El informe Colapso Electoral 2021, presentado este jueves 13 de enero en el foro denominado “La ilegitimidad del nuevo gobierno de Ortega y sus consecuencias para el régimen y la región”, registra los hechos políticos que se vivieron en Nicaragua a la par del cuestionado proceso de las votaciones generales.
El exdiputado y opositor en el exilio, Eliseo Núñez Morales, que estuvo a cargo de la exposición del informe, explicó que este documento tiene el objetivo de ser un “libro blanco” que desmonte cualquier apariencia de legitimidad que le quiera dar el régimen de Daniel Ortega a su permanencia en el gobierno. El documento es un esfuerzo de varias organizaciones opositoras, pero el foro fue promovido por el organismo civil Hagamos Democracia.
Ortega selló su cuarto período de gobierno este pasado 10 de enero, tras una elecciones sin competencia, con escasa participación ciudadana y con el rechazó internacional.
Núñez destacó que el régimen orteguista “ha querido vender que la democracia se acomoda”, para justificar su falta de cumplimiento de un proceso justo, libre y transparente.
“Democracia tiene un solo concepto y es el concepto donde el ciudadano puede expresarse a través de un mecanismo establecido, que es el mecanismo del voto y además pueden fiscalizar posteriormente lo que está haciendo su gobierno y también incluye los conceptos de división de poderes, de Estado de derecho, de que sea auditable el gobierno”, expresó el expositor del informe.
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Pero Núñez aseguró que Ortega diseñó un proceso electoral a su medida, que quiere vender como el modelo de elecciones de Nicaragua.
“Ortega, lejos de practicar un fraude común como el que vimos en el 2008 y luego en el 2011, que eran fraudes en el cambiaba votos y resultados, pasó a un nivel de generar todo un régimen fraudulento no solamente a la manera que cuenta votos, sino en todo el proceso”, manifestó Núñez.
“Verdades alternativas” de Ortega
El opositor dijo que Ortega divulga su propia realidad de “verdades alternativas”, para justificar su permanencia en el poder, asegurando que hubo “alta participación electoral de la ciudadanía”, que “hay pluralidad política”, “que la oposición está débil y que por eso ellos gana siempre”, “que tienen un enorme apoyo popular”, “y que ellos están implantando un nuevo modelo de democracia: democracia popular versus la democracia liberal o representativa”.
Pero en cambio, los hechos que presenta el informe desmontan todo el discursos oficialista. Núñez dijo que los hechos reales son comprobables en Nicaragua, como la baja participación ciudadana; la cancelación de personalidades jurídicas a los partidos políticos opositores; la inhibición y encarcelamiento de quienes tenían aspiraciones presidenciales y también de dirigentes políticos. Hay más de 160 presos políticos por oponer o manifestarse contra el régimen orteguista.
Alta discrecionalidad de los magistrados electorales
El expositor profundizó sobre la “inutilización del poder electoral”, a través del Consejo Supremo Electoral (CSE), que es precisamente el órgano encargado de dirigir y organizar las votaciones. En Nicaragua, desde que Ortega regresó al poder en 2007, el CSE es controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega.
Pero además Núñez señaló que la Ley Electoral (Ley 331), reformada en mayo de 2021, también le da a los magistrados “un altísimo nivel de discrecionalidad”.
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“(En esa reforma) No se removió un artículo que dice que todo lo que no está contenido en esta ley, podrá ser tomada la decisión por los magistrados, entonces, los magistrados tienen un margen enorme, porque nuestra ley electoral es una ley que básicamente solo contiene el qué hacer, tiene pocos lugares donde se dice cómo hacerlo. Entonces, el tema de cómo hacerlo es una discrecionalidad absoluta de los magistrados del Consejo Supremo Electora”, explicó Núñez.
El informe registra que el proceso de votación 2021 se dio en el siguiente contexto:
Un ambiente de coacción del voto, por las amenazas de despido de los trabajadores del Estado, de retiro de los beneficios sociales; amenazas de la policía, amenazas a estudiantes de universidades públicas.
Núñez relató que tienen “una gran cantidad” de casos de enfermos crónicos, a quienes los funcionarios los amenazaron diciéndoles que “si no iban con el dedo manchado no recibirían el medicamento en las instancia de salud pública”.
Exilio forzoso de los opositores debido al clima represivo contra todo tipo de crítica y oposición.
Ofrecimiento de dádivas por el voto.
El acoso y hostigamiento a los opositores, tanto de los policías como de paramilitares y simpatizantes del FSLN.
Instrumentalización del poder judicial, lo que es evidente con la judicialización de los opositores sin cumplir el debido proceso durante sus detenciones y encarcelamiento.
Un padrón contaminado y difícilmente auditable.
Falta de supervisión de los procesos logísticos de la votación, como la impresión de la boleta electoral y el empaque de todo el material que usa en la votación.
Toda la estructura electoral repartida entre el partido de gobierno FSLN y la segunda fuerza política que le corresponde al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que es un aliado político del régimen. Núñez además señaló que el PLC es una organización débil y sin credibilidad, que ha cedido sus espacios en el CSE a los sandinistas, lo que deja al poder electoral totalmente en las manos del sandinismo.
Carencias en el uso de las nuevas tecnologías para agilizar el proceso de transferencia de datos y resultados de las votaciones, lo que es evidente en el retraso para presentar los resultados electorales.
Arrastre de fraudes electorales desde 2008.
La aprobación de leyes represivas, para limitar la libertad de expresión, en el caso de la Ley del Ciberdelito; para inhibir la participación de los opositores en las elecciones, en el caso de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz; para limitar la cooperación extranjera a las organizaciones no gubernamentales (ONG), en el caso de la Ley de Agentes Extranjeros. También reformas penales para violentar los derechos de los presos políticos.
No hubo garantías de la participación ciudadana en las votaciones.
El informe también registra la imposición de la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2010, pasando por encima de la prohibición constitucional, a través de una sentencia de la Sala Constitucional del poder judicial, irregularmente constituida.
Núñez finalizó su exposición diciendo que lo único que cumplió Ortega en en el pasado proceso electoral, fue que hizo las votaciones en la fecha correspondiente, de manera periódica, como lo establece la ley. Por lo demás, “todo estaba dado para que Ortega ganará”.
Otros participantes
En la presentación del informe también participaron la socióloga e investigadora Elvira Cuadra; el periodista Fabián Medina y el también exdiputado, economista y opositor en el exilio, Enrique Sáenz.
La socióloga Elvira Cuadra habló de la violencia electoral, destacando que el régimen orteguista “ha construido premeditadamente la violencia política en Nicaragua”, para controlar todo el proceso electoral a su favor. Además, dijo que la violencia política en Nicaragua ya forma parte de una “política violencia sistemática” de desde el 2018.
El periodista Fabián Medina señaló la criminización del periodismo, que lo obliga a hacer un trabajo clandestino o en el exilio.
El economista Enrique Sáenz valoró que el hecho de que gran parte de la comunidad internacional reconozca ahora que Ortega es ilegítimo, significa un éxito para la oposición nicaragüense.