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CONTENIDO EXCLUSIVO.Antes del 2018 el régimen de Daniel Ortega se vanagloriaba de la llegada de inversionistas internacionales y la decisión de los empresarios locales de aumentar la capacidad de sus negocios mediante ampliaciones. Tal era la algarabía, que en 2016 el Gobierno celebró que la inversión extranjera directa se había triplicado desde 2006 y el próximo objetivo era superar la barrera de los 1,500 millones de dólares.
“Nicaragua cuenta con un gobierno pro inversión que se encarga de facilitar el establecimiento de proyectos de inversión en el país, la creación de políticas macroeconómicas que generan estabilidad, y de la implementación de un exitoso Modelo de Diálogo y Consenso con los actores del sector privado y los trabajadores”, resaltó en su momento la Agencia de Promoción de las Inversiones, ProNicaragua.
Efectivamente, Nicaragua había mejorado su posición en los índices internacionales que cada año divulgan los organismos financieros internacionales y que suelen ser consultados por cualquier inversionista que desee llevar su capital a un determinado territorio. Es casi como una lectura obligada.
Hasta el 2017, el Índice de Paz Global de este año, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, destacaba a Nicaragua como uno de los lugares más pacíficos y con un clima de inversión favorable en América Latina. Nicaragua ocupaba la segunda posición en la región, después de Costa Rica.
El régimen de Ortega le ofrecía a los inversionistas nueve razones para venir a Nicaragua. Se definía como un Gobierno pro inversión, favorable clima de inversiones, ubicación estratégica, disponibilidad de recurso humano calificado, acceso preferencial a mercados, estructura de costos competitiva, sólido marco legal, atractivos incentivos fiscales y abundantes suelos fértiles.
Sin embargo, de un año a otro el régimen de Daniel Ortega le metió una “estocada a muerte” a la inversión extranjera directa (y de paso a la inversión nacional privada), que conllevó, incluso, que su principal socio económico, Estados Unidos, este año instara a los inversionistas a ser “extremadamente cautelosos” si estaban pensando traer sus capitales a Nicaragua.
“Los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega. Han pasado casi tres años desde que la crisis político-económica de 2018 dejó más de 300 manifestantes pacíficos muertos, 2,000 manifestantes heridos y más de 100,000 nicaragüenses desplazados y solicitando asilo fuera de Nicaragua. El régimen de Ortega continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a presos políticos y haciendo caso omiso del Estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria”, señaló el Departamento de Estado el miércoles 21 de julio.
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La inversión extranjera está en niveles mínimos. Pasó de distinguirse como uno de los motores del crecimiento económico de Nicaragua, a uno de los indicadores más golpeados por tres años de recesión, principalmente por la crisis sociopolítica, que ha profundizado la incertidumbre y este año no es la excepción.
Según el informe de la Balanza de Pagos, publicado recientemente por el Banco Central de Nicaragua (BCN), en el primer trimestre del año el país captó 54.3 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), es decir, 59.9 por ciento menos que el flujo neto registrado en el mismo periodo del año pasado (135.6 millones de dólares).
Antes del 2018, cada trimestres los flujos de inversión extranjera superaban los cien millones de dólares y su nivel más bajo llegó a ser de ochenta millones de dólares, lo que refleja el nivel de contracción de este indicador.
En concreto, ¿qué acciones ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega que han espantado a los inversionistas internacionales? ¿Repitió los errores de la década de los ochenta, cuando también quebró la economía y ahuyento la inversión extranjera?
1. Saqueos y confiscaciones
En el contexto de la crisis actual, el régimen desempolvó y puso en marcha uno de sus mayores errores del pasado: las confiscaciones. Desde el 2018 hasta la fecha, el Gobierno ha llevado a cabo un sinnúmero de expropiaciones a medios de comunicación independientes, que al final son empresas privadas; ordenó la toma de fincas de los productores y ha confiscado bienes a organizaciones no gubernamentales (ONG), a las que considera una amenaza.
Solo en el 2018, el sector productivo denunció la toma de 32 propiedades en siete departamentos de Nicaragua, cuyos simpatizantes del régimen de Ortega incluso destruyeron propiedades de inversionistas internacionales. Y aunque en el 2019 el Gobierno se comprometió a devolverlas, algunas de estas siguen tomadas.
En paralelo, en ese año se apoderó de las instalaciones de 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana. Meses después anunció que estas propiedades pasarían a manos del Estado, donde ordenó levantar centros de atención al público del Ministerio de Salud. Esto mismo orientó con las propiedades de más de 40 organizaciones no gubernamentales, a las que sorprendió con despojo de personerías jurídicas y expropiaciones.
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Las tomas ilegales no han parado. El más reciente caso es el allanamiento de LA PRENSA, realizado el pasado viernes 13 de agosto. La Policía cortó la energía, internet y los servidores del medio. Mientras, sus directivos son investigados por “fraude aduanero y lavado de activos”, además mantiene tomadas las instalaciones del periódico más antiguo del país.
Con estas acciones, Ortega pasó por encima de la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 44 prohíbe las confiscaciones. Los bienes inmuebles solo por causa de utilidad pública o de interés social “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización”.
En concreto, el cuarto párrafo establece que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
En el caso específico de medios de comunicación, el artículo 68 cita: “Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”.
Especialistas en la materia han explicado a LA PRENSA que para que un bien o propiedad pase al Estado, bajo la figura de decomiso tendrían que haberse entablado un juicio y debieron haber sido notificados los afectados con una sentencia. Si no se realiza de esta manera, se trata de una confiscación.
Pero más allá de las confiscaciones, el régimen ha ordenado saqueos de negocios, que solo recuerdan los observados a finales de la década de los setenta, cuando el Frente Sandinista encabezó la lucha contra la dictadura de Somoza.
Durante 2018 también se realizaron saqueos a negocios pequeños y supermercados, lo que les provocó millonarias pérdidas. En algunos casos, estos robos ocurrieron a metros de estaciones de la Policía y fueron transmitidos en directo por medios de comunicación oficialistas, lo que hizo creer en ese momento de que se trataba de un plan organizado desde el Ejecutivo para sembrar el caos en el territorio nacional.
Los saqueos ocurrieron un día después que Ortega acusara a los estudiantes, que protestaban contra las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), de participar en protestas junto con pandilleros y de criminalizar las manifestaciones.
Pero eso no terminó ahí, tiempo después iglesias donde se realizaban misas en honor a los asesinados por la represión del Gobierno, fueron asediadas, manchadas con pintas ofensivas, agredidas y saqueadas por turbas afines a Ortega. Se declaró abiertamente enemigo de la Iglesia católica.
2. Inseguridad jurídica y clima de inversión
Lo anterior conllevó a un aumento de la inseguridad jurídica y de deterioro del clima de inversión, dos condiciones claves que buscan los inversionistas extranjeros.
Una fuente especializada en el tema, que prefirió el anonimato por temor a represalias, había explicado anteriormente a LA PRENSA que el inversor trae su dinero para instalar empresas en el país y el riesgo para él es la falta de seguridad jurídica. “Aquí el inversionista sabe que si viene, tiene que venir amarrado con Ortega para que pueda estar tranquilo, porque de lo contrario le quitan lo que traiga”.
Por ejemplo, en mayo de este año, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) repudiaba la expropiación de la empresa guatemalteca Tomza y aseguraba que esa acción alejaba la inversión extranjera, fomentaba la pobreza en el país y ponía en duda la seguridad jurídica.
A través de un comunicado, Fecaica denunciaba la carencia de información sobre este caso. Y aunque el asalto de la propiedad de Tomza data desde el 2016, hasta ahora el Gobierno guarda silencio. A criterio de Fecaica esto ponía “de manifiesto la falta de claridad en el proceder del Gobierno de Nicaragua, quienes a finales del año pasado hicieron el traspaso de la propiedad a su nombre (del Gobierno) sin haber notificado a Grupo Tomza”.
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Todo este deterioro de la inseguridad jurídica implicó retrocesos en los indicadores internacionales. El Doing Business 2020 —un estudio que realiza el Banco Mundial (BM) para medir la facilidad de hacer negocios en el mundo—, dio a conocer que Nicaragua es uno de los países más complicados para hacer negocios.
El año pasado, de los 190 países evaluados, Nicaragua se ubicó en el puesto 142 y obtuvo una calificación de 54.4 de 100. Atrás quedaron las mejoras acumuladas durante la última década previo del 2018.
Según el Índice Global de Competitividad 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, Nicaragua era el segundo país más seguro y estable del continente americano en lo que respecta a la percepción empresarial del crimen organizado. Asimismo, el estudio mostraba que Nicaragua gozaba de una posición competitiva en la percepción de inversión extranjera y estabilidad empresarial, dado que el índice de delincuencia y robo como principal problema para hacer negocios en el 2017 es uno de los más bajos del continente americano.
3. Quebró el Estado de Derecho
Todas esas acciones han trastocado el Estado de Derecho en Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña, explicó a LA PRENSA que “a la par del riesgo país está el riesgo político y acá también tenemos la estabilidad sociopolítica y el grado de Estado de Derecho, es decir, ¿qué tan Estado de Derecho es un país?”
“Eso significa: separación de poderes, respeto a la Constitución Política, orden y gobernabilidad democrática; alternancia en el poder, poder judicial independiente, respeto a los derechos de propiedad y a la propiedad intelectual; reducción de los costos de transacción, aumento del grado de confianza social entre las personas, etcétera. Todo eso tiene que ver con economía institucional y eso le da una imagen de país”, aseguró.
Sostuvo que cuando esto se deteriora y “el aparato gubernamental aumenta los controles”, se traduce como un aumento del nivel de burocracia, lo que disminuye la facilidad para hacer negocios, “porque los particulares quieren hacer sus negocios de manera expedita y desean que haya una regulación eficaz, más no una excesiva, entonces cuando todas estas cosas se dan y hay condiciones políticas desfavorables, eso contrae la IED”, añadió.
El economista también explicó que conflictos como los ocurridos en 2018 ahuyentan la inversión, provocan una fuga de capitales y privan de un elemento esencial para el crecimiento económico de un país, “la acumulación de capital”
“Cuando se detiene la IED nos privamos de transferencias de tecnologías y de que, desde el extranjero, las compañías vengan y generen más empleos formales. También de que aprendamos nuevas prácticas de hacer negocios, es decir, cuando vienen empresas extranjeras uno tiene acceso a conocer nuevos modelos, pero cuando no vienen entonces no es posible acceder a ese tipo de conocimientos”.
Peña considera que el correcto funcionamiento de la economía depende de “instituciones adecuadas, funcionales y eficaces”.
“El modelo de desarrollo depende de la estabilidad sociopolítica y esta, a su vez, del cumplimiento de normas e instituciones (el Estado Social de Derecho, la Constitución Política y las leyes), lo cual presupone confianza, paz y consenso social”, indicó.
Siguiendo esta línea, explicó que “el déficit de confianza, paz y consenso social lleva a sociedades anárquicas, conflictivas e inestables y a naciones fallidas. Lo cual hace que la economía no progrese, sino que mantenga niveles altos de pobreza y desigualdad social, determinando un nivel de vida de subsistencia y sobrevivencia en grupos vulnerables”, agregó.
4. Leyes restrictivas y persecución fiscal
La cacería de ONG en Nicaragua se ha intensificado desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2020, la cual busca controlar las operaciones financieras y actividades que realizan las organizaciones y asociaciones.
De esta manera, la ley brinda más poder al Ministerio de Gobernación (Migob) para que pueda controlar todo el engranaje financiero de cualquier entidad que consideren como “agente extranjero”. Situación que afecta a empresas, instituciones, medios de comunicación y cualquier persona que reciba dinero del exterior.
Desde finales de 2018 hasta la fecha, ya son 40 las organizaciones a las que se les ha arrebatado su personería jurídica.
Especialistas consultados por este Diario han coincidido en que las acciones del Gobierno contra las ONG perjudican principalmente a los ciudadanos, pero también tienen serias implicaciones en el mismo país, creando una imagen negativa ante la comunidad internacional, lo que no alienta a la IED.
Además a raíz del impacto de la crisis económica, que se derivó de la inestabilidad política, el régimen arreció su persecución contra la empresa privada sin distinción. Para ello en el 2019 ordenó la imposición de una reforma a la Ley de Concertación Tributaria y la Seguridad Social, que ha encarecido los costos para producir en Nicaragua.
A través de la reforma fiscal estranguló la liquidez de las empresas, aumentó la carga impositiva de aporte al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y además ha elevado las tasas de varios servicios que ofrece el Estado, todo esto de detrimento del costo empresarial y mayor desempleo. En el marco de esta persecución fiscal, el régimen de Ortega emprendió acciones contra Canal 12 y además ordenó intervención de cinco lotes de la Inmobiliaria Intermezzo del Bosque.
5. Aislamiento internacional
Otro factor que aleja la inversión extranjera de Nicaragua es el creciente aislamiento internacional y sanciones de los gobiernos democráticos al régimen de Daniel Ortega. Sobre el país cierne una posible suspensión en la Organización de Estados Americanos y cada vez crecen las voces para que se expulse a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), lo que sería un golpe definitivo a la economía.
En los últimos días, el régimen Ortega Murillo se ha pronunciado contra varios países, muchos de ellos siendo sus principales socios comerciales, por la simple razón de que estos se han pronunciado sobre el contexto nacional en medio del proceso electoral, de cara a las elecciones de noviembre próximo.
De continuar con estas acciones, Ortega estaría encaminando a Nicaragua hacia un mayor aislamiento internacional que provocaría graves consecuencias sociales y económicas. De hecho, ya inició la retirada de embajadores de varios países, luego que sus gobiernos expresaran su preocupación por la escalada represiva que se ha arreciado en los últimos días, con encarcelamientos de precandidatos presidenciales, líderes opositores, allanamientos a medios de comunicación independientes y cancelación de partidos políticos.
En Estados Unidos se han aprobado leyes como la Nica Act y ahorita está en proceso la Renacer, que busca aumentar la presión contra la dictadura de Ortega, que se niega a buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica a través del diálogo y elecciones libres.