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La defensora de derechos humanos Wendy Flores, vicepresidenta del Colectivo Nicaragua Nunca Más, pidió a la Unión Europea (UE) impulsar acciones internacionales frente a la desnacionalización, la apatridia y la represión transnacional ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra personas opositoras y defensoras de derechos humanos nicaragüenses.
Durante una intervención pública el miércoles 6 de mayo, ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Flores afirmó que “el exilio, la desnacionalización y la apatridia se han convertido en una evidencia palpable de la crueldad del régimen”, que “ha extendido su persecución fuera del país”.
La defensora solicitó presentar demandas contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por violaciones a la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia y a la Convención contra la Tortura. También pidió “facilitar los mecanismos para otorgar la nacionalidad a personas en condición de apatridia y/o apatridia de facto” y continuar brindando protección internacional a las víctimas.
Asimismo, instó a denunciar ante la Corte Penal Internacional a “los principales perpetradores de los crímenes de lesa humanidad con carácter extraterritorial”.
Flores señaló que actualmente más de 873 mil personas han salido de Nicaragua como consecuencia de la represión ejercida por el régimen Ortega-Murillo. “Detrás de ella se describen historias de detenciones arbitrarias, torturas, amenazas, persecución, asesinatos, hostigamientos, graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, expresó.
La defensora recordó que el régimen canceló y allanó en diciembre de 2018 las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización en la que trabajó durante 16 años.
Explicó que salió de Nicaragua debido a “la persecución hacia defensores de derechos humanos, el seguimiento y vigilancia constante y el incremento de las detenciones contra quienes alzaban la voz”. Flores relató que llegó a Costa Rica “con mucho dolor, por lo que implica la separación familiar”, aunque con la convicción de continuar denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo.
También denunció que actualmente existe “el cierre total del espacio cívico con la cancelación y confiscación de al menos 5,663 organizaciones”.
Desnacionalizados de Nicaragua vulnerables
Flores dijo además que “el exilio desafía a cada persona que lo vive a sobrevivir en un país y cultura distinta al tuyo, a adaptarte a nuevas costumbres, a iniciar de cero”. Agregó que la discriminación por nacionalidad, apariencia o acento puede obstaculizar el acceso a vivienda, empleo, estudios y atención médica.
Durante su intervención también mencionó el impacto emocional del exilio y señaló que dos integrantes del Colectivo Nicaragua Nunca Más dejaron a sus madres en Nicaragua y “no pudieron regresar y verlas por última vez antes que fallecieran, ni siquiera pudieron estar en sus funerales”.
La defensora indicó que desde febrero de 2023 el régimen ha arrebatado la nacionalidad a 452 nicaragüenses mediante procesos judiciales en los que las personas afectadas no participaron. Añadió que también fueron confiscados sus bienes y cancelados sus registros civiles.
Según explicó, las afectaciones alcanzaron a niños y niñas cuyas partidas de nacimiento “fueron alteradas para ocultar al padre o madre del menor”. También señaló que al menos el 33 por ciento de las personas desnacionalizadas son adultos mayores a quienes “les quitaron sus pensiones de vejez”.
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Flores citó además información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 292 nicaragüenses impedidos de ingresar al país. Indicó que esta situación, junto con la negación de documentos de identidad, convierte a las personas afectadas “en apátridas de facto”. También mencionó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua alertó sobre “la política sostenida de represión transnacional”.
Flores señaló que el Colectivo Nicaragua Nunca Más ha documentado más de 200 casos de amenazas, atentados y otras acciones contra personas exiliadas, así como nueve ejecuciones registradas en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025. “Ahora mismo, nuestro equipo enfrenta altos riesgos para su vida y seguridad en Costa Rica por seguir alzando sus voces”, finalizó.
