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Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la toma de posesión, este 10 de enero.

Cómo arranca la economía en el cuarto mandato de Daniel Ortega. Estas son las perspectivas a partir de ahora

LA PRENSA te presenta una explicación detallada sobre la situación en ocho campos de la economía en el arranque del cuarto mandato ilegítimo de Daniel Ortega y las perspectivas a corto plazo

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En medio de un aislamiento internacional sin precedente, Daniel Ortega arrancó este 10 de enero su cuarto año consecutivo al frente del Gobierno de Nicaragua como resultado de unas elecciones que la comunidad internacional tilda de ilegítimas. Con ello, la economía, aún convaleciente por tres años de recesión, también entró a un terreno desconocido, con perspectivas a corto y mediano plazo inciertas, cuyo horizonte Ortega intentó despejar, horas antes de ser juramentado, firmando cuatro acuerdos de cooperación con China, la única luz al final del túnel que la dictadura puede vislumbrar y cuyos resultados aún están por verse.

Pero mientras se conocen los resultados tangibles que le puede dejar su nueva alianza con China, Ortega deberá conducir la economía prácticamente en un contexto menos favorable con relación a sus administraciones anteriores, cuando además de contar con el espaldarazo de la empresa privada, también tenía asegurado el apoyo de los organismos financieros internacionales e inversionistas extranjeras, aún con todos sus matices.

Además, pese a su hostil relación con Estados Unidos, el régimen mantenía un vínculo relativamente estable con la primera potencia económica del mundo, sin la presión que implican hoy por hoy la batería de sanciones que Washington le ha recetado y cuyo contexto ha empeorado tras la decisión de la Unión Europea (UE) de ejercer también presión contra la dictadura, por las violaciones de derechos humanos y la apropiación ilegítima del poder.

Este último escenario no ensombrecería el futuro inmediato de la economía de Nicaragua, sino fuera porque Estados Unidos es el primer socio comercial del país. A ese mercado se va un poco más del 45 por ciento de las exportaciones nicaragüenses; allí se venden cerca del 80 por ciento de los productos que se fabrican en zona franca, donde se generan más de 130 mil empleos; y vienen casi 1,000 millones de dólares en concepto de remesas.

También la Unión Europea es un socio importante en materia de cooperación y comercio. Pero más allá del peso económico de ambos bloques, mantener relaciones saludables con esas dos regiones, da a cualquier país un plus de confianza a los inversionistas y organismos financieros internacionales, un elemento que ya no juega a favor de Ortega en este nuevo periodo de gobierno.

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En ese contexto, ¿qué muestran los números económicos en este nuevo ciclo político en Nicaragua? ¿hacia dónde va el país? ¿qué tan sostenibles son esos números de recuperación económica que el Gobierno pregona desde el 2021?

  1. PIB e inflación de Nicaragua

Luego de tres años de recesión, el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua experimentó en el 2021 su primer año de recuperación, aunque los economistas han advertido que realmente se trata de un efecto rebote, puesto que se viene de un 2020 afectado por la pandemia y dos años de caída.

Esos cálculos matemáticos le han dado como resultado al Banco Central de Nicaragua (BCN) una cifra de expansión del PIB que rebasa el 9 por ciento. Ya entre enero y septiembre la economía se había expandido 9.9 por ciento, registrando un promedio de 6.7 por ciento en los últimos 12 meses.

Específicamente, según el presidente del BCN, Ovidio Reyes, el PIB registró un crecimiento del 9.7 por ciento en el tercer trimestre del año pasado, del 17 por ciento durante el segundo trimestre, y del 3.7 por ciento en el primer trimestre. “Con ello, el crecimiento económico acumulado durante 2021 asciende a 9.9 por ciento”, expresó.

Con base en esos datos, el BCN ajustó sus proyecciones y estimó un crecimiento económico de entre 7.5 y 9.5 por ciento en 2021, que se consideraría una de las más altas de los últimos 22 años.

Ovidio Reyes, presidente del BCN. Archivo/LA PRENSA

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“Para el 2022, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3.5 y 4.5 por ciento y una inflación estimada en un rango de entre 2.5 y 3.5 por ciento”, señaló Reyes.

Un optimismo gubernamental, que sin embargo, no contagia a los organismos internacionales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) espera que la economía nicaragüense exhiba un repunte este año de apenas 1.8 por ciento, colocándose en uno de los últimos puestos de América Latina en cuanto a crecimiento.

Entre los riesgos que amenazan el crecimiento económico y con los que Ortega deberá lidiar al menos este año figura la propagación de variantes más contagiosas de la covid-19, incrementos en el precio del petróleo, alzas de las materias primas a nivel mundial, la crisis sociopolítica, crédito bancario limitado, poca inversión privada y extranjera, más sanciones, etcétera.

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El economista Néstor Avendaño publicó en su blog personal un artículo titulado Cinco retos económicos de Nicaragua en 2022, donde plantea que la solución de los problemas estructurales de la economía nicaragüense garantizará el mantenimiento de un crecimiento económico sostenible y el salto hacia la fase del desarrollo económico del país.

Es decir que Ortega tendría que resolver varios «cuellos de botella» que durante los últimos 15 años no ha podido dar respuesta, como son: el aumento de la productividad económica y la competitividad empresarial, la disminución de los costos por unidad de producción, la mejora de la educación técnica de la fuerza laboral, el acceso de los productores a la tecnología y el desarrollo de la agroindustria para agregar más valor a la producción, entre otros. Esto le permitiría «oxigenar» la economía.

2. Inversión Extranjera Directa (IED)

La IED pasó de distinguirse como uno de los motores del crecimiento económico de Nicaragua, a uno de los indicadores más golpeados por tres años de recesión, principalmente por la crisis sociopolítica, que ha profundizado la incertidumbre.

El Banco Central informó en noviembre que empresarios de al menos seis países realizaron inversiones por 577.8 millones de dólares en el primer semestre de 2021, especialmente en el área de energía y minas, así como manufactura y telecomunicaciones. Los datos indican que este comportamiento representa un crecimiento de 180.2 por ciento en comparación con igual periodo de 2020.

Archivo/LA PRENSA

Los países que menciona el BCN son: Estados Unidos, Canadá, Panamá, México, España y Costa Rica. En ese momento, el presidente de la entidad indicó que esperaban cerrar 2021 con 1,200 millones de dólares en inversión extranjera bruta, lo que superaría los niveles observados en los últimos tres años.

Y aunque los números reportados por el BCN parecieran reflejar una recuperación, lo cierto es que se trata de inversiones puntuales y de proyectos que ya se habían incubados en años anteriores. Desde el 2018, tras la explosión social y la represión, Nicaragua ha visto deteriorado su clima de inversión.

El país ha sido golpeado por un aumento de la inseguridad jurídica y de deterioro del clima de inversión, dos condiciones claves que buscan los inversionistas extranjeros. Especialistas han explicado que el conflicto social genera inestabilidad sociopolítica, esta aumenta el riesgo país y el riesgo político, baja los niveles de inversión, y provoca una contracción de los niveles de flujo de IED.

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También han señalado que es difícil que un inversionista, tanto extranjero como nicaragüense, confíe en un país donde no hay respeto al Estado de derecho, a los derechos humanos e independencia de los poderes del Estado. De hecho, Estados Unidos, que es visto como una brújula a nivel internacional, instó a los inversionistas a ser “extremadamente cautelosos” si estaban pensando traer sus capitales al país.

“Los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega. Han pasado casi tres años desde que la crisis político-económica de 2018 dejó más de 300 manifestantes pacíficos muertos, 2,000 manifestantes heridos y más de 100,000 nicaragüenses desplazados y solicitando asilo fuera de Nicaragua. El régimen de Ortega continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a presos políticos y haciendo caso omiso del Estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria”, señaló el Departamento de Estado en julio de 2021.

Además, el Doing Business 2020 — un estudio que realiza el Banco Mundial (BM) para medir la facilidad de hacer negocios en el mundo —, dio a conocer que Nicaragua es uno de los países más complicados para hacer negocios. En ese año, de los 190 países evaluados, Nicaragua se ubicó en el puesto 142 y obtuvo una calificación de 54.4 de 100.

3. Relación con el sector privado

Por principio universal, el sector privado en cualquier país es actor clave para lograr el desarrollo de una nación y crear riqueza. No en vano, la Organización de Naciones Unidas ha destacado la importancia de que los gobiernos se creen alianza público privado par cumplir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Pero Ortega ya no cuenta con ese aliado. Actualmente el Gobierno mantiene en una relación hostil con la empresa privada. En 2018, Ortega rompió la alianza que mantuvo por 11 años con el sector empresarial de Nicaragua, al explotar la crisis sociopolítica del país.

El pasado 21 de octubre, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y el vicepresidente de la misma cámara empresarial, Álvaro Vargas, fueron detenidos por la Policía Nacional por una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos.

Michael Healy (i) y Álvaro Vargas (d). Archivo/LA PRENSA

Con dicha acción, Nicaragua se convirtió en el primer país en América Latina y el Caribe donde el gobierno encarcela al máximo representante del sector privado. Además, la recurrente detención de opositores continúa dejando a Nicaragua con una imagen negativa ante la comunidad internacional.

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 “No veo que el flujo de IED se reactive sustancialmente, tomando en cuenta que acá se mete presos a gerentes de bancos y líderes empresariales gremiales y están bajo amenaza todas aquellas personas que critican o expresan no estar de acuerdo con el Gobierno, eso vuelve muy difícil un despegue económico de Nicaragua”, compartió recientemente a LA PRENSA un economista, quien prefirió el anonimato por temor a represalias.

4. Precio de canasta básica, desempleo y pobreza

Por otra parte, la recuperación económica se ha visto contrarrestada a nivel interno, por un fuerte deterioro en el poder adquisitivo debido a un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios locales, un fenómeno inflacionario que si bien está golpeando al mundo y a Centroamérica, los números oficiales muestran que las mayores alzas se han sentido más en Nicaragua que en el resto de la región.

Se teme que la espiral continúe en el 2022, lo que puede poner mayor presión social a medida que los hogares sientan pérdida en la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas.

Esta presión inflacionaria en Nicaragua se puede observar en el aumento en el costo de la canasta básica. Datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) revelan que hasta octubre esta se ubicó en 15,512.57 córdobas, es decir, 986.23 córdobas más que el monto registrado en diciembre de 2020 (14,526.34 córdobas).

Además, si se coteja el valor de la cesta con respecto a octubre de 2020 cuando se cotizaba en 14,273.02 córdobas, se refleja un incremento de 8.6 por ciento y una diferencia monetaria de 1,239.55 córdobas en solo un año. Aunque, especialistas han advertido que el valor de la canasta puede ser mayor a lo que reflejan las cifras oficiales.

Los datos del Inide indican que de los tres segmentos que conforman la canasta básica (alimento, vestuario y usos del hogar), el grupo de los 23 alimentos es el que más experimentó encarecimiento en sus precios, en concreto, en los diez primeros meses de 2021, aumentó 722.09 córdobas.

Archivo/LA PRENSA

En paralelo, Ortega deberá un trabajar para recuperar los más de 130 mil empleos que siguen sin recuperarse y que empeoran la posibilidad de mantener bajo control la presión social.

Y es que aunque los números oficiales indican que hasta noviembre de 2021, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) contaba con 774,404 afiliados frente a los 714,540 trabajadores que cotizaban en el mismo mes de 2020, la cifra aún está lejos de los 914,196 cotizantes de 2017, la cifra más alta que ha registrado la institución en los últimos 27 años.

El economista Avendaño en un análisis reciente explicó que la tasa de desempleo abierto, en términos promedio trimestral como un porcentaje de la población económicamente activa (PEA), subió de 3.68 por ciento en 2017 a 5.45 por ciento en 2018, y continuó bajando a 5.42 por ciento en 2019, 4.95 por ciento en 2020 y 4.77 por ciento en los tres primeros trimestres de 2021. Es decir aún no se logran los niveles previo al 2018.

También compartió la tasa de inactividad, que se estima con el porcentaje del número de personas de 14 años y más que están inactivas con respecto a la población en edad de trabajar. Específicamente, esta tasa subió de 26.50 por ciento en 2017 a 28.37 por ciento en 2018, y continuó subiendo en 2019 (28.95 por ciento), 2020 (30.95 por ciento) y en los tres primeros trimestres de 2021 (32.47 por ciento).

“La tasa de inactividad estimada por el Inide se aproxima al dato resultante de la suma de la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente, relacionada con el subempleo que incluye a las personas que trabajan menos de 8 horas diarias tal como lo manda el Código del Trabajo, como un porcentaje de la PEA, y que estimo en los niveles de 29.6 por ciento en 2021 y 30.3 por ciento en 2022”, mencionó.

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5.  Situación financiera del INSS

Quizás una de las ollas de presión que ensombrecen las finanzas públicas es otra vez la irresuelta crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que fue el detonante de 2018.

Y es que aunque la economía ha crecido más del nueve por ciento en el 2021, el INSS registró hasta septiembre un déficit de 426.7 millones de córdobas, según cifras divulgadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Además, las proyecciones que incluye la propuesta de Presupuesto General de la República 2022, demuestran que el instituto completará un periodo de nueve años consecutivos de desequilibrio financiero.

Según el documento, el hueco financiero global del INSS al cierre de 2020 fue de 3,597.9 millones de córdobas, y estima que para final de 2021 esta cifra descenderá a 3,263.8 millones. Sin embargo, el Gobierno proyecta que en 2022 el déficit crecerá aún más y se ubicará en 3,603.6 millones de córdobas.

Archivo/LA PRENSA

 6. Remesas siguen fluyendo

Uno de los indicadores positivos para el régimen de Daniel Ortega son las remesas, que se esperan sigan creciendo. Entre enero y noviembre de 2021, la comunidad de migrantes envió a sus familiares 1,933.2 millones de dólares, superando de esta manera a los 1,851.4 millones de dólares recibidos en todo el 2020, según revelan las estadísticas del BCN.

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En detalle, en los primeros 11 meses de 2021 la economía captó 273 millones de dólares adicionales a los 1,600.5 millones que llegaron en igual periodo de 2020. Los números muestran que Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de origen de este dinero para Nicaragua. En total, de ese país ingresaron 1,231 millones de dólares.

Las remesas durante la administración de Daniel Ortega han sido fundamentales en la reducción de la pobreza, e incluso más efectivas en el combate a la pobreza que los mismos programas estatales, según han concluido estudios independientes. De mantenerse la recuperación de la economía de Estados Unidos, estos envíos seguirán favoreciendo a la economía.

7. Exportaciones en crecimiento, también las importaciones

Otro número a favor de la economía de Nicaragua y que le dan a Ortega cierta tranquilidad es el sector exportador, aunque este se encuentra amenazado por una posible suspensión de Nicaragua del DR-Cafta, su principal ventaja competitiva para exportar a Estados Unidos.

Archivo/LA PRENSA

Según datos del Banco Central de Nicaragua entre enero y octubre las exportaciones totales ascendieron a 5,733.6 millones de dólares, contabilizando un crecimiento de 27.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020.

Por otro lado, en los primeros diez meses del año pasado, las importaciones totalizaron 6,923.4 millones de dólares, un 42.9 por ciento más que lo facturado en el mismo lapso de 2020 (4,845.9 millones).

8. Reservas y préstamos externos

También el régimen de Ortega comienza su cuarto mandato consecutivo con unas reservas internacionales relativamente sostenibles, con más de 4,000 millones de dólares, impulsadas por el ingreso de más préstamos y donaciones obtenidos en el 2021 a raíz del impacto de la pandemia y los huracanes Iota y Eta en el 2020, luego de casi tres años de «sequía» financiera en los organismos financieros.

Solo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el 2021 blindó a la dictadura con aprobaciones de 812.90 millones de dólares. Además en la bóveda del Banco Central el Gobierno tiene en depósitos más de 30 mil millones de córdobas, lo que le permitirá al menos gobernar cómodamente el primer año de su periodo de cinco.

¿Cuáles son las perspectivas económicas para 2022?

En consultas con un economista, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, compartió que, a partir de este 10 de enero, las sanciones y las presiones internacionales y nacionales podrían incrementarse, creando un ambiente denso para la economía nicaragüense.

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Esta situación, a su criterio, provocaría serios problemas a la hora de establecer contactos con la inversión extranjera y posibles socios comerciales, incluso ubica a Nicaragua en una posición difícil ante los diferentes tratados internacionales a los que, hasta el momento, pertenece.  

“La presión internacional es fuerte y eso que todavía no se está aplicando totalmente la Nica Act o la Ley Renacer. Ahorita muchas de las fuentes de financiamiento del Gobierno están proviniendo de organismos internacionales. Cabe aclarar que todo lo que es ayuda humanitaria no se va a detener, sin embargo, sí se va a ver sumamente complicado lo que tiene que ver con apoyo al Presupuesto o apoyo a obras públicas”, compartió.

Y agregó que es posible que haya un incremento de la pobreza en general, y de la informalidad. “En relación al sector privado, es difícil su situación. Tenemos a varios de sus dirigentes presos, además vemos una fuerte presión sobre el sistema financiero porque el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) ya ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, y el sector bancario es sumamente sensible ante este tipo de acciones”.

“Este año el régimen se enfrenta a un reto desalentador”

El economista y sociólogo, Óscar René Vargas, sostiene que el crecimiento económico del año pasado “de más del 5 por ciento no se tradujo en un incremento, en la misma magnitud, del empleo formal. En el 2022, con un crecimiento del PIB de 1.8 por ciento, el empleo no crecerá igual al 2021”.

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También compartió que el repunte económico de 2021 no se tradujo en innovación empresarial y que las perspectivas para el 2022 son las mismas. “En el 2022, el aumento de los precios de la energía y las materias primas se traducirá en un incremento del costo de la canasta básica en detrimento del nivel de vida de los asalariados formales y trabajadores informales. Asimismo, este año el aumento de los costos en fertilizantes conduce a mayores costos de producción en la agricultura”.

Agregó que, un “régimen de bajo crecimiento”, acompañado de una tendencia alcista en los precios de la energía y las principales materias primas, conduce a la exasperación de los sectores vulnerables.

A criterio de Vargas, la cifra de «working poors» (trabajadores cuyo ingreso se encuentra por debajo del umbral de la pobreza) se va incrementar en el 2022, como consecuencia del incremento del costo de la cesta familiar y de los salarios por debajo de la inflación, como sucedió el año pasado.

Explicó que el incremento del empleo no ha sido la hoja de ruta para salir de la pobreza y aminorar la desigualdad, “muy al contrario, una y otra están enquistadas en el sistema y no se reducen simplemente con el aumento cuantitativo de la ocupación. Este fenómeno se mantendrá en el 2022”.

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“La creación de empleo decente, salarios dignos y plena garantía de los derechos sindicales y ciudadanos; y la reducción de la pobreza y la desigualdad en el mundo del trabajo hace imprescindible y urgente un replanteamiento en profundidad de la política económica, política, social, laboral y medioambiental. Por lo tanto, en el 2022 prevemos un deterioro social, salarial y económico de los asalariados”, aseguró.

“En el 2021, la inversión neta como porcentaje del PIB ha sido baja o ha disminuido según el sector económico, algo similar será en el 2022. Este año, el régimen se enfrenta a un reto desalentador: mantener su apoyo a corto plazo a la economía al tiempo que previenen las consecuencias sociales no deseadas y los riesgos políticos para la estabilidad económica y financiera a medio plazo. Prevemos un año de condiciones económicas extremadamente difíciles por las cinco crisis y un mayor aislamiento internacional, combinado con sanciones, lo que podría alimentar vulnerabilidades sociopolíticas y tensiones económicas”, concluyó.

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