad, pero dentro del campus los estudiantes aún se pronunciaban.

A inicios de 2019 el régimen ya había dado el primer golpe directo a la institución educativa. A través del Consejo Nacional de Universidades (CNU) le redujo en 26 por ciento la partida presupuestaria que recibía para costear las becas que ofrece. Sin este apoyo, es imposible que hijos de familias pobres puedan hacer realidad su deseos de formarse en esa universidad.

Reducir a la UCA su parte del 6 por ciento del Presupuesto General de la República, que por mandato constitucional se entrega a las universidades, era una vieja amenaza del régimen. Esta surgió en respuesta a su postura crítica ante el deterioro institucional que desde antes de 2018 se registraba en Nicaragua. Postura que además como centro de educación superior están obligados a inculcar entre sus estudiantes.

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A pesar de ello, en septiembre de 2019, la UCA abrió sus puertas al Museo de la Memoria contra la Impunidad instalado por la organización Madres de Abril (AMA), un conmovedor paseo por las imágenes de las protestas y el retrato humano de las víctimas de la brutalidad policial y gubernamental, un capítulo de Nicaragua escrito con sangre por el régimen y narrado desde las familias.

Empezó el castigo a la UCA

En 2019, cuando se concretó el castigo con un primer gran recorte, solo le asignaron a esta alma mater 184.5 millones de córdobas. Es decir, 67.3 millones de córdobas menos con respecto a los 251.8 que le entregaron en 2018.

El recorte afectó a unos dos mil estudiantes y fue una decisión interna del CNU. Además, no estuvo relacionada con la leve reducción que registró el Presupuesto Nacional como consecuencia de la crisis sociopolítica que el país enfrentaba.

“No podemos con este desajuste tan grande dar becas a los nuevos, a los que han pedido, eso nos pone en una situación difícil. Estamos tratando de cumplir con estos más de dos mil estudiantes becados, porque no les vamos a decir que se vayan a la calle. En la UCA tenemos que ver cómo salimos adelante con las becas”, expresó el padre José Alberto Idiáquez, quien en ese momento era el rector de la UCA.

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El régimen hacía uso de los oficiales de la Policía orteguista para reprimir marchas. Foto Uriel Molina/LA PRENSA

Niegan ingreso a su rector

Unos meses después, el padre José Alberto Idiáquez se convertiría en otra víctima. En el diálogo que el régimen promovió en mayo del 2018, supuestamente para buscar una salida a la crisis, el rector de la UCA fue uno de los representantes del sector académico.

Como representante formó parte —hasta su renuncia en octubre de 2020— de la Alianza Cívica. La organización fue la contraparte del diálogo que promovió el régimen en dos ocasiones y cuyo desenlace fue nefasto no solo porque no se resolvió la crisis; actualmente varios de sus dirigentes están presos y condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. El padre Idiáquez fue desterrado de su patria.

El padre tuvo que viajar para tratarse un problema de salud; su estancia en el exterior se alargó por las restricciones establecidas por la pandemia. En ese lapso se le venció su pasaporte y así se convirtió en uno de los primeros nicaragüenses afectados por una nueva modalidad de represión que consiste en negar la renovación del documento de viaje. La Embajada de Nicaragua en el país donde se encuentra no respondió a su solicitud de renovación y con el pasaporte vencido ninguna línea aérea le permite viajar.

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Tras muchos meses con su máxima autoridad afuera y cuando su período en el cargo se venció, la Compañía de Jesús nombró un nuevo rector. El padre Idiáquez fue relevado en el cargo por el padre Rolando Alvarado.

Más recortes de la partida para las becas

Luego de asegurarse que el padre Idiáquez no regresaría al país, el régimen retomó el castigo a través de la partida presupuestaria. En 2020 la UCA denunció un nuevo recorte de la partida presupuestaria, el CNU solo le asignó 144.54 millones de córdobas. Es decir, 40 millones de córdobas menos con respecto a los 184.5 que le otorgaron en 2019 cuando le aplicaron el primer gran recorte.

En 2020 la UCA atribuyó el “castigo” a su posición crítica con respecto a la crisis social que atravesaba el país, y aclaró que lo único que hacía era reclamar el respeto de todos los derechos de los nicaragüenses y la verdadera justicia para las víctimas. Además, reiteró que los recortes afectaban directamente a los más vulnerables de la comunidad universitaria: los estudiantes becados y trabajadores que dependen de su salario para sustentar a sus familias.

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Acoso, más represalias y más recortes

La institución también denunció múltiples represalias y acoso por parte de órganos gubernamentales y el asedio por parte de la Policía orteguista en el campus. Entre esas represalias detalló “fallos judiciales ilegales, negación de atender gestiones de la UCA y omisión y retrasos injustificados en la entrega de documentos requeridos para operar legalmente”.

En 2021 el recorte continuó, ese año el CNU solo asignó 100 millones de córdobas a la UCA. Es decir 44 millones menos que el año anterior. En ese momento el alma mater ya había advertido a los nuevos bachilleres que la asignación de becas dependería de la partida que les asignaran.

Este año la reducción llegó al límite, ya que el CNU solo le asignó un millón de córdobas. Con este monto prácticamente la dejó fuera de la distribución de la partida presupuestaria. Esto obligó a la UCA a volver a reducir el porcentaje de las becas que entrega.

Indio Maíz, reserva indio maíz
Managua 12 de abril 2018. Marcha y contramarcha por Indio Maíz de estudiantes de la UCA vs. portátil del Gobierno en la UCA y Plaza de las Victorias en C. Masaya .Foto Uriel Molina/LA PRENSA

UCA busca alternativas para mantener becas

En marzo de 2022 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma a la Ley 582 Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Estas reformas plantean serias dudas sobre la permanencia de la única universidad jesuita del país en el CNU, del que podría quedar totalmente aislada en 2023.

Estas dudas se acrecentaron cuando el CNU le quitó a la UCA el espacio que por décadas ocupó en representación de las universidades privadas del país. En su lugar incorporó a la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (Uniav), de Rivas.

En medio de estas dificultadas la UCA informó recientemente a sus becarios que ya no cuenta con una asignación presupuestaria o privada para sostener sus estudios, pero les ofreció esforzarse para que concluyan sus carreras. Además, anunció la apertura de una plataforma digital donde personas altruistas pondrán patrocinar a los estudiantes becados.

Mientras tanto, el vicerrector Jorge Huete se sumó a la lista de nicaragüenses desterrados de su patria. Él viajó a Argentina para participar en una actividad de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Durante su vuelo de regreso al país, hizo escala en Panamá donde la aerolínea le informó que no podía abordar el vuelo a Nicaragua porque su ingreso al país estaba prohibido.

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