USCIRF denuncia “implacable campaña para eliminar libertad religiosa” en Nicaragua

Según el pronunciamiento de USCIRF, publicado el 5 de mayo, la dictadura utiliza “una estructura legal draconiana para perseguir a los creyentes” a través de las leyes. Se refieren a aquellas que ocuparon para perseguir a ciudadanos críticos. Entre esas normas están la ley de ciberdelitos y otra para controlar el financiamiento de las ONG que ha forzado el cierre del espacio cívico en el país.

Mencionan encarcelamientos arbitrarios

“Nicaragua continúa deteniendo y encarcelando arbitrariamente a líderes religiosos y fieles, incluyendo casos recientes en los que detenidos han fallecido bajo custodia”, destaca el documento. Se menciona la muerte de Mauricio Alonso Petri y el líder laico católico Carlos Cárdenas Zepeda. Ellos murieron bajo custodia de la Policía del régimen el 25 y 29 de agosto de 2025, respectivamente.

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A Mauricio Alonso Petri lo detuvieron el mismo día que su amigo, el pastor protestante Rudy Palacios Vargas. El primero había denunciado la violencia del Gobierno contra los manifestantes prodemocráticos en 2018. Ambos fueron arrestados el 17 de julio de 2025 en Jinotepe, departamento de Carazo, junto a miembros de su familia. Los acusaron de cometer “terrorismo”. Tras la muerte en custodia de Petri, el religioso fue excarcelado a comienzos de enero de 2026.

La USCIRF también citó la historia del pastor Efrén Antonio Vílchez López, quien fue capturado el 15 de mayo de 2022 “bajo cargos cuestionables”. Se encontraba laborando en una funeraria. Vílchez no participó en las protestas, pero fue crítico al régimen en redes sociales. Luego de la detención, el aparato de justicia bajo control de la dictadura lo condenó a 23 años de prisión por el supuesto delito de “violación a menores de 14 años”, según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe de USCIRF destacó la prohibición de procesiones y actos de piedad. Solo en 2026, destacan que 400 viacrucis tuvieron que realizarse dentro de los templos, tras las prohibiciones. Explican concretamente lo que ocurrió en Semana Santa.

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“El Gobierno restringió las celebraciones de Semana Santa en 2026 por cuarto año consecutivo, y los fieles denunciaron una intensa vigilancia las 24 horas para impedir las procesiones públicas”, explicó el documento en que destacaron la prohibición en marzo de ordenaciones sacerdotales y diaconales en las diócesis católicas de Jinotega, Siuna, Matagalpa y Estelí.

Más de 300 religiosos se han exiliado para resguardar su integridad entre 2018 y 2026. Entre los obispos nicaragüenses que viven fuera del país están Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal; Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, e Isidoro Mora, obispo de Siuna. Estos dos últimos fueron presos políticos hasta que el régimen lo desterró en enero de 2024.

También Báez y Álvarez han sido privados de su nacionalidad. Más de 28 mil procesiones han sido prohibidas por la dictadura entre 2019 y 2026, de acuerdo con datos de la investigadora Martha Patricia Molina quien ha publicado una serie de investigaciones sobre la persecución religiosa que vive Nicaragua.

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Ataque a prácticas espirituales tradicionales en el Caribe

Otro de los aspectos que recoge el informe de USCIRF es el “ataque” a prácticas espirituales tradicionales de las comunidades indígenas. mayangna, miskita y afrodescendientes. El régimen canceló en agosto de 2024 el “estatus legal” a la Iglesia Morava de Nicaragua.

“Se informa que una docena de pequeñas iglesias católicas y evangélicas se han quedado sin sacerdotes ni pastores en los últimos años, debido al desplazamiento y la represión a lo largo de la costa caribeña, con la aprobación o la inacción del Gobierno”, denunciaron también.

El reporte estadounidense añade que la dictadura ha tildado de “hechiceros” a líderes indígenas detenidos en dos prisiones “por intentar consumir alimentos y medicinas tradicionales”. Agentes policiales sometieron, además, a un hombre mayangna a un simulacro de ahogamiento, introduciendo repetidamente su cabeza en un río local, “considerado una fuente sagrada de vida por la comunidad mayangna”.

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Por todas estas violaciones a la libertad religiosa, la USCIRF recomendó al Departamento de Estado que vuelva a designar a Nicaragua como un País de Especial Preocupación (CPC).

EE. UU. debe pasar a la acción

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina dijo a LA PRENSA que Estados Unidos “sigue con mucha preocupación” este tema, pero que es momento de que “pase a la acción y que se tomen medidas drásticas que golpeen directamente al clan Ortega-Murillo”.

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De acuerdo con Molina, mientras el régimen continúe aferrado al poder, “la persecución religiosa continuará” porque es una “mala práctica” que los dictadores tienen desde la década de los 80 y “no va a desaparecer con palabras sino con acciones”.

La investigadora afirma que en este momento “existe temor a denunciar y reclamar derechos”. Ejemplifica que cuando hay profanaciones y robos en las parroquias, los sacerdotes “no lo denuncian por miedo a las represalias de la dictadura”.

“Tampoco han dejado en libertad al padre Frutos Valle quien está pronto a cumplir dos años de ‘seminario por cárcel’ sin ni siquiera haber enfrentado un proceso judicial justo. La Policía lo tiene secuestrado”, alertó Molina.