Desde el 20 de enero del 2025 hasta octubre de 2026, el gobierno del presidente Donald Trump se ha caracterizado por sus sistemáticas violaciones a la libertad de expresión y por sus ataques y agresiones a periodistas y comunicadores. Su peligrosidad no reside en sus insultos a las mujeres y hombres de prensa, sino en la combinación de diferentes mecanismos represivos.
Desde 2025, periodistas que cubrían manifestaciones contra las operaciones migratorias han denunciado agresiones, detenciones y uso de la fuerza por parte de agentes policiales y federales. Por ejemplo, Mario Guevara, un periodista que transmitía en directo una protesta en el área metropolitana de Atlanta, fue detenido en junio de 2025.
El 30 de enero de 2026, el Committee to Protect Journalists CPJ condenó los arrestos y los cargos graves presentados contra los periodistas Don Lemon y Georgia Fort por su cobertura de una protesta en Minnesota. Ambos habían informado sobre una manifestación relacionada con las actuaciones de las autoridades migratorias.
En junio de 2025, periodistas que cubrían las protestas contra las operaciones migratorias en Los Ángeles denunciaron agresiones durante la actuación policial. El CPJ informó que se documentaron al menos 99 casos de periodistas agredidos mientras cubrían aquellas protestas y asuntos relacionados con la inmigración.
Periodista detenido y deportado
En enero de 2026, durante las protestas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, periodistas denunciaron que agentes les impidieron trabajar, los empujaron o utilizaron gases y municiones de control de multitudes contra ellos.
El CPJ informó que el U.S. Press Freedom Tracker había documentado al menos diez agresiones a periodistas durante las protestas en esa ciudad. En la mitad de los casos, los reporteros afirmaron haber sido seleccionados o atacados por su función periodística. Entre los episodios documentados figuraron un empujón a Mark Vancleave, video periodista de AP, y la agresión contra Tina-Desiree Berg, de Status Coup.
En el caso de Vancleave, agentes federales lo amenazaron con detenerlo cuando estaba grabando una actuación de las autoridades. Berg fue empujado al suelo por un agente mientras cubría una protesta.
El CPJ también ha documentado el uso de facultades migratorias contra periodistas extranjeros que trabajaban en medios en español. Estefany Rodríguez, periodista que había informado sobre asuntos migratorios, fue detenida por las autoridades y permaneció bajo custodia de ICE durante más de diez días antes de ser liberada. El periodista Mario Guevara, ya mencionado, fue transferido a custodia migratoria después de su detención y posteriormente deportado.
Acusaciones de noticias falsas y amenazas a la seguridad nacional
La documentación del Committee to Protect Journalists (CPJ) y del U.S. Press Freedom Tracker denunció el intento de la Administración de controlar quién podía cubrir al presidente y qué medios tenían acceso a determinados actos oficiales.
En febrero de 2025, la Casa Blanca restringió el acceso de periodistas de Associated Press (AP) a determinados espacios y actos presidenciales, después que esta se negara a adoptar la denominación Gulf of America. La agencia de noticias sostuvo que conservaría el nombre tradicional en su cobertura, explicando que este era reconocido internacionalmente. La Casa Blanca respondió restringiendo el acceso de sus periodistas a actividades presidenciales. AP demandó al Gobierno, y en abril de 2025, un juez federal consideró que no se podía excluir a una organización periodística por discrepar de la terminología que utilizaba.
En septiembre de 2026, Trump anunció que prohibiría el acceso a la Casa Blanca a periodistas de tres medios, CNN, MS NOW y Politico. Justificó la medida con acusaciones de información falsa y argumentos relacionados con la seguridad nacional. Los medios impugnaron la decisión ante los tribunales, y el juez federal Timothy Kelly ordenó restablecer temporalmente sus credenciales de acceso.
Cancelan 1,100 millones de dólares destinados a la radiodifusión pública
El 1 de mayo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a eliminar la financiación federal de dos importantes organizaciones de comunicación pública: NPR y PBS, las redes públicas de radio, y de televisión. La Administración las acusó de difundir información sesgada y propaganda de izquierda. Los medios rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que la medida pretendía castigarlos por sus contenidos.
El conflicto no se limitó a declaraciones presidenciales. El Gobierno promovió actuaciones contra la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), que distribuía recursos federales a emisoras y estaciones locales. En julio de 2025, el Congreso aprobó la cancelación de 1,100 millones de dólares destinados a la radiodifusión pública para los dos años siguientes. La CPB anunció el cierre de sus operaciones en agosto de ese año.
En marzo de 2026, un juez federal determinó que la orden ejecutiva contra NPR y PBS violaba la Primera Enmienda. La resolución judicial, sin embargo, no revirtió automáticamente todas las consecuencias presupuestarias de las decisiones del Congreso.
Otro frente fue la ofensiva contra la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, conocida por sus siglas en inglés, USAGM, que supervisa servicios informativos internacionales como Voice of America (VOA). En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a reducir drásticamente la estructura de esa agencia. Las medidas posteriores provocaron suspensiones de personal y una reducción de sus operaciones informativas.
Investigan a medios por sus prácticas de financiación y publicidad
La situación generó una controversia especialmente delicada: VOA es una organización financiada por el Gobierno estadounidense, pero su independencia periodística está protegida por disposiciones legales destinadas a evitar que se convierta en un instrumento de propaganda partidista.
Periodistas de VOA impugnaron las medidas ante los tribunales. El 7 de marzo de 2026, un juez federal concluyó que el nombramiento de Kari Lake para dirigir la agencia y la delegación de funciones en ella eran inválidos. La decisión declaró sin efecto las actuaciones que Lake había realizado bajo esa autoridad, incluidas suspensiones masivas de personal y posteriores despidos.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), presidida por Brendan Carr, reabrió o inició investigaciones contra diferentes empresas de comunicación como ABC; CBS; NBC; y NPR y PBS, por cuestiones relacionadas con sus prácticas de financiación y publicidad.
En febrero de 2025, por ejemplo, la FCC abrió una investigación sobre la emisora KCBS, de California, después de que esta informara sobre la ubicación de agentes de inmigración durante operaciones policiales.
Suspensión del presentador Jimmy Kimmel
La presión sobre los medios también alcanzó al entretenimiento televisivo. En 2025, CBS anunció la cancelación del programa de Stephen Colbert, quien había criticado públicamente un acuerdo económico relacionado con una demanda de Trump contra la empresa matriz de la cadena. La decisión provocó cuestionamientos sobre las presiones políticas y comerciales que pueden influir en la programación.
Ese mismo año, el presentador Jimmy Kimmel fue suspendido temporalmente después de que Brendan Carr amenazara con medidas regulatorias contra ABC y Disney en relación con sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Kimmel regresó posteriormente al aire, después de una fuerte controversia pública.
El mandatario estadounidense también ha acusado por difamación a los medios: The Wall Street Journal, The New York Times, BBC, The Des Moines Register y Pulitzer Prize Board. Al primero por una nota sobre Jeffrey Epstein y Trump; al segundo, por informes sobre el ocupante de la Casa Blanca. A la BBC por editar un discurso presidencial del 6 de enero del 2021. A The Des Moines Register, por una cobertura electoral, y al último, por una demanda en su primer mandato.
En junio de 2025, Trump afirmó que los periodistas debían ser obligados a revelar sus fuentes para identificar a quienes habían filtrado información clasificada sobre los ataques estadounidenses contra Irán. El contexto fue la publicación de informaciones que cuestionaban la afirmación presidencial de que los bombardeos habían destruido por completo determinadas instalaciones nucleares iraníes.
Mano libre a fiscales para obligar a declarar a periodistas
En 2026, la presión legal se intensificó. El Committee to Protect Journalists (CPJ) documentó citaciones judiciales dirigidas a por lo menos diez periodistas de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post en investigaciones relacionadas con sus informaciones. En algunos casos, agentes federales entregaron citaciones en los domicilios de los reporteros.
Además, el Departamento de Justicia revirtió protecciones que limitaban la capacidad de los fiscales para obligar a periodistas a declarar en investigaciones sobre filtraciones. Agentes federales registraron el domicilio de un periodista de The Washington Post y confiscaron dispositivos electrónicos.
En noviembre de 2025, durante una reunión con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la Casa Blanca, la corresponsal de ABC News, Mary Bruce, preguntó a Trump sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y sobre las responsabilidades atribuidas al dirigente saudí.
Trump respondió que Bruce era una «terrible persona» y una «terrible periodista». También la acusó de haber formulado una pregunta ofensiva para su invitado. El episodio es significativo porque la reportera estaba planteando una cuestión de interés público relacionada con la muerte de un periodista y con la responsabilidad de un dirigente extranjero.
Trump la calificó de persona estúpida
En noviembre de 2025, la corresponsal de CBS News, Nancy Cordes, preguntó a Trump sobre la investigación de un tiroteo en Washington en el que resultaron heridos dos integrantes de la Guardia Nacional, y sobre afirmaciones presidenciales relativas a la entrada de afganos en Estados Unidos. Trump respondió preguntándole si era estúpida y calificándola de persona estúpida.
Trump también arremetió contra Katie Rogers, corresponsal de The New York Times, después de que ella participara en la elaboración de un artículo sobre su edad y su resistencia física durante el segundo mandato. La calificó de periodista de tercera categoría y la describió como fea, tanto por dentro como por fuera.
Kaitlan Collins, corresponsal de CNN, ha sido objeto reiterado de descalificaciones presidenciales. En febrero de 2026, cuando preguntó por los supervivientes de Jeffrey Epstein, Trump la llamó mala periodista y criticó su expresión facial, afirmando que nunca la había visto sonreír. También atacó a CNN como organización. En septiembre de 2026, durante una visita a Naciones Unidas, volvió a cuestionar la presencia de Collins y afirmó que no debería estar allí cubriéndolo.
En diciembre de 2025, la periodista Rachel Scott preguntó a Trump por la posible publicación de un video completo relacionado con un ataque estadounidense frente a las costas de Venezuela. Trump negó haber dicho lo que ella le atribuía, calificó a ABC de medio de noticias falsas y describió a Scott como una periodista especialmente desagradable y deficiente.
Ataque en múltiples frentes contra las libertades protegidas por la Primera Enmienda
Organizaciones estadounidenses e internacionales han condenado las medidas de Donald Trump contra periodistas, medios de comunicación y otras personas que ejercen la libertad de expresión. Por ejemplo, algunas organizaciones estadounidenses de periodistas y defensa de la libertad de prensa que han condenado a la Casa blanca, son: Committee to Protect Journalists (CPJ); y Society of Professional Journalists, encabezando a más de 40 organizaciones el 21 de febrero de 2025.
El 19 de mayo de 2025, siete organizaciones estadounidenses especializadas en derechos constitucionales, libertad de expresión y libertad de prensa publicaron una carta abierta en la que describieron las actuaciones del Gobierno como un ataque en múltiples frentes contra las libertades protegidas por la Primera Enmienda. Participaron: Knight First Amendment Institute at Columbia University; American Civil Liberties Union (ACLU); Committee to Protect Journalists; Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE); Freedom of the Press Foundation; PEN America; y Reporters Without Borders, mediante su representación estadounidense.
La carta instó a universidades, medios, bufetes jurídicos, empresas y otras instituciones cívicas a defender sus derechos constitucionales con mayor determinación. El documento no se limitaba a la situación de los periodistas. Consideraba que las presiones contra medios, universidades y otros sectores de la sociedad civil podían debilitar las garantías de expresión y asociación.
Condenaron los arrestos de Don Lemon y Georgia Fort
PEN America condenó los ataques personales contra periodistas el 26 de junio de 2025. El 16 de marzo del 2026 Knight First Amendment Institute, condenó las amenazas de revocar licencias de radiodifusión. El instituto distinguió entre dos cuestiones: El presidente puede criticar las informaciones que considere inexactas o injustas, y El Gobierno no puede utilizar sus facultades regulatorias para imponer a los medios una determinada línea editorial.
El 30 de enero del 2026, American Civil Liberties Union condenó los arrestos de Don Lemon y Georgia Fort. El mero hecho de que una persona sea periodista no la exime de la ley, pero tampoco convierte su trabajo informativo en un delito.
También organizaciones internacionales de defensa de la prensa se han ocupado de las agresiones de Trump. El 7 de febrero de 2025, Reporteros Sin Fronteras denunció el retroceso en el acceso a la información pública, por medidas adoptadas por la Casa Blanca. RSF y otras 30 organizaciones condenaron el registro domiciliario de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post. En enero de 2026, el FBI incautó dispositivos personales y profesionales, entre ellos computadoras, teléfono y reloj inteligente. El cateo estaba relacionado con una investigación sobre un contratista federal acusado de filtrar información clasificada. Según RSF, la propia periodista no era objeto de investigación.
Preocupación de la CIDH por la Libertad de Expresión
Amnistía Internacional advirtió el 19 de enero de 2026 sobre el deterioro de las libertades. Al cumplirse un año del regreso de Trump a la presidencia, AI publicó un informe titulado “Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States”. La organización hizo ver el deterioro de los derechos humanos relacionado con las actuaciones de la Administración.
Human Rights Watch, en el World Report 2026, afirmó que el segundo mandato de Trump estaba marcado por violaciones generalizadas de derechos humanos y ataques sostenidos contra elementos fundamentales de la gobernanza democrática.
En 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó preocupación por medidas adoptadas por Estados Unidos que podían afectar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Abordó diversas actuaciones relacionadas con la libertad de expresión, entre ellas: la detención y deportación de académicos extranjeros por su expresión política; los informes sobre denegaciones de entrada por mensajes privados críticos del Gobierno; y la cancelación de fondos federales a universidades donde se habían producido protestas estudiantiles.
También hubo una condena dentro del propio sistema político estadounidense: el 6 de mayo de 2025, el senador Sheldon Whitehouse presentó, junto con otros senadores, una resolución titulada: “Condena de los recientes ataques contra la prensa libre por parte del presidente Donald J. Trump y reafirmación del compromiso de Estados Unidos con la preservación y protección de la libertad de prensa como piedra angular de la democracia”.
Trump es uno de los cinco presidentes de EE. UU. represivos con la prensa
La resolución fue remitida al Comité Judicial del Senado, y luego a una comisión. Su importancia es política e institucional: demuestra que un grupo de senadores consideró necesario formular una condena expresa de las actuaciones presidenciales contra la prensa.
Esta investigación, realizada con apoyo de inteligencia artificial, muestra que Trump pertenece por mérito propio a un grupo de cinco presidentes que se han distinguido por restringir la libertad de expresión en EE. UU. los otros cuatro son: Woodrow Wilson (1913-1921), persecución penal de las opiniones contrarias al Gobierno; Abraham Lincoln (1861-1865), suspensión de garantías y restricciones a periódicos; John Adams (1797-1801), criminalizó las críticas al gobierno; Richard Nixon (1969-1974), vigilancia y represalias contra medios críticos.
El autor es periodista residente en Nicaragua ([email protected]).
