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CONTENIDO EXCLUSIVO.La agudización de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua durante el 2021 estuvo en la agenda de la Organización de Estados Americanos (OEA) e incidió indirectamente en el funcionamiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
La OEA declaró ilegítimas las elecciones de noviembre pasado y en respuesta el régimen de Daniel Ortega decidió retirar a Nicaragua de esa organización, ahora Luis Almagro, secretario general de la OEA, deberá presentar un informe a mediados de enero; mientras que el SICA iniciará año nuevo sin un secretario general como consecuencia de la falta de consenso para elegir a uno de la terna de candidatos que presentó Managua. Pero, ¿qué pasará en ambos organismos durante 2022?
LA PRENSA consultó a expertos en Derecho y Relaciones Internacionales quienes contestan está interrogante y brindan sus previsiones. El 10 de enero próximo Ortega junto a su esposa Rosario Murillo oficialmente iniciaran un nuevo mandato, en medio del desconocimiento y condena de la comunidad internacional, crisis de derechos humanos, política, social, sanitaria y humanitaria.
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¿Qué pasará en la OEA? ¿Qué esperar?
En la OEA, el panorama del mandato de Ortega no se muestra halagador después del resultado de las polémicas elecciones celebradas en noviembre pasado donde el caudillo sandinista consumó su tercera reelección, tras ese acontecimiento el secretario general del organismo, Luis Almagro indicó que «rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua». El 14 de noviembre, 25 países Estados Miembros del organismo aprobaron una resolución afirmando que las votaciones en Nicaragua no fueron legítimas y demandaron una vez más la libertad de los presos políticos. En respuesta, pocos días después, Ortega siguiendo los pasos de su homologo Nicolás Maduro anunció que retiraba a Nicaragua de ese organismo. Este proceso dura dos años.
El pasado 8 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó con 25 votos a favor, una resolución en la que afirma que Nicaragua incumple sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana y pidió al régimen aceptar una misión de alto nivel. El cabildeo con el régimen fue encomendado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien debía entregar el 17 de diciembre un informe de las gestiones diplomáticas encomendadas en la última resolución sobre Nicaragua.
Sin embargo, Almagro informó a través de una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Josué Fiallo, que no había recibido respuesta de la administración de Ortega y solicitó que se extienda el plazo para mediados de enero de 2022. «No existiendo al momento de cursarle la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular, y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre cómo fecha límite, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, si existiera acuerdo del cuerpo que preside a partir de las coordinaciones necesarias que usted entienda a bien realizar», refirió Almagro.
La interrogante ante dicha encomienda a Almagro es ¿Qué va a pasar después de que se presente ese informe?. Sobre esto un nicaragüense experto en Derecho Internacional, quien solicitó no citarlo por temor a represalias, explicó en primera instancia es difícil predecir eso sin saber qué informará el secretario general. No obstante, «es bastante probable que el Consejo Permanente convoque al menos una sesión de seguimiento y que valore los próximos pasos en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana».
Y valora que «evitarlo está en manos del actual gobierno de Nicaragua, que se acerca no sólo a la ilegitimidad sino también al desconocimiento por parte de la comunidad internacional».
En esa misma línea, Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), prevé que el contenido del informe que presentará Almagro se basará en lo que tradicionalmente ha señalado de la crisis en Nicaragua.
«No creo que el señor Almagro se salga de lo que tradicionalmente ha señalado sobre Nicaragua va a profundizar sobre el carácter espurio de las elecciones, la persecución político, enemigos de los Ortega-Murillo y sobre esa base los Estados (Miembros) debatirán el establecimiento de una condena política y creo que en cuanto a las posiciones que se han venido estableciendo respecto a las elecciones de noviembre pasado así definirán sus posturas respecto al informe, es decir, no va haber un cambio abrupto respecto a las decisiones que han tenido», refirió Cascante Segura.
Y añade que sin duda el elemento que sería interesante estudiar y analizar es «la posición que tomen los países Latinoamericanos respecto al reconocimiento o no del régimen Ortega Murillo y creo que ahí puede seguirse, no necesariamente, la línea del no reconocimiento sin que eso implique la ruptura de las relaciones diplomáticas».
Por su parte, el experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, sostiene que tras el informe la OEA va a reconocer que «el gobierno de Ortega es ilegítimo y que debe aplicarse la Carta Democrática. En teoría, más sanciones diplomáticas, y que la OEA pida a los países que adopten medidas. En la realidad, nada. La dictadura está consolidada».
La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. En la actualidad, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio.
LA PRENSA conoció de fuentes cercanas al organismo que la prorroga que pidió Almagro tendría que ver a los infructuosos intentos por que Ortega mostrará algún tipo de acción que propiciará un verdadero diálogo. También, las fuentes sospechan que detrás de la prorroga hay dos opciones; la primera que Ortega haga algo antes de que Almagro presente su informe, o que, anuncie algo el día que tome posesión de su nuevo mandato. De lo contrario, la comunidad internacional «no va a reconocer la legitimidad del nuevo mandato (…) las opciones de Ortega están disminuyendo», señaló la fuente bajo condición de anonimato.
¿Continuará el SICA sin su secretario general?
El pasado 13 de diciembre de 2021, el SICA arribó a sus 30 años de fundación en medio del impasse en la elección del secretario general desde que el pasado 30 de junio se le venció el cargo a Vinicio Cerezo, es decir que el organismo ha estado incompleto durante más de cinco meses, como resultado de la falta de consenso de los Jefes de los ocho Estados miembros del SICA para escoger y nombrar a uno de los tres candidatos propuestos por Nicaragua.
En junio pasado, el régimen orteguista a través de su canciller Denis Moncada, presentó en una carta dirigida a Rodolfo Solano, quien se encuentraba a cargo de la Presidencia Pro Témpore del SICA, su terna de candidatos a ocupar la Secretaría General, esta era encabezada por Orlando Tardencilla Espinoza, Luz Marina López Escobar y María Amelia Coronel Kinloch. Lo anterior en correspondencia a lo acordado en la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sica, realizada en San José, Costa Rica, el 29 de junio de 2017.
«Siguiendo en el orden en el que se ejerce la Presidencia Pro Témpore, correspondiendo la candidatura de Nicaragua a partir de 2021. Lo anterior mediante la presentación de una terna, con entrevistas a los candidatos propuestos», establece el acuerdo firmado en ese momento.
El secretario general del SICA, según se establece, es el más alto funcionario administrativo de organismo y tiene la representación legal de la misma, y al menos tiene 12 atribuciones o funciones dentro del organismo centroamericano. Este funcionario es nacional de cualquiera de los Estados Miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, y República Dominicana. Debe ser una persona reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad, se lee en la página web del SICA.
Y de acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa, en su artículo 25, el secretario general es nombrado por la Reunión de Presidentes por un período de cuatro años. El SICA es un mecanismo de integración regional fundado en 1991, por decisión de los presidentes centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa, que está compuesto por los siete países del istmo centroamericano y República Dominicana, que se unió en el año 2013.
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Sobre este evento sin precedente en la historia del SICA, el experto nicaragüense que habló con este Diario bajo la condición de anonimato refiere que es «sumamente desafortunado ese impasse en el SICA, que genera tensión en momentos en que más necesaria y relevante es su actuación».
Y dice que la reunión de Jefes de Estados de diciembre «sigue pendiente, sin fecha», debido a que solo Nicaragua y Honduras confirmaron su participación, lo que a lectura de experto indica «que sólo dos estados, el anfitrión y Nicaragua, confirmaran asistencia sugiere diferencias extremas a solventar. Ojalá eso sea posible en los primeros meses del nuevo año, porque el tiempo apremia».
En ese mismo sentido, el especialista costarricense Cascante Segura señala que el impasse sin duda demuestra la debilidad institucional del SICA cuando «se trata de crisis del orden político, del orden del establecimiento de cierta garantías democráticas en Centroamérica. El impasse se podrá romper sí Nicaragua presenta un candidato que sea aceptable para Costa Rica, Panamá y República Dominicana, porque estos países entienden que en el estado actual de la situación es preferible no tener un secretario general y que la organización se siga moviendo con la inercia propia de las burocracias que tener un secretario general que sea favorable a la situación de Nicaragua».
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El experto costarricense en temas de integración Murillo Zamora asevera que «nadie sabe que pasará, porque no está claro qué camino debe tomar el proceso de solución. En Costa Rica no creo que el gobierno haga algo, porque hay elecciones a inicio de febrero y habrá segunda ronda en abril, así que Costa Rica no tendrá mayor fuerza para proponer algo».
El SICA es un mecanismo de integración regional fundado en 1991, por decisión de los presidentes centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa, que está compuesta por los siete países del istmo centroamericano y República Dominicana, que se unió en el año 2013. Siendo la cumbre de presidentes la máxima autoridad, que nombra al secretario general que cumple las funciones administrativas a nombre de los mandatarios.
Cascante Segura destaca que el organismo regional «ha sido muy útil en la integración económica regional, pero en las políticas tiene sus limitaciones». Un politólogo nicaragüense que pidió la omisión de su nombre, prevé que con el nuevo gobierno de Honduras de la electa presidenta Xiomara Castro «Nicaragua se estará aislando más».
