Nicaragua se convirtió este jueves en la primera economía en América Latina que mantiene tras las rejas al máximo representante de una cúpula empresarial, luego que el régimen de Daniel Ortega ordenara apresar al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, un nivel de represión que supera inclusive a gobiernos tan violentos y restrictivos como Venezuela en el hemisferio.
Junto a Healy también fue detenido el vicepresidente de la misma organización empresarial y también presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas. Ambos están siendo investigados por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos, confirmó la Policía a través de un comunicado.
La dictadura los acusa por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. Así como “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización; proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”, entre otras cosas. Esto confirma la fuerte carga de represión política de la dictadura para lanzarse contra el Cosep.
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Healy, de nacionalidad estadounidense, fue arrestado en la zona de Galerías Santo Domingo, en Managua, tras salir de una “entrevista” a la que fue citado por el Ministerio Público, pero que a último minuto fue reprogramada. Luego de la detención, policías llegaron a su vivienda y empezaron a allanarla.
Para el analista político Eliseo Núñez, este tipo de acciones del Frente Sandinista no son nuevas. “Ya había capturado a don Enrique Bolaños en los años 80 y ahora a Michael Healy, es decir, ellos aplican siempre el mismo modelo”, agregó.
“Cada vez queda más claro cuál es el objetivo del diálogo de Ortega, es sentar a una empresa privada que tiene sus presos y a unos partidos políticos que van a tener la representación que Ortega les asigne en esta elección. Definitivamente ese diálogo no soluciona el problema del país”, sostuvo.
El pasado 12 de octubre en la sesión plenaria del Legislativo, el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, manifestó la apertura del régimen a un nuevo diálogo, previsto a realizarse luego de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
En ese momento, Gutiérrez aseguró que si el “gran capital” quiere unirse a al diálogo, después de las votaciones, serían bienvenidos. Además, dio a entender que no formarían parte quienes piden sanciones para Nicaragua.
“Ya lo dijo el presidente Ortega también, después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país, después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este 7 de noviembre, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos”, manifestó.
Pero además, Núñez señala que la recurrente detención de opositores continúa dejando a Nicaragua con una imagen negativa ante la comunidad internacional. “Es un muy mal mensaje el que está dando y es parte de una estrategia que él ha venido montando, que cada vez que hay una acción internacional, internamente captura a más personas”, mencionó.
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Y es que, la detención de Healy y Vargas se lleva a cabo un día después que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció con 26 votos a favor para demandar al régimen de Ortega la liberación de los presos políticos, de los precandidatos presidenciales y para que se celebren elecciones transparentes, observadas y libres.
De hecho, en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha acelerado su cacería de opositores de cara a los comicios presidenciales y ahora, los empresarios se han sumado a la lista de presos.
“La detención es para ablandarlo y entrar en el proceso de diálogo”
El sociólogo Cirilo Otero considera que la intención de Ortega al detener a Healy es “ablandarlo” para que comiencen pronto el diálogo y con esta acción mejorar la percepción que se tiene del país a nivel internacional, es decir, dar a entender que “hay conversaciones, que estamos en el preámbulo de los entendimientos y la negociación”.
“Es un juego de imagen, después del 2018 él (Ortega) no ha tenido control del sector empresarial representativo, aunque tenga conversaciones con los más grandes, pero esos no logran convocar”, mencionó al respecto.
El sector privado fue uno de los principales sostenes del régimen Ortega Murillo hasta 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica. De hecho, antes de liderar al Cosep, Healy fungió como presidente de Upanic y fue cuando, durante el primer diálogo nacional, amenazó al Gobierno con hacer un paro nacional y pidió la renuncia de Ortega.
“Michael Healy ha dado algunas respuestas que son bastantes cerradas y hasta donde entiendo, en las reuniones del Consejo Directivo él ha sido de la posición, ‘si no hay arreglo político, nada tenemos que discutir económicamente’”, enfatizó Otero.
Desde antes del 2018, Healy era una de las pocas voces críticas contra el rumbo que estaba llevando Cosep, que mantenía un coqueteo con la dictadura a través de un esquema de consenso y diálogo, que le permitía al grupo empresarial incidir en las decisiones económicas e incluso llegaron a cogobernar al tener un representante en cada una de las instituciones del Estado.
El sociólogo sostiene que la detención busca “ablandarlo (al sector privado) y entrar en el proceso de diálogo, ahora hay duda de que si ese diálogo podría comenzar antes del 7 de noviembre, tendría que ser así para dar una imagen de que hay entendimiento y no declaren este proceso de votaciones absolutamente ilegal. Sobre la detención de Healy, seguro en Centroamérica habrá una protesta escrita de la organización de empresarios”.
Otero recordó que ya hay un alto funcionario de la banca que se encuentra preso. Se trata del banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro Grupo Promérica, detenido la noche del 15 de junio por la Policía orteguista, por supuestamente realizar una serie de delitos que “menoscaban la soberanía” del país.
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Pero, también se encuentra detenido, desde el 8 de junio, el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien fue acusado por el Ministerio Público de “conspiración” y “menoscabo a la integridad nacional”, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
“Esta dictadura ha sobrepasado todos los límites, hasta le quitan los pasaportes a la gente en los aeropuertos, todos estamos presos”, expresó Otero.
La represión podría empeorar
El sociólogo, economista y analista político, Óscar René Vargas, explicó que el encarcelamiento de Healy demostraría que Ortega Murillo continúan en la lógica de “el poder o la muerte”, dejando por fuera toda posibilidad a una salida negociada.
“Ortega piensa que Estados Unidos no va a dar el paso de botarlo por otros medios, por lo tanto, las sanciones que pueden aplicar no ponen en peligro su poder. Mientras no le corten el financiamiento internacional, Ortega seguirá en su lógica de ´el poder o la muerte´”, indicó.
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Y agregó que, en los últimos meses, el Gobierno ha acumulado reservas internacionales “previendo un corte del financiamiento internacional. Dentro de esa estrategia lo apoya el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que lo transforma en cómplice del régimen”.
Vargas también compartió que si la OEA, en la Asamblea General que tendrá lugar el 10 de noviembre, condena a Ortega, indicaría que la represión “va a arreciar, en lugar de amainar”, debido a un cambio desfavorable del escenario político para el régimen.
“¿El encarcelamiento de Healy indicaría que el Cosep no quiere participar en el diálogo? No sería conveniente para la dictadura en el escenario post 7 de noviembre. ¿Ortega busca descabezar el Cosep y poner a algún empresario afín a ellos y de esa forma hacer otra farsa de diálogo?”, cuestiona Vargas.
A criterio del especialista, después de la resolución de la OEA presentada ayer, Ortega tiene conciencia de que luego de la “farsa electoral”, el escenario es totalmente desfavorable para él.
“Está dispuesto a todo, no importando las consecuencias inmediatas con tal de conservar el poder. Los espacios se cierran. El único camino que queda es la confrontación; desgraciadamente. Él piensa que ese camino es largo, gana tiempo pensando que puede haber un hecho fortuito que pueda cambiar la correlación de fuerza a su favor”, concluyó.
Sector privado regional reacciona
El Cosep denunció ayer que Healy fue detenido arbitrariamente por la Policía y destacó que goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 3 de agosto de 2018.
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El sector privado rechazó en masa la detención de Healy y Vargas, y reclamó la liberación de estos, así como el respeto a la vida y sus derechos humanos.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia lamentó “profundamente el deterioro escalonado y sistemático de las libertades de asociación, ejercicio empresarial, expresión y movilización, de las personas que dirigen las organizaciones más representativas de los empresarios en Nicaragua igual que de líderes políticos y sociales”.
Además los empresarios colombianos, que se solidarizaron con los nicaragüenses, pidieron a la comunidad internacional “para que una su voz en rechazo de las acciones adelantadas por el gobierno de Daniel Ortega en contra de los líderes empresariales de Nicaragua y exija restablecimiento de sus derechos humanos vulnerados”.
La Confederación de la Producción y del Comercio de Chile también emitió su rechazo y reclamó a Ortega por lo que consideró un acto “ilegítimo” y atentorio contra los derechos humanos. “Los empresarios chilenos enviamos nuestra solidaridad a los empresarios de Nicaragua que hoy están siendo oprimidos y vulnerados en sus derechos humanos, así como a todo el pueblo nicaragüense, con la esperanza de que pronto recuperen la paz social y la estabilidad democrática, puesta en riesgo por la actual dictadura”.
La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) dijo que «estos hechos van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica».
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado de Costa Rica, que también reclamó la liberación de los líderes empresariales antes del 7 de noviembre, dijo que «lo que ocurra en Nicaragua y otros países de la región nos afecta a todos los habitantes del istmo debido a la estrecha hermandad que nos une».
Además consideró que la privación de libertad de los empresarios «es un indicador de que los procesos de diálogos y participación ciudadana están cerrados, por lo que se insta a las autoridades de ese país y a la sociedad a que se abran a las vías democráticas».
Healy fue electo presidente del Cosep en septiembre de 2020 y actualmente es miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.