El régimen de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional continuó este jueves con la suspensión de personerías jurídicas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), también conocidas como ONG, ilegalizando a otros 100 organismos que incluyen a la Asociación de Trabajadores Bananeros y Exbananeros afectados por Nemagón y Fumazone (DBCP) (Atben).
El Decreto de cancelación de los 100 OSFL fue aprobado en lo general y lo particular con los votos de los 75 diputados sandinistas, 16 abstenciones y ningún voto en contra, de un total de 91 legisladores.
Más de 700 ONG han sido canceladas
La iniciativa de decreto de cancelación fue presentada el pasado 28 de junio en la Asamblea Nacional, por el diputado orteguista y presidente de la Comisión, de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos, Filiberto Rodríguez.
Con este decreto ya suman al menos 741 organismos sin fines de lucro suspendidos por la Asamblea Nacional en lo que va del año.
El Legislativo ha cancelado organizaciones desde inicios del año. En enero fueron canceladas tres ONG, en febrero 24, en marzo 25, en abril 25, en mayo 177 y este mes 488, para un total de 742 hasta el día de hoy. Sin embargo, en los datos habría que restar una organización que fue retirada de la lista.
Porras justifica cancelaciones
El diputado orteguista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, indicó que al cierre del segundo trimestre (abril a junio), con estas 100 asociaciones de hoy están completando un total de 689 entidades las canceladas por dicha institución, justificando que se debe a «un proceso de ordenamiento de algo que estaba al garete».
«Es decir, hay una serie de asociaciones, fundaciones, que tienen hasta nueve, diez años, sin poner al día sus obligaciones. La realidad es que todas las organizaciones que han sido canceladas su personalidad jurídica es por incumplimiento reiterado de sus obligaciones, año con año», dijo Porras.
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A la vez añadió que continuarán con «el trabajo de limpieza». «No podemos tener seis mil personerías jurídicas que andan dando vuelta ahí sin utilizarse, se van revisando, por eso es que vienen en esas entregas (listas)».
De acuerdo con Porras, antes de las cancelaciones se platica con los representantes de las organizaciones, algunos piden prórrogas y asegura que se les han dado, es por eso que «hay dos casos que venían en las listas y que a la hora de la aprobación fueron sacados, porque son personas que dijeron que se iban a poner al día. Hay que tener claro que estamos trabajando con mucha responsabilidad».
Los mismos argumentos
El argumento presentado por Rodríguez, como en todos los casos de cancelación de personerías que ha hecho el régimen de Daniel Ortega, es que estas ONG incumplieron con la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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Al tener además “sus juntas directivas vencidas, no reportar estados financieros con desglose detallados de ingresos y egresos”. Así como no reportar las donaciones provenientes del extranjero ni informar de la identidad y origen de todos sus miembros donantes; nombres apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta del domicilio y teléfono.
También señala que las ONG han “actuado contra ley expresa, por lo que la autoridad de aplicación de la Ley ha solicitado la cancelación de la personalidad jurídica”.
De acuerdo con la iniciativa, la solicitud de cancelación de la personería jurídica de dichas entidades atiende a la solicitud presentada por Franya Urey Blandón, responsable de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación.
