La organización internacional Human Rights Watch (HRW), presentó este 13 de enero su informe anual regional donde presenta el contexto de represión y amenazas a la democracia en Nicaragua en el año electoral que concluyó con la asignación de un cuarto período consecutivo a Daniel Ortega.
Para el organismo, las elecciones generales de noviembre pasado en Nicaragua, se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas, según su informe anual “América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas”.
El documento refiere que de cara a los comicios del 7 de noviembre de 2021, Ortega arremetió contra la oposición y críticos de su régimen. “Para allanar el camino para la reelección de Ortega, las autoridades detuvieron y procesaron arbitrariamente a críticos del gobierno y opositores, incluidos candidatos presidenciales, periodistas, abogados, representantes campesinos, empresarios y líderes estudiantiles, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses”.
Podría interesarle: Carlos Sánchez Berzaín: en Nicaragua se protagonizó «la posesión del dictador»
El informe añade que “estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en 2018”.
“El presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en noviembre, en medio de una escalada represiva contra críticos y la oposición política. Muchos gobiernos de la región y de Europa manifestaron que las elecciones no cumplían con las garantías mínimas para ser consideradas libres y justas”, destacaron.
Durante la presentación del informe, Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rughts Watch, reiteró que “no hay ninguna duda que las elecciones en noviembre fueron una farsa electoral”
Restricciones a las libertades básicas
HRW, precisa que otros problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política y leyes restrictivas sobre aborto.
Al respecto, el organismo indica que desde que Ortega retornó al poder en 2007, ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales al poder presidencial. “Destituyó a legisladores de la oposición en 2016 y excluyó a partidos políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2021”.
Lea además: Organizaciones internacionales demandan la inmediata liberación de los periodistas presos en Nicaragua
En el informe sostiene que “defensores de derechos humanos y otros actores críticos del gobierno siguen siendo blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea y detención y procesos penales arbitrarios”.
“A menudo, miembros de las fuerzas de seguridad hacen guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detenciones arbitrarias”, sostienen.
Asimismo subrayan que el gobierno de Ortega restringe la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación a través de amenazas, agresiones físicas, detenciones, investigaciones impositivas arbitrarias, procesos penales arbitrarios y cierres forzosos.
Entre el 28 de julio y el 26 de agosto de 2021, señalan que las autoridades ordenaron el cierre de 45 ONG, incluidas agrupaciones de mujeres, organizaciones de asistencia internacional y varias asociaciones médicas. El gobierno ya había cerrado otras diez organizaciones desde 2018.
Mientras que, otras organizaciones han anunciado la suspensión de sus actividades a partir de la entrada en vigor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros entre 2020 y 2021. “La ley exige que las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior se registren como agentes extranjeros y les prohíbe postularse a cargos públicos”.
Allanamiento de medios y detenciones arbitrarias
En mayo de 2021, la policía allanó las oficinas del periódico Confidencial, HRW denuncia además, que el régimen confiscó sus equipos y detuvo a un periodista durante varias horas sin presentar una orden judicial que dispusiera la detención y el allanamiento.
Agrega que LA PRENSA dejó de publicar su edición impresa en agosto del mismos año, cuando las autoridades aduaneras retuvieron sus importaciones de tinta y papel periódico. Posteriormente, la Policía y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, confiscaron sus bienes y detuvieron al gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann.
El organismo, señala que entre enero y octubre de 2021, “las autoridades detuvieron y procesaron arbitrariamente a tres periodistas y presentaron cargos o iniciaron investigaciones contra varios periodistas que se encontraban en el extranjero”.
En este contexto, al menos una veintena de periodistas fueron convocados al Ministerio Público en el marco de una investigación sobre lavado de dinero contra la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro, presa política del régimen, quien dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), dedicada a la defensa de la libertad de prensa, quien suspendió sus actividades en febrero de 2021.
Lea también: Organizaciones internacionales demandan la inmediata liberación de los periodistas presos en Nicaragua
El Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca +”, una ONG con sede en Costa Rica que documenta violaciones de derechos humanos en Nicaragua, informó que la “persecución, hostigamiento y judicialización” por parte del gobierno de Ortega había forzado a al menos 100 periodistas a exiliarse, incluyendo 25 en 2021.
Asimismo apuntan a que se ha intensificado el hostigamiento en contra de los abogados defensores. “Algunos permanecen en el país y sufren amenazas, mientras que otros han huido de Nicaragua. Dos abogados fueron detenidos y procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Solicitantes de asilo nicaragüenses
Desde abril de 2018 hasta junio de 2021, HRW informa que más de 110.000 personas huyeron de Nicaragua, según información dada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
“Costa Rica ha acogido a aproximadamente 80.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses. Otros miles viven en México, Panamá, Europa y Estados Unidos”, indican.
Repuesta a la pandemia: negación, inacción e incapacidad
El informe subraya también, que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en 2021 abarcaron el tema de la salud.
“La negación, la inacción y la opacidad han caracterizado la respuesta del Gobierno a la pandemia de la covid-19. El Gobierno no tomó medidas de emergencia en respuesta a la pandemia, mantuvo las escuelas abiertas y despidió a los médicos críticos que no estaban de acuerdo con su gestión de la respuesta al covid-19”, expresan en el informe.
Sobre la pandemia, especifican que “mientras el Gobierno reportó más de 13.000 casos y más de 200 muertes, a septiembre de 2021, la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano Covid-19 registró casi el doble de casos sospechosos y 4.500 muertes sospechosas”.
El Gobierno ha acusado a la organización y a los médicos críticos de promover el “terrorismo de salud”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que “agentes del Estado” han perseguido y hostigado a miembros del observatorio, así como a integrantes de las asociaciones médicas Unidad Médica Nicaragüense (UMN) y Comité Científico Interdisciplinario.
Qué es HRW
El organismo internacional Human Rights Watch se encarga de investigar e informa sobre los abusos a los derechos humanos.
“Somos aproximadamente 450 personas de más de 70 nacionalidades que somos expertos en países, abogados, periodistas y otros que trabajamos para proteger a los que corren mayor riesgo, desde minorías vulnerables y civiles en tiempos de guerra, hasta refugiados y niños necesitados”, explica el sitio web del organismo.
Destacan que “dirigimos nuestra defensa hacia gobiernos, grupos armados y empresas, presionándolos para que cambien o hagan cumplir sus leyes, políticas y prácticas. Para garantizar nuestra independencia, rechazamos la financiación del gobierno y revisamos cuidadosamente todas las donaciones para garantizar que sean coherentes con nuestras políticas, misión y valores”.
HRW también se asocia con otras organizaciones en todo el mundo “para proteger a los activistas en apuros y ayudar a que los abusadores rindan cuentas y hacer justicia a las víctimas”.