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Laureano Ortega. Foto tomada de El 19 Digital.

Laureano Ortega buscó acercamiento con Estados Unidos, según The New York Times

Laureano buscó a Washington luego de la invasión rusa a Ucrania, pero cuando un alto funcionario del Departamento de Estado viajó a Managua para reunirse con él, "los Ortega aparentemente se arrepintieron", por lo que el encuentro no se dio

Laureano Ortega Murillo, hijo del dictador Daniel Ortega y de la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, se acercó “silenciosamente” a Washington para reiniciar el diálogo con Estados Unidos, aseguraron funcionarios y diplomáticos al periódico The New York Times.

De acuerdo con una publicación del influyente periódico estadounidense, el objetivo de Ortega Murillo era el cese o alivio de sanciones por parte de Estados Unidos a su familia, a cambio de la liberación de los presos políticos en Nicaragua, que según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas suman más de 180, incluidos los aspirantes presidenciales, activistas, líderes estudiantiles, campesinos y empresarios, encarcelados hace casi un año.

El acercamiento, según la información obtenida por el medio, se dio a través de un tercero. Una fuente dijo que fue por el embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell Hooker, pero consultado por el Times este negó que fuera así.

Laureano buscó a Washington luego de la invasión rusa a Ucrania, pero cuando un alto funcionario del Departamento de Estado viajó a Managua para reunirse con él, “los Ortega aparentemente se arrepintieron”, por lo que el encuentro no se dio.

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La familia Ortega-Murillo ha sido acusada de instaurar una dictadura en Nicaragua, la cual ha sido rechazada por los países del hemisferio. Muestra de ello han sido las mismas sanciones impuestas por EE. UU. a Rosario Murillo, Laureano y otros hijos de la pareja dictatorial, entre ellos Camila, Juan Carlos y Rafael, incluyendo personas del círculo familiar. El régimen siempre ha dicho que las sanciones son agresiones del imperio. “Ahora, al parecer, la determinación de la familia puede estarse rompiendo”, dijo el periódico.

Laureano fue sancionado el 7 de abril de 2019 junto con el Banco Corporativo (Bancorp), su protagonismo a nivel internacional en defensa al régimen lo ha puesto en la lupa de otros países, por eso Canadá dictó sanciones el 21 de junio de 2021, la Unión Europea (UE) el 10 de enero de 2022 y Suiza el 24 de enero de este año.

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Un alto funcionario del Departamento de Estado indicó a The New York Times que si la familia Ortega-Murillo está dispuesta a discutir la liberación de los presos políticos “Washington se comprometerá, de lo contrario advirtió que “se está preparando para ejercer una presión adicional sobre el régimen con más sanciones”.

Régimen en estado financiero “precario”

The New York Times indicó que el régimen orteguista se encuentra en “un estado financiero precario”, y cita declaraciones brindadas por el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien denunció a la dictadura el pasado 23 de marzo, en plena sesión del organismo.

“Rusia no puede darles dinero ahora y la billetera venezolana está cerrada”, declaró McFields al periódico al referirse que Nicaragua no tiene adónde “acudir en busca de alivio económico” debido a que Rusia y Venezuela, por separado, están sufriendo sus propias sanciones.

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McFields reveló a The New York Times que fue informado sobre el acercamiento de Nicaragua a Washington antes de renunciar y añadió que “la familia Ortega y su círculo íntimo estaban tambaleándose bajo las sanciones estadounidenses”.

El exfuncionario añadió que “la familia necesita dinero para mantener contentos a sus compinches, a la Policía y a sus paramilitares porque no tienen nada que ofrecer más que represión”, en esa línea consideró que “eso no es bueno porque están creando un crisol para otro abril de 2018”, en referencia a las protestas antigubernamentales de abril 2018 que pedían la renuncia de Ortega del poder, pero que fueron aplacadas a punto de una brutal represión que dejó a más de 355 nicaragüenses asesinados, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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