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La mayoría de los nicaragüenses consideran que su economía está peor que el año pasado. Archivo/LA PRENSA

Gobierno admite que nicaragüenses sufren la mayor alza de precios de los últimos 10 años

El sociólogo Óscar René Vargas descarta que la principal causa de los fuertes aumentos de precios que admite el régimen de Ortega sea por factores externos e identifica cuatro razones internas.

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Nicaragua cerró el 2021 con la alza de precios en bienes de consumo y servicios más alta de los últimos 10 años. Un hecho que si bien está ocurriendo en otras economías como consecuencia, entre otros factores, del trastorno en la cadena de suministro y logística del comercio mundial por la recuperación de la demanda, lo cierto es que la tasa de inflación de 7.21 por ciento a diciembre confirma y posiciona al país como una de las más elevadas en Centroamérica.

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) informó que Nicaragua cerró el 2021 con una inflación de 7.21 por ciento, convirtiéndose en el registro más alto desde el 2011, cuando el indicador se ubicó en 8 por ciento, de acuerdo con estadísticas históricas del Banco Central.

El componente subyacente (que excluye los bienes y productos con precios volátiles como los combustibles) finalizó en 5.45 por ciento, casi el doble registrado en el 2020 el cual se ubicó en 2.67 por ciento.

Tal fue la erosión que sufrieron los salarios de los trabajadores e ingresos de los hogares el año pasado, que la tasa a diciembre supera 4.98 por ciento que en promedio experimentó este indicador en la región a noviembre del año pasado, según datos del Consejo Monetario Centroamericano.

Solo basta echar una mirada a las tasas inflacionarias en cada uno de los países de Centroamérica hasta noviembre, para confirmar los estragos que el alza de precio hizo en Nicaragua y que contrasta con las economías que forman parte del sistema de integración y que, al igual que la local, también estuvieron expuestas a los choques externos, pero cuyo efecto fue menor.

Hasta noviembre la inflación en Costa Rica, la nación más estable de Centroamérica y con mejor poder adquisitivo, se ubicó en 2.8 por ciento; en Guatemala hasta ese mes se situó en 2.89 por ciento; en Honduras 4.32 por ciento; en Panamá fue de 3.4 por ciento, que en ese país algunos analistas económicos de por si la consideran «dolorosa», que ha aumentado la actividad delictiva.

En el caso de El Salvador, si bien hasta noviembre cerró con una tasa de inflación de 6.2 por ciento, según cifras de la autoridad monetaria de ese país, la subyacente fue de 3.5 por ciento, por encima de la nicaragüense.

La tasa final de inflación que reportó el Gobierno de Nicaragua contrasta inclusive con los reportes semanales que los medios de propaganda divulgaban, donde afirmaban que los precios estaban estables en los mercados de Managua.

Además el 7.21 por ciento superó con creces el rango entre 3.5 y 4.5 por ciento que el Banco Central de Nicaragua proyectó en marzo pasado y que luego en diciembre la actualizó a un tramo de entre 6 y 7 por ciento.

El Gobierno, que ha celebrado los resultados históricos en la recaudación de impuestos y el crecimiento económico que lo ubica por encima del 9 por ciento, ha atribuido los aumentos de precios a nivel local principalmente a factores externos, incluido el aumento de precios del crudo y derivados, así como la crisis de logística en el comercio mundial, debido al atasco de contenedores en las principales terminales marítimas como consecuencia de la pandemia y la recuperación de la economía global.

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Hay distorsiones internas

El analista económico y sociólogo Óscar René Vargas afirma que «los factores externos es un elemento común a todo Centroamérica, por lo tanto no explica las disparidades (en la variación de precios de Nicaragua con el resto de la región). Entonces, son los factores endógenos que influyen más».

Pero ¿cuáles son esos factores endógenos? Vargas identifica como primer elemento una mayor especulación con los precios de los productos de la canasta alimentaria, «estoy pensando en el precio del maíz que repercute en el precio de la tortilla».

En este factor el papel del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio juega un papel importante para frenar las alzas ficticias en los precios en los mercados, sin embargo, es precisamente esta entidad que semanalmente informa a los medios de propaganda que hay estabilidad de precios en los principales productos de consumo a nivel nacional.

De hecho, la canasta básica, de 53 productos, incrementó 986 córdobas en los primeros 10 meses del 2021 y se situó en 15,512 córdobas, siendo el componente de los alimentos (10,403.65) el que más ha soportado las alzas.

El reporte de inflación del Inide indica que solo en diciembre los precios subieron 1.41 por ciento, «explicado principalmente por el comportamiento al alza de los precios en algunos bienes y servicios de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura, restaurantes y hoteles, que fueron parcialmente
contrarrestados por una disminución en la división de comunicaciones».

Entre los alimentos que subieron en el último mes del año figuran el queso, los frijoles y el aceite para cocinar, es decir los principales componentes y acompañantes del gallo pinto.

Combustibles con precios excesivamente caros

Otro factor que menciona Vargas es «una repercusión del incremento de los carburantes en manos de la familia presidencial que repercute en el transporte de los productos». Al respecto, en el 2021 se registraron 31 alzas y 11 bajas en los precios de las gasolinas y 29 alzas y 13 bajas en el diésel, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

Y aunque en el régimen de Ortega decidió a finales de octubre congelar los precios de los combustibles, lo cierto es que los nicaragüenses perdieron la oportunidad de gozar de alivios que se sintieron en parte de noviembre y diciembre en los mercados internacionales, lo que ha ocasionado que Nicaragua se mantenga como la economía con los carburantes menos accesibles en Centroamérica, al excluirse la carga impositiva que es una de las más bajas de la región.

Un tercer factor, el sociólogo menciona «el alto precio de la electricidad repercute en los costos de los productos de la pequeña y media industria, estoy pensando en la industria del pan». Sobre ese punto menciona que si bien el año pasado el Gobierno aplicó una reducción en la tarifa eléctrica y aparentemente la mantuvo invariable, pese al incremento en el precio del petróleo y derivados, lo cierto es que esta continúa siendo una de las más caras de Centroamérica, por tal razón la ubica como un elemento en contra de los precios de los consumidores.

Y un cuarto elemento, agrega la «voluntad de los empresarios de tratar de obtener una mayor tasa de ganancia para resarcirse de las pérdidas de los años anteriores (2018-2020)».

De hecho, cuando el el Ejecutivo anunció una rebaja en la tarifa eléctrica a inicios del año pasado, representantes de diversas cámaras del sector privado descartaron que la reducción implicaría un abaratamiento en los precios de sus servicios y bienes, afirmando que esta iba a servir para amortiguar el impacto que ocasionó en sus costos la reforma a la Ley de Concertación Tributaria en el 2019, que eliminó exenciones y exoneraciones a productos de la cesta familiar y a insumos que requieren las industrias para producir, así como el campo.

Vargas difiere de los que creen que la fuerte alza en los precios de los productos en Nicaragua se debe a mayor circulación de masa salarial. «En todo caso, nadie puede decir que los salarios han tenido que ver en el proceso inflacionario», porque recuerda que el mercado del trabajo sigue afectado por una alta tasa de desempleo y creciente informalidad.

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Al respecto, el economista Néstor Avendaño, en su blog personal, en diversos artículos dice que sí hay un efecto salario-demanda, al recordar que hay un “restablecimiento parcial de los puestos de trabajo formal destruidos en el trienio 2018-2020, y por el flujo creciente de remesas que superará los 2 mi millones de dólares en 2021”.

El Ejecutivo el año pasado reporta una recuperación de más de 30 mil empleos formales, pero aún más de 150 mil seguían sin recuperarse desde el 2018, cuando fueron destruidos por la inestabilidad política ocasionada por la represión del régimen de Ortega contra los que protestaban por una fallida reforma a la Seguridad Social, que luego fue impuesta en el 2019 y que también golpeó la estructura de costo de las empresas y por ende de los consumidores.

El economista Avendaño considera que si bien este año la inflación acelerada representa uno de los desafíos económicos del país, cree que no «hay que alarmarse» por esto, debido a que «no es provocada por una política monetaria expansiva ni por un desplome del saldo de las reservas internacionales, sino que es empujada por los altos precios internacionales de las materias primas -petróleo y alimentos- y la obstrucción de las cadenas de suministros».

Avendaño dice que esa presión inflacionaria se puede extender hasta el segundo semestre de este año. “No estoy seguro cuándo se moderará el alza de los precios al consumidor, tal vez en el segundo semestre del 2022 cuando relacionemos los datos del IPC de ese semestre con los registrados en el segundo semestre del año actual (del 2021), siempre que las variantes del coronavirus no vuelvan a cerrar la economía mundial. Por lo tanto, continúo manteniendo la opinión de política económica que la inflación actual es ´transitoria´ y que no es ´permanente´”, concluyó.

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