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CONTENIDO EXCLUSIVO.El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por Daniel Ortega, retornó al gobierno en 2007 con 38 diputados, 15 años después, luego de tres reelecciones consecutivas, los curules del régimen serán 75. Este 9 de enero los diputados de la Asamblea Nacional tomarán posesión de sus escaños para el período 2022-2026, tras las cuestionadas elecciones del 7 de noviembre de 2021.
Según el artículo 136 de la Constitución Políica, «los diputados ante la Asamblea Nacional serán elegidos para un período de cinco años, que se contará a partir de su instalación, el nueve de enero del año siguiente al de la elección».
Tras 15 años consecutivos en el poder, el FSLN controla totalmente el poder Legislativo, pero este 2022 será con más del 80 por ciento de los diputados: 75 de los 91. En el período anterior fueron 70 representantes sandinistas.
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Cuando Ortega regresó al poder en 2007 contaba con una bancada de 38 diputados sandinistas, frente a una oposición mayoritaria pero solo si se juntaban (53 diputados opositores), porque estaban divididos en tres bandos en ese entonces: los seguidores de Eduardo Montealegre en la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); el PLC de Arnoldo Alemán y los disidentes sandinistas agrupados en el antiguo MRS, ahora Unamos.
2007-2011
El regreso al poder de Ortega tras las elecciones de 2006 estuvo marcado por la división de la oposición. Los críticos valoran hasta el día de hoy que si los opositores se hubiesen unido, superaban la ventaja que tenía el FSLN para ganar la Presidencia con el 35 por ciento de los votos válidos, siempre que tuviera 5 por ciento de diferencia con el segundo lugar, según la reforma constitucional pactada por Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en el año 2000. Ese porcentaje del 35 por ciento se ajustó a la base dura del FSLN liderado por Ortega, que variaba entre 38 y 40 por ciento en anteriores elecciones.
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Aún así, el FSLN con 38 diputados no podía maniobrar a sus anchas en el Parlamento, porque eventualmente el PLC y la ALN se unían para oponerse a las iniciativas de los sandinistas.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tenía una representación de 25 diputados en la Asamblea. La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), que en ese entonces lideraba Eduardo Montealegre, contaba con 23 diputados. Y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), integrado por disidentes del FSLN, tenía cinco diputados.
En el período 2007-2012 fueron clave las acciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) para que el orteguismo comenzara su deriva autoritaria, a través de eliminar grupos opositores y poner bajo su control la estructura electoral, con el objetivo de ejecutar fraudes que le dieran más votos en las siguientes elecciones.
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El 20 de febrero de 2008, el CSE anunció que le quitaba a Eduardo Montealegre la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y se la otorgó a su antiguo aliado Eliseo Núñez Hernández.
Montealegre había sido el candidato presidencial de la ALN en las elecciones presidenciales de 2006, cuando quedó en segundo lugar, detrás del FSLN.
El 21 de junio de 2008, el CSE suspendió la personalidad jurídica del MRS y del Partido Conservador (PC), lo que les impidió participar en las elecciones municipales de ese año.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue otro poder al que acudió Ortega para reelegirse en en la siguiente elección presidencial de 2011, aunque la Constitución Política de Nicaragua lo prohibía expresamente en el artículo 147.
Los magistrados sandinistas de la CSJ aprobaron una sentencia en octubre de 2009 que alegó que el principio constitucional que prohibía la reelección presidencial consecutiva, violaba los Derechos Humanos y constitucionales de Ortega y de 109 alcaldes sandinistas. Se allanó el camino a la reelección.
2012-2016
A pesar de todo el rechazo y las críticas a esa sentencia, Ortega se presentó como candidato a la reelección presidencial en los comicios de noviembre de 2011, volvió a ganar la presidencia para el período 2012-2017, y además aumentó su número de diputados en la Asamblea Nacional, pasando de 38 a 63.
Tras el despojo de la ALN, los seguidores de Montealegre participaron en esas votaciones con el Partido Liberal Independiente (PLI) y en alianza con el MRS, llevando como candidato presidencial al empresario radial Fabio Gadea Mantilla, que quedó en segundo lugar.
Por su parte, el PLC participó encabezado por la imagen desgastada de Arnoldo Alemán.
El PLI de Eduardo Montealegre obtuvo 27 diputados y el PLC dos diputados. Sin embargo, Fabio Gadea nunca asumió su diputación constitucional, que le correspondía por haber quedado en el segundo lugar en la carrera presidencial.
En 2014, Ortega usó su mayoría en la Asamblea Nacional para reformar el artículo 147 de la Constitución Política que prohibía la reelección consecutiva, con lo que se ha podido reelegir indefinidamente.
En junio de 2016, cinco meses antes de las elecciones de noviembre, el régimen orteguista usó a la CSJ para quitarle la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre, dejando a ese grupo fuera de los comicios de ese año.
Las elecciones de 2016 se caracterizaron por la exclusión de la oposición, la escasa participación ciudadana, el control de los sandinistas en la estructura electoral y la segunda reelección de Ortega de la mano de su esposa, Rosario Murillo, impuesta como vicepresidenta.
2017-2021
En las votaciones de 2016 el orteguismo logró incrementar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con 70 diputados sandinistas para el período 2017-2022.
El PLC quedó como segunda fuerza política con 14 diputados y el resto de legisladores fue repartido entre otras organizaciones políticas, calificadas por los críticos como colaboracionistas o «zancudos».
En este período se dio el estallido social de abril 2018, una serie de protestas masivas con una reforma al Seguro Social, que hicieron sentarse por primera y única vez a Ortega en una mesa de diálogo frente a representantes de los sectores opositores.
Sin embargo, las protestas fueron aplastadas con una represión armada que dejó más de 300 muertos, según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde entonces, los siguientes años han sido marcados por una crisis sociopolítica. Actualmente hay más de 160 presos políticos, entre estos siete opositores que aspiraron a ser candidatos presidenciales en las votaciones de noviembre de 2021.
Entre 2020 y 2021, el régimen orteguista, a través de su aplanadora en la Asamblea Nacional, aprobó un combo de leyes represivas, entre estas la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, con el objetivo de inhibir la candidatura de los opositores en las votaciones pasadas.
Los diputados sandinistas también aprobaron una legislación que criminaliza la libertad de expresión, a través de la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada por los críticos «Ley Mordaza».
Otra ley aprobada para limitar a los opositores es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros), mejor conocida como «Ley Putin» por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin. Tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y los acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación.
Las votaciones del pasado 7 de noviembre de 2021 se caracterizaron nuevamente por la escasa participación ciudadana; el control total de los sandinistas en el CSE; el encarcelamiento de destacados opositores; la tercera reelección consecutiva de Ortega y nuevamente su esposa impuesta como vicepresidenta del país.
2022-2026
Para el período 2022-2026, el FSLN aumentará su control en la Asamblea Nacional con 75 diputados; 10 que le dejó al PLC; 2 a la ALN; 2 al PLI; 1 al Apre; 1 a Yatama, según la proclama de electos, oficializada por el Consejo Supremo Electoral el 26 de noviembre de 2021.
