Walter Gómez y Marcos Fletes cumplen 230 días detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocido como el nuevo Chipote. Fueron detenidos el 28 de mayo del año pasado, convirtiéndose en los primeros presos políticos de esta nueva etapa de represión que consistió en capturar a liderazgo opositores y precandidatos presidenciales, periodistas, diplomáticos, empresarios, entre otros.
Ambos fueron detenidos por estar bajo investigación y posteriormente acusados por lavado de dinero, bienes y activos y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica.
La reforma al código procesal penal, que establece que el periodo de investigación se puede extender hasta 90 días es inconstitucional, señala el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión miembro del Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas. “La constitución establece que es 48 horas, ni siquiera se ha seguido esa reforma procesal pena porque se contradice con lo que establece (la constitución)”, comenta el abogado.
De igual manera, agrega que las autoridades correspondientes no aplican de manera adecuada la reforma ya que explica que las audiencias de garantías que corresponden realizarle a las personas privadas de libertad que están bajo investigación por alguna de estas leyes denominadas como “represivas”. “Las audiencias de garantía un completo fiasco, no se llevan a cabo en los tribunales, se realizan en secreto, y peor aún en el Chipote, en las unidades judiciales que eso la Constitución y el régimen procesal penal no lo autoriza”.
Lea además: EE. UU. advierte «deportaciones inmediatas» a migrantes que entren de forma irregular
Carrión menciona, que esto genera una “cadena de abusos”, porque se viola el derecho al debido proceso, al ser oído, a la legitima defensa y asistencia legal, que como explica el defensor de derecho humanos, nada esto pasa porque las personas privadas de libertad por motivos políticos se encuentran incomunicadas, con visitas familiares irregularidades, bajo secuestro y aislamiento arbitrario.
“En todos los meses que han estado detenidos, en debida forma jurídica y constitucionalmente, siete meses después es más que suficiente para que hayan cumplido un proceso, que es un legal y debido proceso, pero ellos están sometidos a todo tipo de atropellos”, aseveró el abogado.
Además, que las autoridades han autorizado inconstitucionalmente los 90 días de investigación, los presos políticos están siendo sometidos a procesos “complejos”, porque a como menciona Carrión las autoridades “se inventan el delito, los hechos y las leyes”.
“Que les pasen una cobija”
“Hoy estamos lanzando este grito como un gesto mínimo de humanidad, que a nuestros familiares se les permita estas frazadas. Recordemos que ellos han perdido mucho peso, ellos físicamente tienen menor capacidad de resistir estos fríos. Sabemos que hay presos políticos que ya se han resfriado debido a estos cambios de temperatura y eso es algo que queremos evitar”, aseveró Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, al medio de comunicación La Mesa Redonda.
Los familiares de las personas privadas de libertad iniciaron una campaña llamada “Que les pasen una cobija”, que tiene como fin exigir a las autoridades de la DAJ y al régimen Ortega-Murillo que les permitan el acceso a una mata o frazada para poder cubrirse del frío.
Familiares de los presos políticos en repetidas ocasiones que las autoridades correspondientes les niegan el acceso de ropas, abrigos o frazadas para que los privados de libertad puedan cubrirse. “Exigimos que permitan entregarles ropa de cama y cobijas. No contar con sábanas y abrigo para enfrentar las bajas temperaturas de las noche se considera tortura y viola las Reglas Mandela”, afirmaron los familiares a través de las redes sociales.
Lea también: Estas son las condiciones en las que se encuentran los presos políticos
