Voces del Sur en conjunto con otras tres organizaciones defensoras de la libertad de prensa y expresión suscribieron un pronunciamiento en rechazo a “los múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país”, que a consecuencia mantiene a al menos seis comunicadores y periodistas privados de libertad. Las organizaciones firmantes demandan su inmediata liberación.
Las otras organizaciones firmantes son PEN Internacional, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos e IFEX-ALC.
Las agresiones contra la prensa independiente en Nicaragua con el paso de los años, en especial entre el 2018-2021 han venido escalando ante la inacción de las autoridades, señalan las organizaciones, quienes catalogaron el 2021 como “un año nefasto para las libertades de prensa, expresión e información” en el país.
El año pasado, “periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión; restricción migratoria y confiscación de pasaportes, intensificación de campañas difamatorias en contra de comunicadores independientes emprendidas desde diferentes instancias estatales y replicadas en redes sociales por militantes del partido de gobierno; todas estas fueron parte de las múltiples violaciones o agresiones a las que se vieron expuestos los medios y periodistas independientes”, denunciaron.
Efectos de las leyes represivas del régimen
Las organizaciones señalan que la aprobación y aplicación por parte del gobierno de una serie de leyes punitivas, ampliamente cuestionadas por los órganos internacionales de derechos humanos, han permitido que a la fecha continúen arbitrariamente privados de su libertad el periodista deportivo Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano; los tres directivos del diario la Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann; así como del candidato a la presidencia, periodista y propietario de 100%Noticias Miguel Mora; y los ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios Chamorro Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez.
Entre finales del 2020 e inicios de 2021, el régimen Ortega Murillo, a través de la Asamblea Nacional, aprobó una serie de leyes represivas contra la ciudadanía, entre ellas, la Ley Especial de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, «que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes”.
“Las amenazas de criminalización también han afectado a las fuentes informativas, quienes aportan análisis y opiniones a los medios de comunicación necesarias para que los y las periodistas hagan su trabajo. Además, varios abogados defensores de periodistas, también se han visto forzados al exilio. Esto ha contribuido a acrecentar el clima de autocensura en el país”, añaden.
Destacan resistencia de la prensa independiente
Las organizaciones firmantes, recuerdan que el Estado de Nicaragua, “desconociendo su obligación de proteger y garantizar la libre circulación de información pública, se ha encargado de favorecer espacios y acciones para las agresiones, amenazas, uso abusivo del poder estatal y estigmatización en contra de quienes informan y denuncian sobre las violaciones a derechos humanos que se viven en el país”.
Asimismo resaltan “la valentía y el compromiso demostrado por la prensa independiente, que a pesar de vivirtiempos adversos continúan llevando información a sus audiencias. Reconocemos que en los y las periodistas siguen inquebrantables los principios, valores y el legado histórico del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que proclamó y aplicó durante su vida, lecciones que hoy más que nunca brindan las pautas necesarias para realizar un periodismo de calidad y resistir las agresiones y ataques de las que son víctimas”.
Lo que demandan
Ante todo ello, PEN Internacional, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, IFEX-ALC y Voces del Sur, demandan al Estado de Nicaragua:
● La inmediata liberación de los periodistas arbitrariamente encarcelados, que únicamente han ejercido su derecho de buscar, recibir y difundir información, y en otros casos han puesto en práctica su derecho a opinar y la liberación de todas y todos los presos políticos detenidos arbitrariamente. Ello con el objetivo de contribuir a generar un clima habilitante para el ejercicio de su labor.
● Restituir los medios que han sido confiscados: Confidencial y 100% Noticias, y cesar la ocupación de las instalaciones del diario La Prensa.
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● Respetar el ejercicio periodístico, garantice la seguridad de los y las periodistas, y tome todas las medidas a su alcance para remover los obstáculos que enfrentan para ejercer su labor. Exhortamos a las autoridades estatales a cumplir todas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de periodistas independientes y sus núcleos familiares; dado que en la mayoría de los casos las agresiones y ataques han aumentado significativamente para los beneficiarios.
● Cesar la criminalización contra las y los periodistas independientes. Además, derogar y abstenerse de aplicar la Ley de Ciberdelitos y los demás instrumentos jurídicos que atentan contra las libertades públicas, que revoque las órdenes judiciales en contra de periodistas, generadores de opinión y fuentes informativas y se abstenga de emitir nuevas.
● Detener las abusivas retenciones de pasaportes en contra de periodistas y comunicadores, así como las restricciones migratorias a salir del país con toda libertad.
“Recordamos al Estado de Nicaragua que el derecho a la libertad de expresión e información es parte fundamental del funcionamiento de las sociedades democráticas. Acceder a la información pública es un derecho de las personas; además la difusión libre de información, sin ninguna censura, es la llave para ejercer otros derechos fundamentales, consagrados en diversos instrumentos de protección de los Derechos Humanos”, reiteran.