Han transcurrido cinco días desde el fallecimiento del general en retiro del Ejército y preso político, Hugo Torres Jiménez, de 73 años, quien permaneció por al menos 244 días bajo el resguardo de las autoridades policiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el nuevo Chipote hasta el día de su deceso.
Alrededor de la muerte de Torres existen muchas interrogantes, pues las causas de su muerte no han sido esclarecidas.
Según la información oficial, Torres murió la madrugada del sábado 12 de febrero. El Ministerio Público se limitó a decir que la causa de la muerte fue enfermedad.
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Este hecho, para la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, no puede anunciarse como una información cualquiera, sin soportar cada una de las afirmaciones que indica el comunicado de la Fiscalía.
«Era un preso político que estaba precisamente bajo el resguardo y la jurisdicción de las autoridades gubernamentales. La Fiscalía no puede de ninguna manera pensar que está dando una información creíble con esa terminología y afirmaciones que son afirmaciones capciosas, afirmaciones de carácter general que a todas luces se ve que están ocultando los hechos que sucedieron», dijo a LA PRENSA la directora del Cenidh.
«Están ocultando o negando la información de las circunstancias que supuestamente llevaron a la muerte de Hugo Torres, porque todas y cada una de esas circunstancias que afirma el comunicado tienen que probarse de conformidad con lo establecido en las normas, tanto nacionales que rigen estas situaciones como de las normas internacionales en materia de derechos humanos», insistió Núñez.
Las anomalías de su detención
El exguerrillero y general en retiro fue capturado el pasado 13 de junio y era uno de los más de 40 presos políticos apresados en la redada realizada entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre de 2021.
Al respecto, el Cenid sostuvo que Torres fue capturado de manera ilegal, arbitraria, sin ninguna orden judicial, con lujo de violencia. Agregó incluso que, antes de ser capturado su casa fue acosada por patrullas de la Policía e incluso con drones.
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Luego de su detención fue trasladado a las celdas del nuevo Chipote, al igual que a todos los opositores detenidos en ese período.
«Se encontraban en un situación de incomunicación con sus familiares, nadie sabía en qué condiciones se encontraban, junto con los demás reos políticos estaba sometido a tratos crueles, inhumanos, y degradantes e incluso en tortura. Con imposibilidad de recibir la alimentación de parte de sus familiares, sometido a la dieta que les impone el sistema de Auxilio Judicial. El mismo tratamiento que ya conocemos para todos los demás», señaló Núñez.
Autoridades nunca informaron sobre la salud de Torres
En su comunicado la Fiscalía manifestó que «desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido adecuadamente» y que falleció a causa de los «padecimientos que tenía».
El Ministerio Público además aseguró que durante el tiempo que Torres permaneció en el hospital «siempre estuvo acompañado de sus familiares».
«En ningún momento se supo, ni hay indicios anteriores de parte de familiares y conocidos de que Hugo Torres fuera una persona que estaba enferma, más bien, se hablaba que era una persona que no lo doblegaba la cárcel, que se mantenía haciendo ejercicio constantemente y sus amigos hablan de como él era un fanático a la comida sana», comentó Núñez.
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Sin embargo, «según los familiares de otros reos, de pronto Torres empezó a ponerse mal. A inflamársele las piernas, al extremo de que no podía moverse por sí solo», agregó.
«¿Cuánto tiempo pasó en esas condiciones, sin que Auxilio Judicial lo trasladara o le trajera a un médico especializado?», se pregunta Núñez.
«Aparentemente llegaba a verlo el médico de ahí (de la DAJ). Cuánto tiempo estuvo en esas condiciones hasta que un día de tantos se desmayó y entonces lo sacaron. Nunca informó Auxilio Judicial que este reo que estaba bajo su resguardo y competencia en el Chipote fue trasladado a un hospital», denunció la defensora de derechos humanos.
Autoridades actuaron en secreto, ¿por qué?
Los rumores de la supuesta hospitalización de Torres y su grave estado de salud circularon entre finales de diciembre de 2021 y en los primeros días de este 2022. «Cuando eso sucedió, el Cenidh junto con otras organizaciones públicamente exigimos que se dijera dónde estaba Hugo Torres y las circunstancias. Jamás hubo una respuesta», agrega.
Añade que «ahí está lo anómalo, por qué se lo llevan escondido, qué ocultaban. Y además se lo llevan violando las leyes, cometiendo abuso de autoridad, de un reo que está bajo la jurisdicción de la Policía no puede trasladarlo a otro lugar porque se le ocurre».
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Núñez explica que «tiene que haber un trámite y como está persona está bajo la orden del juez, lo que debía haber correspondido es que el Chipote le dijera al juez, ‘vea esta persona está enferma’ y el juez inmediatamente ordena un examen por el médico forense y trasladarlo oficialmente haciéndolo constar en expediente que pasaba bajo custodia al hospital donde dicen que murió».
«Nada de eso se hizo. Todo fue en absolutamente secreto. Entonces, cómo vamos a creer todas esas afirmaciones que tiene el comunicado, por ejemplo decir que murió de enfermedad, sin decir qué enfermedad».
«La responsabilidad recae en el Estado»
«No es la Policía la que tiene que decir (de qué murió Torres), tiene que haber un dictamen médico legal que diga de qué enfermedad murió, y ahí hasta los médicos del hospital (que lo atendieron) están siendo omisos en sus responsabilidades, pero es que no hay tampoco ningún juez que les ordene un diagnóstico para saber de qué lo estaban tratando, por qué se murió», lamentó Núñez.
La directora del Cenidh también señala que la Fiscalía «no puede decir tampoco que fue atendido de manera adecuada, no puede decir la Policía, al menos que haya un informe médico que diga cuál fue el tratamiento que recibió».
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Sobre la compañía de sus hijos y familiares en el hospital, Núñez aclaró que «el hecho de que sus hijos estuvieran ahí, no quiere decir de ninguna manera que estuviera recibiendo el tratamiento adecuado. La ilegalidad persiste porque no los exime de responsabilidades».
Todas esas circunstancias, a criterio de Núñez. hacen que «legalmente la responsabilidad de la muerte (de Hugo Torres) por el ocultamiento de la realidad de lo que le pasó, recaiga en el Estado».
«¿La tumba del guerrillero dónde está?»
Después de oficializarse la muerte de Torres, sus hijos informaron a través de un comunicado que «por voluntad expresa de su padre» no celebrarían honras fúnebres ni ceremonias públicas.
«Si bien sus hijos afirman que su padre no quería honras fúnebres, eso no exime de las responsabilidades y de los protocolos que se debe de regir el tratamiento de un cadáver de una persona que muere en un hospital», dijo Núñez.
A la vez continúa preguntándose, ¿dónde está su cadáver, quién hizo el diagnóstico? «Aquí no puede de ninguna manera las personas morirse y desaparecerse. La tumba del guerrillero dónde está (en alusión a una canción testimonial de los días previos a la insurrección contra la dictadura somocista)», insiste.
Cenidh exige una investigación
Para la defensora de derechos humanos esta situación no puede quedar en el olvido. «Con todo el respeto al dolor de la familia, pero con toda responsabilidad como organismo de derechos humanos tenemos que buscar cómo conocer la verdad», expresó.
«Nosotros exigimos una investigación que tiene que ser rápida porque las evidencias se borran. Por ejemplo, para saber exactamente de qué murió Hugo Torres, necesariamente aparte de todo el historial médico que puedan (las autoridades) tener, tiene que haber una autopsia», indicó.
Ya que «solo a través de la autopsia se puede determinar la causa de su muerte. ¿Se la hicieron?, ¿por qué ocultar todas esta tramitaciones que son parte de la verdad que debemos de conocer?», demandó.
«Este caso pasará a la historia como uno de los más crueles y no debe quedar en la impunidad», exigió.
Sobre el silencio del Ejército
A la directora del Cenidh también se le hace inaceptable y a su juicio se «vuelve sospechoso», el silencio que ha mantenido el Ejército de Nicaragua sobre la muerte del general de brigada en retiro Hugo Torres.
«Cómo es posible que uno de sus más connotados miembros, un general retirado de las calidades profesionales como era Hugo Torres no haya merecido ni siquiera un pésame a la familia. Con ese silencio del Ejército, yo lo que percibo es que ellos están conscientes de que lo que lo llevó a la muerte no fueron causas de enfermedad como lo que dice la Fiscalía», recalca Núñez.
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En cuanto a la hospitalización de Torres, la defensora de derechos humanos también señaló que «el general en retiro por consiguiente debía de gozar de todas las prestaciones y prerrogativas que se dan en uno de los mejores hospitales del país, como es el Hospital Militar. Por qué no lo llevaron ahí, por qué no es ahí donde certifican su muerte», señaló.
«Son una serie de preguntas que te hacen pensar que definitivamente aquí hay un ocultamiento de la verdad y el ocultamiento de la verdad conduce a la impunidad, pero no elimina de ninguna manera la responsabilidad que empieza desde la pareja gobernante hasta los últimos que se involucraron en estos hechos. El gremio médico», agregó.
Núñez indicó que llevarán el caso de la muerte de Torres directamente ante el Consejo de Derechos Humanos, a través de la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales.
La Asamblea Nacional, con el voto a favor de la mayoritaria bancada del Frente Sandinista, suspendió la personería jurídica del Cenidh en diciembre de 2018.
