Los años 2018 y 2019 tienen en su haber una marca fatal: se han producido las represiones más brutales que ha vivido Nicaragua en tiempos de paz, concluye la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Este martes 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos en coincidencia con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Para Núñez, la efeméride es una oportunidad para retomar el compromiso, fortalecer la denuncia, y hacer recuento de lo que ha acontecido en el país. Nicaragua llega a otro año de esta importante fecha con un saldo “absolutamente negativo y un deterioro gravísimo”, expresó.
Uno de los puntos que destacó Núñez es la connotación “gravísima” que tiene el país a nivel de la justicia internacional en materia de derechos humanos. Es un gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y esa mancha tan terrible, esa categoría tan degradante se la transmite al Estado, explicó.
En el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se recomendó que se investigara a Daniel Ortega y la cúpula de la Policía. “Se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, sostuvo el GIEI.
Otro informe que desenmascaró el discurso del régimen orteguista de supuesta protección a los derechos humanos fue el de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), que expuso que han persistido los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas.
El saldo mortal de la represión orteguista contra el pueblo dejó 328 personas asesinadas, miles de heridos, provocó una oleada de refugiados, más de 500 presos políticos, y ha dejado un clima de intimidación y persecución contra cualquier opositor al régimen.
Uriel Pineda, experto en derechos humanos, explica que para contrarrestar la sistematicidad con la que el régimen viola los derechos humanos se debe fortalecer la organización social.
“Ya no basta la denuncia pública, sino que hay que organizarse, por barrio, por ciudad para hacer un frente común. En la medida que no se haga, las violaciones no van a parar porque lo que ocurre es que el gobierno ha perdido, digamos, la vergüenza de violar derechos humanos y quien quiera alzar la voz, será aplastado. En cambio si hay organización social amplia, la resistencia es mayor, es más unificada y es más solidaria”, explicó.
En el país solo existe una organización civil por la defensa de los derechos humanos, que vive bajo constante asedio policial.