“Luego de cometer todos los delitos posibles para continuar detentando el poder en el modelo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Daniel Ortega y Rosario Murillo protagonizaron (este lunes 10 de enero) la posesión del dictador de Nicaragua, en base a los resultados “del fraudulento y macabro evento (votaciones) del 7 de Noviembre de 2021 que llaman elecciones”, sostuvo este jueves, el abogado y politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, en un artículo de opinión.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido por magistrados afines a Ortega, le asignaron el 75.87 de los votos, resultado que es rechazado y considerado ilegítimo por varios sectores del país y por gran parte de la comunidad internacional.
“Es el éxito más reciente de las “dictaduras electoralistas” del castrochavismo en las que “el pueblo vota pero no elige”, que por su naturaleza de “terrorismo de Estado” y de ostentación de impunidad, marca el hito que definirá la efectiva defensa de la democracia o su indefensión”, expresa el experto.
Crímenes des lesa humanidad
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó en diciembre de 2018 que – durante la rebelión de abril – los Ortega-Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad; y en ese mismo año la ONU mostró un e informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en dicho contexto.
La CIDH, a través del GIEI, declaró que durante las protestas antigubernamentales de abril de 2018 se reportaron más de 325 muertes, de los cuales 24 eran menores de edad. A estos hechos se les suman un sinnúmero de denuncias de violencia política, encarcelamiento de opositores, entre otros, además del más reciente fraude electoral de Ortega y Murillo para perpetrarse en el poder por cinco años más.
“La realidad objetiva demuestra que la disputa por el poder en las Américas en el siglo XXI está dada entre la defensa de la libertad y los derechos humanos frente a regímenes que tienen el terrorismo de Estado como sistema de gobierno. Es la lucha entre la libertad y la opresión, entre la temporalidad en el poder con rendición de cuentas y la permanencia indefinida con impunidad, entre democracia y dictadura. En términos concretos hoy, entre el socialismo del siglo XXI o castrochavismo y la democracia que es derecho de los pueblos”, valora García Berzaín.
Cuba lidera las dictaduras de la región
Brevemente el experto explica en su artículo, que “la dictadura de Cuba que detenta el poder hace 63 años es la que lidera el grupo de regímenes violadores de derechos humanos que ha instalado y sostiene en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en su mismo modelo, con sus mismos métodos y también con iguales resultados de opresión, narcoestados, destrucción nacional y miseria”.
Añade además, que Cuba lidera también la trama internacional de alineamiento con regímenes similares en el mundo como China, Irán, Rusia, Corea del Norte y más, para dar soporte a las dictaduras de las Américas en el toma y daca de encubrir los crímenes que cometen y desestabilizar las democracias.
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Asimismo señala que un grupo gobiernos de países con democracia ha volcado su política exterior y importantes recursos de sus ciudadanos al sostenimiento y defensa de las dictaduras del castrochavismo, por ejemplo: “Fernández/Kirchner desde Argentina y López Obrador desde México que se han convertido en cómplices del encubrimiento de delitos de lesa humanidad que se han cometido y se cometen en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Están señalados como gobiernos paradictatoriales”.
Violaciones de DD.HH. que rematan con el fraude electoral
El experto resume todo lo ocurrido en 2021 en Nicaragua, como “el testimonio más notorio de la comisión de delitos de usurpación, asociación delictiva, coacción, falsedad material, falsedad ideológica, supresión de derechos, acusación y denuncias falsas, sometimiento a prisión indebida, manipulación judicial, prevaricación, torturas, atentados contra la seguridad de las personas, asesinatos, violación de la libertad de prensa y de expresión y decenas de crímenes que rematan en el fraude electoral”.
“Los crímenes de Ortega y Murillo han sido infraganti y son de publica comprobación, desde la elaboración y aprobación de “leyes infames” que en lugar de proteger los derechos humanos los violan institucionalmente, pasando por la publica manipulación de todos los poderes del Estado, la amenaza desde el gobierno, la persecución sistematizada con la judicialización de las acusaciones falsificadas, el apresamiento de candidatos para someterlos a prisión indebida forzando el exilio de otros líderes, la ilegal inhabilitación electoral, hasta la preparación y consumación del fraude electoral para encubrir el ausentismo de cerca del 80% de los votantes”, argumentó.
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“El camino del delito del dictador de Nicaragua, su esposa y su grupo de delincuencia organizada está documentado y probado publica e internacionalmente. Nadie duda alguna que detenta y retienen el poder bajo el sistema de “terrorismo de Estado” que es la utilización de métodos ilegítimos por parte del un gobierno, los orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”, sostiene.
En Nicaragua impera el terrorismo de Estado
García Berzaín, explica que el terrorismo de Estado contiene “delitos de lesa humanidad”, pues de acuerdo al Estatuto de Roma artículo 7 inciso 1 es “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:…e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f).- Tortura..” y la “normas fundamental en el caso de Nicaragua es la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Con esta plena prueba, los líderes, las democracias de las Américas, el Tribunal Penal Internacional, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, tienen una sola obligación -que hace a su propia seguridad e interés- que es aplicar el derecho y cesar la dictadura de Nicaragua, pues de contrario y bajo su responsabilidad se habrá instalado la situación de indefensión de la democracia”, advierte.