Ocho de los nueve inversionistas estadounidenses afectados con la confiscación de nueve casas de lujo, ubicadas en las playas de Tola, en Rivas, recibieron esta semana las llaves de sus propiedades, luego de que denunciaron públicamente la confiscación de facto ordenada en agosto pasado por la dictadura Ortega-Murillo, revela un reporte de Telemundo 51.
El único de los afectados que hasta ahora no recibió de vuelta el acceso a sus propiedades, en entrevista con Telemundo 51, denunció que el robo de sus bienes asciende a por lo menos 50 millones de dólares.
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El inversionista estadounidense explicó a la cadena de noticias que además de perder su casa en Playa Gavilán, en Tola, Rivas, también le fueron tomados, sin ningún argumento o documento que justifique la toma, su hotel en Astillero y una plaza comercial en Nahualapa.
Señaló que también le confiscaron una finca en la que tenía animales: 350 cerdos, 108 vacas, ovejas pelibuey y cabros. También, varios vehículos como camionetas, grúas y equipos de trabajo que tenía en ese lugar.
Propiedades donadas al INSS
Las propiedades de todos los afectados, tras el robo ordenado por el orteguismo, habrían sido donadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y luego ofrecidas, por un funcionario del INSS, en alquiler de 2,000 dólares mensuales a sus propios dueños.
El afectado que ofreció entrevista a Telemundo51 detalló que cuando su vivienda fue tomada, las personas que llegaron se identificaron como parte del “Gobierno” de Nicaragua.
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“Me avisó la gente que trabaja conmigo ahí, diciendo que alguien del Gobierno entró ahí, preguntó que les dieran las llaves y sacaron a toda la gente”, afirmó el inversionista estadounidense.
Los funcionarios ligados a la dictadura Ortega-Murillo dijeron a los guardas de seguridad de ese lugar que ahora dicha propiedad pertenecía al INSS.
El inversionista estadounidense afirmó que, cuando le quitaron sus propiedades, empleaba a al menos 50 personas para el funcionamiento y mantenimiento de estos lugares.
Devueltas sin garantía
La devolución de ocho de las nueve propiedades ocurrió días después de que Confidencial revelara, a inicios de este mes de octubre, el millonario robo ordenado por el orteguismo.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ), según los afectados, ordenó la confiscación de las propiedades a finales de agosto pasado y, posteriormente, las donó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Sin embargo, a ninguno de los afectados se le habrían notificado dichas confiscaciones ni los motivos por los que fueron ordenadas.
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Algunos de los que ya recibieron de vuelta sus propiedades, en entrevista con Telemundo 51, detallaron que la devolución se les informó vía llamada y que esta se habría concretado en el transcurso de esta semana.
El afectado aseguró que, aunque ahora tienen acceso a sus propiedades, no tienen ninguna garantía de que esto no vuelva a ocurrir, ya que no recibieron ninguna explicación de lo ocurrido y tampoco se les extendió un documento en el que se les confirme que les devuelven sus propiedades.
