Para el director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, con el malogrado proceso electoral de 2021 en Nicaragua a Estados Unidos le ha quedado claro que “la suerte está echada” y que debe de iniciar una “tercera etapa” de presión al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el cual se aferra al poder en busca de consolidar una cleptocracia y garantizar la impunidad de los crímenes perpetuados en el 2018.
Orozco, junto con Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Damaris Rostrán, directora de Liderazgo Comunitario, activista e integrante de Mesa de Trabajo NY/NJ, fueron los panelistas del foro “La ilegitimidad del nuevo gobierno de Ortega y sus consecuencias para el régimen y la región”, organizado por Hagamos Democracia y el Mecanismo de Coordinación de Nicaragüenses Exiliados y Diáspora en CR.
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¿Desde cuándo considera Estados Unidos al régimen ilegítimo?
El propio 7 de noviembre del año pasado, el Gobierno de Joe Biden calificó el proceso electoral de Nicaragua de ser una “pantomima” electoral. El proceso fue manchado desde meses atrás por la detención de siete precandidatos opositores, la cancelación de tres partidos políticos opositores y se caracterizó por la baja asistencia de votantes.
Sin embargo, según Orozco, Estados Unidos comienza a considerar al régimen orteguista “relativamente ilegítimo” desde el 2016, cuando ese país observa que en Nicaragua se produjo un fraude electoral. “Inmediatamente, Estados Unidos responde con las sanciones a través de la Ley Magnitsky contra el presidente del Consejo Supremo Electoral, el señor (Roberto) Rivas. Ya desde ese momento, Estados Unidos comienza a definir sus términos de referencia en relación con Nicaragua y la democracia”, comentó Orozco.
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El especialista explicó que, en los últimos años, hasta llegar a 2021, para Estados Unidos, Nicaragua ya ha fallado en los cuatro indicadores que ese país norteamericano evalúa en relación con su política exterior vinculada al tema de la democracia: en Nicaragua se ha cometido fraude electoral, violación de los derechos humanos y coartación de derechos civiles y políticos, y el régimen se dirige a consolidar la llamada cleptocracia.
“Llegamos al 2021, cuando Estados Unidos prácticamente define que la hoja de ruta del régimen sandinista ya viene definida desde el 2016, que consiste en mantenerse en el poder hasta prácticamente después del proceso electoral de 2021. Para el régimen sandinista, el proceso electoral de 2021 es una mera formalidad”, analizó Orozco.
Un nuevo comienzo
De acuerdo con Orozco, el país norteamericano tiene diferentes instrumentos de presión para que un país se reencause hacia la democracia.
En ese sentido explicó que el país norteamericano ha utilizado el instrumento de la denuncia y la condena entre 2016 y 2018, señalando en diferentes foros cómo Nicaragua, con el gobierno de Ortega, estaba cometiendo violaciones constitucionales que iban en contra del bienestar de los nicaragüenses.
Agregó que la aplicación de sanciones se comienza a dar como segundo instrumento. De acuerdo con Orozco, hasta 2021, Estados Unidos aplicó unas 46 sanciones a funcionarios del régimen y a familiares de la pareja dictatorial, vinculados a las violaciones de derechos humanos o crímenes financieros, y también puso en práctica sanciones institucionales, como las de la Policía, Bancorp y recientemente a Eniminas.
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Además de eso, ese país ha trabajado, no solo desde el ejecutivo, sino también desde el legislativo, en dos instrumentos legales que son: la Ley Nica Act y la Ley Renacer.
Orozco señaló que la Ley Renacer “es uno de los instrumentos más comprensivos que definen básicamente la política exterior de Estados Unidos, del período electoral nicaragüense de 2021 hacia adelante. Esa ley tiene por lo menos siete componentes que tienen que ver con la “amplificación y aceleración de sanciones, la política de comercio exterior, en particular la revisión del DR Cafta, el escrutinio del financiamiento por parte de organismos multilaterales, la presión conjunta con otros actores internacionales, entre otros, explicó.
La nueva etapa
Estados Unidos declaró el proceso electoral de Nicaragua de 2021 como ilegítimo, por no cumplir con los estándares que garantizan que unas elecciones sean libres, justas y transparentes, pero “también es un proceso en el que ellos miran que en gran manera la suerte ya está echada”, opinó el analista.
Ahora bien, el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo se dirige a convertirse en una cleptocracia, sino que además tiene ciertas consecuencias para Estados Unidos, según Orozco, quien mencionó que en primer lugar está precisamente el efecto que tiene el deterioro de la democracia en la región.
En ese sentido dijo que Estados Unidos ha decidido luchar contra ese problema y prueba de ello es que ha implementado una estrategia regional de atacar las causas de la migración centroamericana, que incluye la lucha en contra de la corrupción, de las violaciones de derechos humanos y proveer oportunidades económicas a los países.
Por otro lado, Orozco cree que el deterioro de la democracia en Nicaragua tiene una consecuencia geopolítica fundamental y “es la forma en que Nicaragua se está alineando con todos los parias del mundo, como estados terroristas como Irán; estados violadores de derechos humanos como Venezuela y Cuba; con alianzas espurias como la que tiene con China”. En relación, con el gigante asiático, señaló que “es poco probable que la relación entre Nicaragua y China llegue a tener un efecto de amenaza a la política exterior de Estados Unidos, sin embargo, está tocando un tema geopolítico”.
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Y una tercera consecuencia es el incremento de la migración nicaragüense. “La consecuencia es que más gente va a seguir saliendo”. El especialista contó que, hasta octubre de 2021, según una encuesta de Cid Gallup, el 50% o más de los nicaragüenses tenían la intención de migrar.
“Entonces, para Estados Unidos, el 10 de enero de 2022 marca una tercera etapa de la política hacia Nicaragua. En este momento nos encontramos básicamente en que Estados Unidos está entrando en una etapa de coacción en su política exterior, que se va a definir en una presión con mayor intensidad, mayor amplitud, cuyo propósito ya no es resaltar la ilegitimidad, sino revertir el proceso político que existe en Nicaragua, toda vez que existen prisioneros en el país, que se encuentran acusados y encarcelados injustamente”, concluyó el director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.
Grave crisis de derechos humanos
Para Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización que trabaja en investigaciones y la defensa de los derechos humanos, Nicaragua sigue siendo un tema urgente, sobre todo en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos.
La represión gubernamental, ejercida por fuerzas policiales y paramilitares con violencia, en 2018, dejó como resultado la muerte de al menos 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A la fecha cientos de miles de nicaragüenses han tenido que salir del país por la crisis sociopolítica y económica, y el régimen mantiene encarcelados a al menos 170 opositores.
Jiménez hizo un recorrido retrospectivo de la crisis de derechos humanos en Nicaragua hasta llegar a la situación en que se encuentra actualmente, en la que el régimen se ha perpetuado en el poder en busca de impunidad.
La crisis de derechos humanos es la más palpable
“Toda crisis política tiene diversas expresiones, y una de las expresiones más palpables, y que internacionalmente más resuena y ha sido más visibilizada, por suerte, es justamente la crisis de derechos humanos, muy profunda, que acompaña, o que es también producto de la crisis política generalizada que vive el país”, explicó la especialista.
Según Jiménez, la magnitud de las violaciones que ocurrieron en el 2018, a raíz de la “represión brutal que sufrieron los nicaragüenses por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestarse libremente”, hizo que Nicaragua ganara la atención internacional. En ese punto señaló, además, que las violaciones de derechos humanos no eran nuevas.
“Lo que pasó –que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con informe muy riguroso, concluyó que hubo razones para considerar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en la política de represión del Gobierno nicaragüense–, marcó un antes y un después en los últimos años en Nicaragua”, manifestó la presidenta de WOLA.
Para Jiménez, en el 2021 el régimen orteguista se metió en lleno a garantiza la continuidad en el poder porque es la única manera de adquirir impunidad.
“Lo que viene después en materia de derechos humanos es el ejercicio no solo de mayor control social, por distintos medios, como encarcelamientos, persecución, hostigamiento, cierre de medios de comunicación y cierre de muerte civil de organizaciones de la sociedad civil, sino la necesidad de una búsqueda mayor de control, que al final del día tiene una meta muy clara, que es perpetuar su impunidad. Y así llegamos al 2021. Los hechos de mayo a octubre de 2021, si uno los ve nuevamente desde una perspectiva de derechos humanos, ve a un gobierno tremendamente desesperado por garantizar su continuidad en el poder”, aseveró la especialista internacional en defensa de derechos humanos.
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Afirmó que los hechos “que constituyen grandes crímenes de lesa humanidad”, cometidos por el régimen Ortega Murillo, en un ambiente democrático, donde existe el Estado de derecho, tendrían que ser castigados y sancionados. Además, recordó que estos no prescriben.
“Es la búsqueda de la consolidación del poder la que garantiza esa impunidad. Claramente, tanto el presidente Ortega, como la vicepresidenta, pero además todo el aparato represor del Estado busca garantizarse la continuidad, ya básicamente a través de la eliminación de cualquier posibilidad de participación política real. La concentración de esas violaciones de derechos humanos, en violación de los derechos políticos, no solo a través del ejercicio del voto, sino del ejercicio de la participación política, que es lo que vemos con la detención de siete candidatos presidenciales en un período de seis meses, es justamente evitar que haya una alternancia en el poder, que a su vez podría llevar a que los crímenes cometidos pudieran ser debidamente investigados y sancionados”, aseveró.
Aislado
La especialista en derechos humanos destacó la situación de aislamiento en que se encuentra Ortega en la actualidad. La región reacciona así “a un gobierno que es conocido y reconocido como violador y perpetuador de derechos humanos”, manifestó.
“Uno puede decir, hay un aislamiento generalizado. La toma de posesión reciente se caracterizó por la presencia de muy pocos líderes políticos, a nivel presidencial, (y los que asistieron) comparten con Daniel Ortega el también estar siendo señalados por la comunidad internacional y por mecanismos de justicia internacional como perpetuadores de crímenes de lesa humanidad”, indicó.
Ese aislamiento, de acuerdo con Jiménez, da cuenta de que Ortega se ha convertido más en una carga para los otros países de la región, porque es algo así como “el presidente cuya foto hay que evitar”.