Padre Rafael Aragón: “La aparente libertad religiosa es una fachada para la comunidad internacional”

Durante una audiencia pública celebrada este lunes 26 de octubre en Panamá, el sacerdote dominico Rafael Aragón cuestionó las recientes autorizaciones para realizar procesiones y sostuvo que forman parte de una estrategia del régimen para proyectar una imagen de respeto a la libertad religiosa ante la comunidad internacional, mientras mantiene el control sobre las expresiones de fe.

Lea además: Aprueban asilo político en EE. UU. al periodista nicaragüense Luis Galeano

“La libertad religiosa exige algo más que abrir templos y hacer procesiones… El propósito de esta apertura pretende ofrecer una válvula de escape a la ciudadanía sometida al control y al mismo tiempo proyectar ante la comunidad internacional una imagen de respeto a la libertad religiosa y de conciencia en respuesta a las presiones internacionales”, denunció el religioso.

Aragón afirmó que las autorizaciones para las actividades religiosas están sometidas a controles políticos y administrativos que limitan la autonomía de la Iglesia católica.

“La aparente libertad religiosa es una fachada noticiosa para el consumo de la opinión internacional. Para obtener autorización de realizar una procesión, un sacerdote debe solicitar permiso al Ministerio del Interior, al delegado político del Frente Sandinista y al encargado de la diócesis a la que pertenece el templo”, describió.

Según el sacerdote, los responsables de las parroquias también deben comprometerse a acompañar las procesiones durante todo el recorrido y asumir la responsabilidad por el orden y el control de las expresiones de los participantes.

“Los cargadores de los santos son llamados por los alcaldes de la municipalidad puestos por la dirigencia política del partido sandinista. Además, la presencia de numerosos policías y paramilitares son para limitar el acercamiento de los devotos a las imágenes veneradas. También se restringe los recorridos tradicionales y se imponen horarios y se suspenden manifestaciones folclóricas tan propias de nuestra cultura popular”, advirtió.

Para Aragón, permitir algunas celebraciones no significa que se haya restablecido la libertad religiosa, pues, según expuso ante la CIDH, el régimen continúa restringiendo las manifestaciones públicas de fe y la capacidad de la Iglesia de actuar con independencia.

Aragón: Murillo quiere controlar la cultura religiosa

El sacerdote comparó la situación de Nicaragua con la persecución religiosa y política durante la dictadura de Francisco Franco en España. Recordó que, aunque Franco estableció alianzas con sectores de la Iglesia católica, religiosos que se enfrentaron a su régimen autoritario sufrieron persecución.

“Yo estuve 25 años en España bajo el régimen de Franco y tuve compañeros dominicos presos, porque predicaban contra la dictadura de Franco. Y hubo en España varias diócesis que no tuvieron obispos durante los 40 años de la dictadura de Franco porque no había simpatía en esa región con la dictadura. Pues por ahí hay que entender el proceso que se está viviendo en Nicaragua”, dijo.

Aragón sostuvo que la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua responde al interés de Ortega y Murillo de controlar la influencia que tiene la religión en la sociedad y evitar que sus líderes se conviertan en referentes de movilización ciudadana.

“Quieren controlar todo y el alma del pueblo de Nicaragua está muy cercana a la religión. La Iglesia católica tiene raíces profundas en el pensamiento y en el liderazgo, entonces quieren controlar el pensamiento”, afirmó.

El sacerdote agregó que, a su juicio, el régimen teme que la Iglesia pueda convocar manifestaciones masivas si existieran condiciones de libertad.

“Si hubiera un espacio de libertad, el pueblo se manifestaría masivamente con un llamado que hiciera un obispo o un líder de la Iglesia atólica masivamente. Entonces, lo que quiere controlar es toda manifestación que se pueda oponer al régimen”, manifestó.

También señaló que los principios defendidos por la Iglesia católica, entre ellos la dignidad humana, los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia, entran en conflicto con el modelo político impuesto en Nicaragua.

“El pensamiento de la Iglesia católica es respeto a la dignidad humana después del Concilio Vaticano II, sobre todo, respeto a los derechos humanos Estado de derecho y democracia. Estos términos molestan profundamente al régimen porque ellos tienen otro planteamiento”, expresó.

Sobre las relaciones con el Vaticano, Aragón cuestionó la postura del régimen y afirmó que el conflicto no se limita a las celebraciones religiosas, sino que también involucra la autonomía institucional de la Iglesia.

“¿Por qué no quieren saber nada con el Vaticano? Porque la iglesia representa todo una cultura occidental y ellos no quieren saber nada de la cultura cultura occidental”, dijo.

“Rosario Murillo quiere liderar la cultura religiosa, no tanto la fe religiosa, no sé si ella tiene una fe religiosa. Ella quiere romper el liderazgo de la iglesia… No quiere relaciones con Roma… ella quiere liderar una iglesia nacional o un concordato donde el gobierno ponga condiciones para el nombramiento de los obispos y el mensaje que la iglesia predique”, advirtió Aragón.

Organizaciones religiosas canceladas y propiedades confiscadas

Durante la audiencia, Katy Lechado, del Colectivo de Derechos Humanos, expuso cifras sobre la cancelación de organizaciones religiosas y la confiscación de bienes vinculados a la Iglesia católica y a organizaciones laicas.

“En 2025, al menos 18 organizaciones religiosas perdieron su personalidad jurídica, entre ellas 15 protestantes y tres católicas, incluidas denominaciones enteras. El 30 de abril del 2026 fueron canceladas otras organizaciones religiosas”, denunció.

El colectivo señaló que, aunque las resoluciones ministeriales presentan algunas de estas cancelaciones como “disoluciones voluntarias”, esa denominación debe analizarse en el contexto de las restricciones impuestas a la autonomía de las organizaciones.

“Esta caracterización debe examinarse en un contexto de restricciones a la autonomía asociativa. En la práctica, la pérdida de personalidad jurídica se convierte en un mecanismo para debilitar la vida religiosa y comunitaria”, expuso el colectivo.

Lechado también presentó datos sobre las propiedades confiscadas. Según la información compartida durante la audiencia, en noviembre de 2025 se habían identificado 39 propiedades confiscadas a la Iglesia católica y a organizaciones laicas. De estas, 22 estaban ocupadas por instituciones estatales, entre ellas ocho colegios y seis sedes universitarias. Para junio de 2026, la cifra había aumentado a 43 propiedades.

Entre los casos mencionados está el Colegio San José de Jinotepe, administrado por las Hermanas Josefinas, que habría sido confiscado por el régimen en agosto de 2025 y renombrado posteriormente con el nombre de una figura del partido oficialista. También se citó el seminario San Luis Gonzaga, en Matagalpa, confiscado en enero de 2025 y transformado en un centro tecnológico en marzo de 2026.

Las denuncias presentadas apuntan a que la presión contra las comunidades religiosas no se limita a las restricciones de las procesiones, sino que incluye la pérdida de personalidad jurídica, la ocupación de bienes y el debilitamiento de las estructuras que sostienen la vida pastoral, educativa y comunitaria.

Denuncian detenciones y desaparición de líderes religiosos

María Laura Alvarado, de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, expuso ante la CIDH casos de religiosos detenidos y alertó sobre la falta de información verificable acerca de sus condiciones y paradero.

“Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí de 80 años y beneficiario de medidas cautelares desde 2021, fue detenido el 29 de junio, liberado horas después y detenido nuevamente el día 30, tras una misa en la que se pidió por la iglesia perseguida. Durante semanas no hubo información verificable”, denunció.

Alvarado agregó que la posterior difusión de un video sobre la visita de un presentador oficialista a la vivienda del obispo no resuelve las preocupaciones sobre el periodo en que no hubo información verificable.

“Como advirtió el gremio, el video posterior del la visita de un diputado a su vivienda no subsana ese periodo ni acredita sus condiciones. El 27 de agosto, a solicitud de esta comisión, la Corte Interamericana otorgó medidas provisionales para proteger su vida, integridad, salud y libertad”, señaló.

La representante también denunció la detención de la pastora Aurora Chavarría, de 56 años, ocurrida el 14 de julio en Matagalpa. Según expuso, se desconoce su paradero. Chavarría padece hipertensión y otras enfermedades crónicas, y tenía programada una cirugía antes de ser detenida.

Asimismo, mencionó al pastor Efrén Vílchez, preso desde mayo de 2022 y beneficiario de medidas cautelares, quien permanece recluido en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, con graves problemas de salud asociados a la diabetes.

Alvarado advirtió que las expulsiones y las restricciones de ingreso al país también afectan la continuidad de las comunidades religiosas.

“Las expulsiones y los impedimentos de retorno también desarticulan a las comunidades. Al menos 394 sacerdotes y religiosas católicas han sido expulsados, exiliados o impedidos de ingresar a Nicaragua. Su ausencia limita el acompañamiento espiritual y la continuidad de las actividades pastorales”, afirmó.

La representante resumió que el problema central no consiste únicamente en determinar si se autorizan determinadas ceremonias, sino en establecer si las personas pueden practicar sus creencias sin temor a represalias.

“La cuestión central, por tanto, no es únicamente si se permite la celebración de determinadas ceremonias, sino si las personas y comunidades pueden ejercer libremente sus creencias individual y colectivamente en condiciones de seguridad y sin temor a represalias o injerencias arbitrarias por parte del Estado”, sostuvo.

CIDH cuestiona ausencia del Estado de Nicaragua

Al cierre de la audiencia, el comisionado de la CIDH Edgardo Stuardo Ralón cuestionó la ausencia de representantes del Estado de Nicaragua, que no participaron en la sesión para responder a las denuncias presentadas por las organizaciones.

“Quiero referirme a la ausencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia. El hecho que no se encuentre y sistemáticamente en los últimos tiempos se mantiene ausente, aislado sin querer hacer un ejercicio de diálogo ni algún tipo de rendición de cuentas a la propia sociedad civil a la cual se debe. La participación de los estados es fundamental para conocer sus posiciones, pero sobre todo para escuchar de primera mano las preocupaciones y testimonios de la sociedad civil como hoy lo hemos escuchado”, expresó.

Ralón aclaró que la Comisión no anticipaba conclusiones sobre los hechos expuestos, pero subrayó la importancia de mantenerlos bajo escrutinio y evitar que las violaciones denunciadas se normalicen.

“Si bien nosotros no anticipamos conclusiones… es importante continuar ejerciendo, como ya se indicó, la labor de visibilizar y de no normalizar estos ataques a la libertad religiosa que ustedes denuncian. La prudencia institucional nunca debe confundirse con indiferencia, así como la firmeza en la defensa de los derechos humanos nunca debe confundirse con falta de imparcialidad”, manifestó.

El comisionado también destacó la importancia de escuchar a las víctimas y dar seguimiento a las denuncias como parte de los esfuerzos para recuperar el espacio cívico en Nicaragua.

“Todas las voces importan, todos los testimonios importan y nosotros tenemos el deber de escucharlos, de darle seguimiento, de hacer los mejores esfuerzos para que se vuelva una transición democrática y sin duda alguna la libertad de conciencia la libertad de religión constituye una base fundamental para recuperar el espacio cívico en Nicaragua”, afirmó.

Ralón concluyó con una advertencia sobre la relación entre la libertad de conciencia y la democracia.

Lea también: Adriana Paniagua y la red que promueve la formalización laboral de nicaragüenses en EE. UU.

“Cuando el poder pretende someter la conciencia humana, no solamente amenaza la libertad religiosa, amenaza la democracia. Una democracia en que las personas no son libres de creer de pensar, de actuar conforme a su conciencia dentro del respeto de los derechos de los demás, no es una democracia”.

La audiencia también fue presidida por la relatora de la CIDH para Nicaragua, comisionada Rosa María Payá, junto con el comisionado Edgardo Stuardo Ralón. Las organizaciones participantes pidieron que se mantenga la atención internacional sobre la situación de la libertad religiosa en Nicaragua y que las denuncias sean objeto de seguimiento.