Las dictaduras utilizan a los presos políticos para infundir miedo en la población, obligándola a no luchar por sus derechos humanos y quedar sometida e indefensa por el miedo, expresó este miércoles, el abogado y politólogo, director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, en un artículo de opinión.
El especialista sostuvo que en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua «hay presos políticos que son torturados y utilizados como prenda de negociación cuando, en realidad, son prueba flagrante de crímenes de lesa humanidad que los dictadores y sus operadores deben ser acusados legalmente».
Señaló que «uno de los arreglos más despreciables para retener el poder con el «terrorismo patrocinado por el Estado” es encarcelar injustificadamente a las personas que piden la libertad».
En Nicaragua, según el organismo independiente, Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene privados de libertad por razones políticas a 167 personas.
Al acercarse las elecciones del 7 de noviembre en el país, las cuales fueron malogradas por la dictadura, la represión se incrementó, dejando en la cárcel a más de 40 líderes opositores, entre finales de mayo de este año a la fecha. Algunas de esas personas ya cumplieron más de 200 días de detención.
Crimen de lesa humanidad
Según Sánchez Berzaín, el encarcelamiento políticos es un crimen de lesa humanidad.
Explica que, el artículo 7, sección 1 del Estatuto de Roma establece que: “A los efectos de este Estatuto, crimen de lesa humanidad significa cualquiera de los siguientes actos cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, con conocimiento del ataque. . . e) El encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional; (f) Tortura…». Las reglas fundamentales del derecho internacional son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras.
«Encarcelar y torturar políticamente es el método generalizado o sistemático que se institucionaliza en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y son crímenes de lesa humanidad que están cometiendo Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel en Cuba; Nicolás Maduro, Diosdado Cabello en Venezuela, Luis Arce, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega, Rosario Murillo en Nicaragua. Todos ellos con sus grupos de matones, secuaces, torturadores y sicarios que se presentan como miembros de instituciones gubernamentales como fuerzas de seguridad, policías, fiscales, jueces, funcionarios de los sistemas penitenciarios y propaganda», expresó en su artículo.
Aprobaciones de leyes represivas
Añade que, el sistema de encarcelamiento político en las dictaduras del socialismo del siglo XXI está tan institucionalizado que han agregado reglas en sus constituciones y han legislado leyes que son retroactivas en lugar de la irretroactividad de la ley, «que determinan detenciones caprichosas al capricho de sus operadores, quienes limitan o eliminan el derecho a la defensa, permiten el enjuiciamiento de los abogados defensores, prolongan o manipulan las fases procesales a su conveniencia. Las dictaduras han creado ´leyes despreciables´ que destruyen el ´debido proceso legal´ instituyendo una ´manipulación criminal legal´».
Insiste en que la ausencia del “Estado de Derecho” y la concentración total del poder también revela, como metodología de las dictaduras del siglo XXI o castrochavismo, el uso del poder judicial, fiscales y jueces, para realizar denuncias indebidas, falsear pruebas y delitos, violar todos los elementos del “debido proceso legal”, acusan a las víctimas de los delitos que cometen los victimarios y luego se convierten en acusadores de las víctimas, y extienden las acusaciones indebidas a los abogados de las víctimas ya sus familiares.
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En Nicaragua, entre los más de 40 líderes de la oposición encarcelados están siete potenciales candidatos presidenciales, detenidos bajo la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida por el régimen como “Ley de Soberanía”, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2020.
En tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional han actuado de la misma manera, luego de que la Asamblea, también reforma la Ley No.406, del Código Procesal Penal de Nicaragua, que amplió de 48 horas hasta 90 días el plazo en el que un ciudadano puede estar preso sin ser acusado, y sea —según la narrativa del régimen— investigado a “profundidad”.
Esta reforma al CPP y la “Ley de Soberanía” son parte del paquete de leyes y normativas represivas que el régimen aprobó para silenciar y encarcelar a opositores. En estas legislaciones se incluye la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, y una enmienda constitucional que impuso la cadena perpetua por “crímenes de odio”.
Presos políticos son víctimas de tortura
El especialista reitera que «los presos políticos del Sistema Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), bolivariano, socialista o castrochavista, en las dictaduras americanas del siglo XXI son víctimas de; la violación de su derecho humano a la libertad, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la protección ante la ley, los jueces imparciales, la irretroactividad de la ley, la debida legalidad y proceso. Además, el sistema de estas dictaduras, a través de narrativas falsificadas, comete el asesinato de la reputación de las víctimas”.
Los presos políticos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son víctimas de tortura que es el “dolor físico o psicológico severo infligido de manera deliberada a una persona… Celdas de aislamiento, restricción de comida o vestimenta, oscuridad o luz extremas, golpizas y torturas brutales. Estas prácticas delictivas contra personas indefensas que, en muchos casos, terminan con su muerte, han sido ampliamente documentadas por los medios de comunicación, organizaciones y familiares de los presos», insistió Sánchez Berzaín.
Diferentes organizaciones y asociaciones de presos políticos y familiares de presos políticos, así como, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional han demandado la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos de Nicaragua.
