Para 2022, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima para Nicaragua una estructura tributaria relativamente estable, con respecto a lo observado en años anteriores, así como un clima de austeridad fiscal y de promoción de la sostenibilidad de la deuda, sin embargo, aclara que este panorama puede verse interrumpido y empeorado de continuar el actual contexto social y político, que agobia al país desde 2018.
El centro de pensamiento advierte el aislamiento del nuevo mandato de Daniel Ortega puede ocasionar que el gasto público se vea restringido a medida que se dificulten aún más las posibilidades de conseguir préstamos frescos en los organismos financieros internacionales.
Icefi, con sede en Guatemala, presentó su primera evaluación de los resultados fiscales de 2021 y de las expectativas para 2022, en el caso de Nicaragua, con el fin de evaluar la situación que enfrenta el Gobierno de Daniel Ortega al inicio de su nueva y poco legítima gestión gubernamental.
El documento analiza la situación de las finanzas públicas de Nicaragua y comparte las proyecciones para 2022, haciendo hincapié en las principales variables macrofiscales, así como las más recientes evaluaciones sobre transparencia fiscal.
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Icefi inicia su análisis reconociendo que luego de la crisis sociopolítica de 2018, el paso de los huracanes Eta e Iota y los efectos de la pandemia de la covid-19, el crecimiento económico que presentó Nicaragua en 2021 – que alcanzó 7.5 por ciento según el Banco Central (BCN) – no es más que resultado del llamado “efecto rebote”.
“Por lo que a partir de 2022 el ritmo de actividad económica se reducirá hasta alcanzar el valor potencial normal del país, ubicado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en torno al 3 por ciento”, cifra que es convergente con las estimaciones de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas.
Cabe destacar que, en las proyecciones de estos organismos internacionales, Nicaragua es el país en Centroamérica con menor crecimiento esperado para 2022.
Posterior a la crisis, muchas de las consecuencias continúan latentes debido a que el daño causado al Estado de derecho y a las instituciones democráticas no ha sido reparado.
Obstáculos que enfrenta Nicaragua
Para Icefi, el desconocimiento del nuevo mandato presidencial de Daniel Ortega por gran parte de la comunidad internacional, sumado a la represión que ha impuesto hacia sus opositores, así como el cierre sistemático de oenegés, entre otras cosas, presagian un período de mayor aislamiento que obligará al Gobierno a subsistir con sus propios recursos.
El Gobierno de Nicaragua también es reconocido internacionalmente por no tener una participación adecuada para atender la emergencia sanitaria, cuyos datos oficiales en materia de contagiados y fallecidos, contrastan con los reales compartidos por el Observatorio Ciudadano Covid-19.
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“En ese complejo contexto, la política fiscal pareciera encaminar al país a una forzada estabilidad fiscal, que podría devenir en la limitación de sus finanzas públicas, con el fin de que en los próximos años el Estado pueda hacer frente a su gasto con los recursos internos generados y enfrentar otros factores que puedan limitar el crecimiento económico y el bienestar de los y las nicaragüenses”, señalaron.
Asimismo, sostienen que gran parte de la recuperación económica del país deriva de un crecimiento significativo de las remesas. Sin embargo, indican que, en relación a la pobreza en Nicaragua, las investigaciones internacionales apuntan que en 2021 cerca de la mitad de los hogares nicaragüenses reportaron disponer de menores ingresos que previo a la crisis, “lo que indiscutiblemente producirá un efecto sobre la estabilidad social y la gobernabilidad en el mediano plazo”.
Carga tributaria equivalente al 17.2 por ciento del PIB
Con base a información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del BCN, Icefi estima que los recursos totales que dispuso el Gobierno en 2021 alcanzaron los 116,638.2 millones de córdobas, siendo un 120.7 por ciento del presupuesto aprobado para ese año.
Al excluir el financiamiento con recursos ajenos, se calcula que los ingresos del Estado ascendieron a 100,307.7 millones de córdobas, siendo superior en un 20.6 por ciento a lo percibido en 2020.
En cambio, las fuentes financieras internas y externas alcanzaron los 16,330.5 millones de córdobas, “equivalentes al 14 por ciento del total de recursos utilizados por el Estado, 13.3 por ciento por debajo del monto presupuestado y 23.6 por ciento inferior a lo ejecutado en 2020”.
Para Icefi, esos resultados pueden estar relacionados con la elevación de los ingresos públicos, el estancamiento del tamaño del gasto y las dificultades que el país empieza a tener para obtener fuentes de financiamiento exógenas.
Con respecto al tamaño de la economía, se estima que el total de ingresos (incluyendo donaciones), representarán el 20.1 por ciento del PIB en 2021, superior al 16.9 por ciento aprobado en el presupuesto original y al 19.2 por ciento ejecutado en 2020.
De ese total de ingresos, el monto por ingresos corrientes alcanzó el 97 por ciento del total, además, se calcula que los ingresos de capital representaron el 0.08 por ciento, mientras que se espera que las donaciones alcancen el restante 2.9 por ciento.
“Conforme a las previsiones, 2021 sería el primer año de crecimiento de las donaciones luego de 2017, sin embargo, los acontecimientos relacionados con las elecciones y la exclusión de oenegés, fueron un lastre que seguramente perjudicará esta variable también en el futuro”, se lee en el documento.
También indicaron que los ingresos tributarios se mostraron al alza y se estima que el monto de recaudación tributaria alcance los 88,886.3 millones de córdobas al cierre de 2021, equivalentes al 88.6 por ciento del total de ingresos y al 17.8 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Ley 1047, Ley Anual de Presupuesto General de la República 2022, el monto presupuestado para atender las necesidades del Gobierno asciende a 108,667.2 millones de córdobas, de los cuales 93,084.3 millones – incluyendo donaciones – devendrá de ingresos propios del funcionamiento del aparato estatal, mientras que los restantes 15,583 millones provendrán de fuentes de financiamiento exógenas.
De los ingresos esperados, Hacienda estima que 84,902.5 millones de córdobas procederán de los ingresos tributarios, equivalentes al 16 por ciento del PIB.
Por su parte, Icefi considera que la carga tributaria mínima oscilará en torno al 17.2 por ciento del PIB, “debido al reajuste tras el rebote económico y al mantenimiento de capacidades ejecutivas mínimas de administración tributaria”.
Gasto se ubicará cerca del 19.6 por ciento del PIB
En materia de gasto, sostienen que Nicaragua ha profundizado la implementación de un modelo de austeridad que persigue ajustar al Estado al uso de sus propios recursos, lo que ha alcanzado en gran parte, si no se consideran los efectos de la deuda del BCN.
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En el documento proyectan que al cierre de 2021 los egresos del Gobierno cerrarán en 116,638.2 millones de córdobas, (23.4 por ciento del PIB). Del total de las erogaciones, se estima que 18,920.7 millones serán destinados a las amortizaciones de la deuda pública, por lo que los gastos ejecutados alcanzarán los 97,717.5 millones.
El 72.2 por ciento del total ejecutado correspondería a gastos corrientes, y se espera que un 27.8 por ciento se haya destinado a gastos de capital.
Por otro lado, el presupuesto de egresos aprobado para 2022 asciende a 108,667.2 millones de córdobas, de los cuales 16,865.1 millones serían dirigidos a la amortización de la deuda interna y externa, por lo que el nivel de gastos planificados alcanza los 91,802.27 millones.
Si se concretara la planificación contenida en el presupuesto, el 78.8 por ciento del total de gastos de destinará a gastos corrientes, mientras que los gastos de capital representarían el 21.2 por ciento.
“El presupuesto para 2022, no presenta una estimación confiable de los gastos esperados, por lo que únicamente plantea un monto por 17.3 por ciento del PIB, muy por debajo incluso de lo observado en el período pre-pandemia”.
Por su parte, Icefi estima que, dada la estructura y funcionamiento del aparato público de Nicaragua, el gasto se ubicará entre el 19.3 y el 19.6 por ciento del PIB en 2022.
Posible resultado fiscal superavitario en 2021 y 2022
Con base a las cifras proyectadas en 2021, si se toman en cuenta los ingresos totales (100,307.7 millones de córdobas), frente a los gastos (97,717.5 millones), se estima que el resultado fiscal será superavitario en 2,590.2 millones de córdobas, “aunque cabe destacar que, si no se incluyen las donaciones, Nicaragua presentaría un déficit fiscal equivalente al 0.1 por ciento del PIB”, agrega el Instituto.
“Para 2022, las proyecciones públicas, aún cuando se cuestiona su exactitud, se enfocan en mantener un clima de austeridad fiscal y promoción de la sostenibilidad de la deuda. Se prevé nuevamente un superávit presupuestal (si se toman en cuenta las donaciones), de 1,282.1 millones de córdobas”, señalan.
“Deuda pública es sostenible, si se excluye el BCN”
Según las estimaciones, al cierre de 2021 la deuda del Gobierno podría totalizar 237,098.9 millones de córdobas, equivalente al 47.5 por ciento del PIB, mientras que al incorporar la que corresponde al resto del sector público no financiero, la misma se ubicaría en torno al 47.8 por ciento y la del sector público total (incluyendo la deuda del BCN), alcanzaría cerca del 62 por ciento del PIB.
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Icefi comparte que la continua búsqueda de la sostenibilidad de la deuda ha permitido una reducción del déficit e incluso resultados presupuestarios superavitarios, como se plantea para 2022, “lo que sustenta teóricamente la disminución del saldo de la deuda respecto del PIB, desde un estimado del 48.5 por ciento del PIB para 2020 al 45.1 por ciento para 2022”.
“Bajo este entorno, se entendería que la deuda pública es sostenible en el corto plazo, sin embargo, al incluir las obligaciones del Banco Central, se observa un incremento de las obligaciones del Estado desde un 62 por ciento al cierre de 2021 a un estimado del 65 por ciento en 2022, por lo que la sostenibilidad del Sector Público Consolidado, para el mediano plazo no se garantiza con los resultados planteados”, reza el comunicado.
Nicaragua, con problemas de corrupción y falta de transparencia
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por Transparencia Internacional el 25 de enero pasado y que recoge resultados de 2021, indica que Nicaragua obtuvo una calificación de 20 puntos, ubicándola en la posición 164 de los 180 países que se encontraban en el ranking.
La puntuación obtenida es la menor de Centroamérica y se encuentra entre las tres más bajas de los países latinoamericanos, siendo similar a la de Haití (puesto 20) y un poco superior a la de Venezuela (14).
“Dicha calificación permite que Transparencia Internacional califique a Nicaragua como la tercera dictadura de la región, a razón de un proceso electoral ilegítimo, violaciones a los derechos humanos y absoluta concentración de poder”.
Además, la última versión del Índice de Presupuesto Abierto, publicada en 2019 por el Internacional Budget Partnership, indica que Nicaragua es el país de la región centroamericana que posee mayor rezago en materia de transparencia, con solo 41 puntos en la escala de 0 a 100, lo que indica que ofrece información limitada durante las etapas del ciclo presupuestario.
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“La percepción de falta de transparencia empeoró a partir del inicio de la crisis sociopolítica de 2018, situación que provocó que desde 2019 Estados Unidos, en su informe anual de transparencia fiscal, señale que Nicaragua forma parte del listado de países que no satisfacen los requisitos mínimos en materia de transparencia fiscal”, añadieron.
Recomendaciones
Para finalizar, Icefi instó a las autoridades del Ministerio de Hacienda al abandono de las prácticas de subestimación presupuestaria y al fortalecimiento de la rendición de cuentas.
Asimismo, indicaron que es urgente la presentación de una política fiscal y una tributaria que permitan identificar no solo las acciones que serán implementadas, sino también los propósitos, los indicadores de eficacia, eficiencia y los resultados esperados, con el propósito de evaluar apropiadamente la gestión pública.
“Es urgente para Nicaragua alcanzar una estabilidad política real de corto plazo, priorizar la transparencia y solucionar las tensiones políticas con la oposición. Esto como herramienta indispensable para el envío de mensajes positivos a los inversionistas y facilitar la potenciación de la productividad en el corto plazo”, subrayaron.
