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Cristian Tinoco, hija del exguerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco, afuera del nuevo Chipote. LA PRENSA/Cortesía

CIDH demanda al régimen garantizar que los presos políticos tengan contacto “directo, regular y digno” con sus familias

El organismo señaló que recibió información sobre la persistencia de deplorables condiciones de detención, de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación y la falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada de las personas detenidas en el Chipote

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo garantizar que los presos y presas políticas encarceladas en el nuevo Chipote tengan comunicación y contacto con sus familiares, hijas e hijos en “condiciones dignas y seguras” conforme a los estándares internacionales y la legislación nacional.

A través de un comunicado, la CIDH mencionó que recientemente el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión recibió información sobre la “persistencia de deplorables condiciones de detención, de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación y la falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada de las personas detenidas en El Chipote”.

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Agregó que “muchas de ellas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.

Negación afecta desproporcionadamente a niños y niñas

El organismo internacional garante de derechos humanos denuncia que persiste la “permanente negativa” de las autoridades para garantizar la comunicación de las personas detenidas con sus hijas o hijos debido a la “restricción absoluta de visitas” por parte de personas menores de edad, de llamadas, así como del intercambio e ingreso de correspondencia, fotografías, dibujos y mensajes.

En el nuevo Chipote permanecen encarcelados más de 40 opositores entre ellos Tamara Dávila y Miguel Mendoza, quienes -por separado- tienen hijos menores de edad a quienes no los han visto desde el día de sus detenciones.

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La CIDH refiere que estos hechos afectan de manera desproporcionada a niñas y niños pequeños, quienes “no han tenido comunicación por más de seis meses con sus madres o padres, por lo que sufrirían afectaciones psicológicas y emocionales”.

Demanda la liberación de los presos políticos

También subrayó que conforme a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, las personas privadas de libertad tienen derecho a “recibir y enviar correspondencia”, sujeto únicamente a aquellas limitaciones compatibles con el derecho internacional; y a mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas.

Finalmente, el organismo reiteró su llamado al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en Nicaragua.

De acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, cuyos datos son avalados por la CIDH, el número de presos políticos en Nicaragua, en su mayoría detenidos en el marco del estallido de la crisis de 2018, aumentó a 182 hasta abril de este año.

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Las visitas a las personas encarceladas en el nuevo Chipote no han sido periódicas y, según han denunciado los familiares, cuando se dan han sido sometidos a una serie de medidas excesivas de “seguridad” hasta el punto de desnudarlos y manosearlos. Además a estar vigilados por los funcionarios de la cárcel y acosados por fotógrafos y camarógrafos.

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