La dictadura sigue actuando incoherente. Un día después que promovió en España a Nicaragua como destino para invertir, se lanzó finalmente contra el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), al secuestrar al presidente y vicepresidente de la organización, lo que significó un ataque frontal contra el sector privado, dejando descabezada a la principal cúpula de empresarios de Nicaragua.
Los representantes de la dictadura de Ortega participaron en un encuentro de promoción de país organizado por Madrid Foro Empresarial, donde informaron de las “óptimas condiciones para la inversión y hacer negocios en Nicaragua”.
Durante el evento, el embajador de Nicaragua, Carlos Midence, aseguró que el Gobierno le ofrece a los inversionistas “elementos esenciales como la seguridad jurídica y la ciudadana”, así como crecimiento económico, tratados comerciales y la agilidad en los trámites para implantar una empresa.
Según medios de propaganda de la dictadura, los empresarios que participaron en el evento se mostraron complacidos con la información recibida, los índices de seguridad y la variedad de opciones para invertir en distintos sectores. Además expresaron su intento de promover una comisión comercial a Nicaragua “lo más pronto posible”.
Al evento asistieron representantes de firmas y corporaciones que tienen interés de invertir en sectores como turismo, agroindustria, economía creativa, servicio y comercio. Entre los participantes se pueden mencionar: CEIM, Ibercaja, Invest in Madrid, Mujeres para el Diálogo y la Educación, Diaphanum, Global News Comunicación, 50PRO, Beatriz Parreño La Tienda del Tee, entre otros.
El encuentro se realizó en la misma semana que la dictadura, que mantiene una relación hostil con el sector privado, ordenó este jueves la captura del presidente del Cosep, Michael Healy, y el vicepresidente Álvaro Vargas, a quienes señala, sin fundamento, de lavado de dinero y otras actividades relacionadas con aspectos políticos e ideológicos.
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Además la dictadura mantiene entre sus rejas al presidente ejecutivo del banco más grande de Nicaragua, así como al expresidente del Cosep, José Adán Aguerri.
Durante la violenta represión en el 2018, la dictadura ordenó saquear comercios, incluidos bancos. Hasta ahora ninguno de los responsables, que actuaron resguardados por agentes policiales y parapolicías, han sido llevados a la justicia ni ha habido de parte del Estado reparación por daños.
El régimen ha sido especialmente hostil con la empresa privada, a la que prometió que pagarían el costo económico que ocasionó la caída en recesión que perduró tres años. Para ello, impuso en el 2019 una severa reforma a la Seguridad Social y tributaria que golpeó duro las finanzas de las empresas.
Igualmente amenazó al sector bancario con sanciones si se sumaba a uno de los paros que organizaciones de la sociedad civil convocaron para presionar por una transición democrática en Nicaragua, razón por la cual Estados Unidos castigó a Iván Acosta, titular de Hacienda y Crédito Público.
En paralelo, el régimen ha confiscado instalaciones a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, además de mantener presos a más de 30 opositores sin cumplir el debido proceso, así como fabricándoles delitos de índole ideológicos.
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Laureano busca inversión en Taiwán
Pero la dictadura no para de buscar inversión en el extranjero. El hijo del dictador, Laureano Ortega, a finales de septiembre animó a empresarios de Taiwán a venir a invertir en Nicaragua. Para ello, la Embajada de Nicaragua en Taiwán con la Oficina Comercial para Centroamérica (CATO) organizaron un foro denominado: “Oportunidades de Inversión en Nicaragua–Foro en Línea 2021”.
En el evento participaron altos cargos del Gobierno de Taiwán, según informaron medios oficialistas. La isla ha sido fuertemente criticada en Nicaragua por su silencio ante las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura, a la que le ha incrementado significativamente la cooperación financiera, a medida que otros países la han disminuido.
Taiwán requiere de aliados a nivel internacional para ser reconocida como país soberano y a cambio da soporte económico a sus aliados.
En julio de este año, Estados Unidos emitió una advertencia a los inversionistas internacionales. “Los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega… El régimen de Ortega continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a presos políticos y haciendo caso omiso del Estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria”.