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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación, bajo el control del régimen de Daniel Ortega, cerraron el primer semestre del año cancelando a al menos 789 organizaciones sin fines de Lucro (OSFL), conocidas también como ONG (organizaciones no gubernamentales), de este total 49 eran de origen extranjero.
El número de cancelaciones desde enero de este año ha tenido una frecuencia ascendente, cada mes las cancelaciones son más numerosas, este jueves 30 de junio, la cancelación fue de 100 OSFL nacionales.
A lectura de analistas y expertos en temas sociales, las consecuencias del cierre de estas 790 ONG impactará en los sectores más vulnerables del país que reciben el apoyo de esas organizaciones, dada la ausencia del Estado para cubrir las necesidades más básicas, como salud, educación y alimentación.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional dijo este jueves que en el segundo trimestre (abril a junio), habían completado un total de 689 entidades las canceladas.
De acuerdo al registro de LA PRENSA, entre enero y marzo fueron canceladas 51 organizaciones, incrementándose a 689 en los siguientes tres meses para totalizar 740 personerías jurídicas suspendidas en el primer semestre del año.
Atraso social e incremento de la pobreza
Un analista político que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias del régimen orteguista, explicó que “en todo el mundo existen las ONG que están relacionadas con los movimientos sociales y esos movimientos sociales contribuyen con necesidades especificas donde el Estado no puede estar presente o no tiene cobertura”.
A la vez aseveró que las ONG “son una necesidad en el desarrollo actual de las sociedades modernas, cerrarlas, es digamos una actitud de atraso, ubicadas por lo menos en el siglo XX o XI”.
A criterio de un economista e historiador, quien también opinó bajo condición de anonimato, estas cancelaciones reflejan “una pérdida para los sectores más vulnerables que recibían un apoyo de las diferentes ONG. Dado que el gobierno no tiene la capacidad de atender a esos sectores, ahora desprotegidos, se incrementará la pobreza y la pobreza extrema”.
Un sociólogo que tiene más de 30 años de trabajar con ONG coincidió en que, en el país “hay lugares donde el Estado no tiene cobertura en la práctica y en la realidad, como en zonas del Caribe Sur y Norte y ahí la presencia de las ONG es la que salva de salud, educación, alimentos y transporte a la gente”, dijo también bajo condición de anonimato.
En cuanto a la cancelación de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden María Teresa de Calcuta, el sociólogo opinó que sin intensión de hacer apología política, “esto de las hermanas de la caridad es una barbarie, nunca dieron una opinión política, su papel era dar de comer al hambriento y vestir al desnudo”, lamentó.
¿Cuántas ONG hay en el país?
Según un informe oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista, Gustavo Porras, con motivo de la presentación de la nueva Ley de OSFL (aprobada el 31 de marzo pasado), en 1992 el número de ONG que existía era 645, pero los siguientes años se incrementó hasta llegar a 6,566 OSFL en los años recientes.
En la sesión de este jueves 30 de junio, Porras justificó la cancelación de las ONG alegando que se debe a “un proceso de ordenamiento de algo que estaba al garete”.
“Es decir, hay una serie de asociaciones, fundaciones, que tienen hasta nueve, diez años, sin poner al día sus obligaciones. La realidad es que todas las organizaciones que han sido canceladas su personalidad jurídica es por incumplimiento reiterado de sus obligaciones, año con año”, dijo Porras.
Además aseguró que continuarán con “el trabajo de limpieza”. “No podemos tener seis mil personerías jurídicas que andan dando vuelta ahí sin utilizarse, se van revisando, por eso es que vienen en esas entregas (listas)”, añadió Porras.
Oportunidades previas
El sociólogo expresó que está de acuerdo con que el Estado de atención a las ONG para que cumplan con la ley, pero señaló que debe haber una aceptación de parte del Estado sobre la necesidad del papel que juegan las organizaciones. “No deben anular sus personerías jurídicas, sino que haya un llamado, dos y hasta tres y abrirles una oportunidad para que se pongan al día si han incumplido en algo”, recomendó.
El sociólogo tampoco descartó que en el país puede haber una cantidad de ONG que no lleven un control y a su juicio es necesario que cumplan con la ley, siempre que sea a través de un procedimiento adecuado. “Esto no quiere decir que esté de acuerdo con el procedimiento de anular las personerías jurídicas, pero hay que tomar en cuenta que hay que tener un país ordenado, si la cabeza (el presidente) estuviera en orden. Eso es un sueño”, expresó.
Han “sacado” a dos de las listas
Porras dijo este jueves que antes de concretar las cancelaciones en la Asamblea Nacional se platica con los representantes de las organizaciones, algunos piden prórrogas y aseguró que se les ha dado, es por eso que “hay dos casos que venían en las listas y que a la hora de la aprobación fueron sacados, porque son personas que dijeron que se iban a poner al día. Hay que tener claro que estamos trabajando con mucha responsabilidad”.
LA PRENSA confirmó que el 16 de junio fue retirada de la lista de ONG suspendidos la Asociación Mutua del Campo (Mutua) ligada a la organización de origen sandinista, Asociación de Trabajadores del Campo (ATC).
El otro caso que confirmó este Diario fue el retiro de la Asociación Fondo de Desarrollo Local en la publicación del decreto aprobado el 16 de marzo y publicado en La Gaceta del 23 de marzo de 2022.
A criterio del sociólogo “eso no es verdad. Ningún procedimiento ha habido para matizar ese incumplimento de la ley”, además argumentó que no es la Asamblea Nacional que tiene que sentarse con los representantes de las ONG, sino el ministerio de Gobernación.
Al respecto, el artículo 36 de la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro”, faculta al Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Registro y Control de OSFL a “realizar visitas de supervisión y control a los OSFL, con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, la Normativa, el Acta de Constitución y Estatutos”.
“La Asamblea Nacional no tiene porque dar seguimiento, ellos son legisladores, no deben de confundir su papel, ellos hicieron aprobar una personalidad jurídica, hay un ministerio del Estado que debe de darle seguimiento”, señaló el sociólogo.
“Y no es cierto que el Ministerio de Gobernación haya dado seguimiento, todo lo contrario, el Gobernación no aceptaba los informes, no aceptaba las relaciones comunicacionales con los representantes de las ONG, para llevarlas al punto del incumplimiento de la ley”, sostuvo el sociólogo.
¿Qué busca Ortega con la cancelación de las ONG?
Para el exdiputado y abogado, Eliseo Núñez, el cierre de las ONG representa un bloqueo total a la libertad de asociación, es decir, “todas esas actividades que hacían las ONG, ahora el régimen las deja en manos de instituciones estatales o en organizaciones que están pegadas a ellos”, dijo.
Núñez considera que lo que Ortega quiere es crear una dependencia “enorme” de parte de la población con respecto al Estado y que el Estado tenga que resolver todo. “Esto se hace en regímenes totalitarios como el de Ortega, pero como el Estado nunca es suficiente, entonces no va a darse abasto, y lo que va a ocasionar es que haya un déficit de atención en áreas vitales como es la salud, protección de niños y otras cosas que hacían las ONG, incluso en temas que tienen que ver con créditos y asistencias técnicas a productores”, señaló.
Asimismo agregó que “todo esto definitivamente lo que persigue es crear una dependencia total del ciudadano con respecto al Estado y como el Estado lo controlan ellos con las armas, entonces, ese es el juego al que apuestan”.