El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos(OEA), embajador Everson Hull, aprobó este miércoles 16 de febrero la solicitud de celebrar una reunión extraordinaria el viernes 18 de febrero para abordar la situación de Nicaragua.
La sesión extraordinaria que se llevará a cabo en forma virtual este viernes a las 2:30 de la tarde (hora de Washington DC, 1:30 p.m. hora de Nicaragua), fue solicitada ayer por la Misión Permanente de Canadá ante el organismo en nombre de las delegaciones de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos.
«El Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos Embajador Everson Hull, Representante Permanente de St. Kitts y Nevis, saluda atentamente a todas las delegaciones y se complace en convocarles a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en formato virtual, para las 2:30 p.m. del viernes, 18 de febrero de 2022, a solicitud de las Misiones Permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos, para considerar la situación en Nicaragua», indica el comunicado del presidente del Consejo Permanente.
Nicaragua vive desde el 18 de abril de 2018 una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 350 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A consecuencia, el régimen de Daniel Ortega mantiene a 170 personas encarceladas, 46 de estas detenidas entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre de 2021, identificadas como presos políticos, según el organismo independiente Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Cabe mencionar que desde que inició la crisis en el país, la OEA ha abordado al menos 10 veces la situación de Nicaragua, que se ha agravado por la decisión de Ortega y Murillo de perpetuarse en el poder por cinco años más, a través de unas elecciones declaradas como «ilegítimas» por este organismo, la Unión Europea (UE), EE. UU. y gran parte de la comunidad internacional.
Situación de presos políticos
El general en retiro y preso político, Hugo Torres Jiménez, de 73 años de edad, falleció la madrugada del sábado 12 de febrero. Desde hace varias semanas había sido trasladado en estado grave de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) al hospital de la Policía orteguista.
Torres fue capturado el pasado 13 de junio y era uno de los 37 presos políticos detenidos en la redada realizada entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre de 2021.
Torres se ganó un lugar en la historia de Nicaragua por su participación en la toma de la casa de Chema Castillo y del Palacio Nacional. Él fue el único guerrillero que participó en los dos operativos más memorables que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) realizó para rescatar presos políticos durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, entre ellos el dictador Daniel Ortega.
OEA condenó muerte de Hugo Torres
A través de un comunicado, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el sábado el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres Jiménez, y calificó de «abominable» el hecho de que en Nicaragua se mantenga en las cárceles a reos de conciencia con enfermedades terminales.
«La Secretaría General de la OEA condena el fallecimiento del preso político general Hugo Torres, detenido por el régimen de Nicaragua, y condena categóricamente la persecución y detención arbitraria por razones políticas en el país», señala el comunicado del organismo.
Familiares lanzan un SOS
Tras la muerte de Torres, un grupo de familiares de opositores encarcelados lanzaron este lunes un SOS, ya que consideran que sus parientes “están en riesgo de muerte”.
«Debido a la falta de atención médica oportuna y pertinente creemos que la vida y la integridad física y emocional de nuestros familiares presos en las distintas dependencias del Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección de Auxilio Judicial el nuevo Chipote, están en gravísimo peligro”, señalaron los familiares de presos políticos.
Asimismo, hicieron un llamado a la Iglesia católica, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos y a la comunidad internacional con «una inmensa angustia y preocupación» por lo que ocurre en el país.
