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CONTENIDO EXCLUSIVO.Además de las sanciones que ya pesan sobre el régimen de Daniel Ortega, llegadas desde todos los frentes, en las últimas semanas, debido a su arremetida contra la oposición, se han multiplicado las amenazas internacionales de más castigos en el horizonte, lo que puede complicar la permanencia de este en el poder después de 2021. La más evidente es la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (o Ley Renacer, por sus siglas en inglés), que será votada el 22 de junio por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
A la misma se le realizó una enmienda para valorar la permanencia de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), el principal acuerdo comercial del país, que ha permitido que los ingresos por exportaciones aumenten más del 170 por ciento desde su puesta en marcha en el 2006.
De aprobarse la Renacer, que busca reforzar y presionar por el cumplimento de condiciones democráticas para las elecciones generales y legislativas, previstas a desarrollarse el próximo 7 de noviembre, esta se sumará al paquete de sanciones que ya se han aprobado para el régimen de Ortega, sobre el que ciernen castigos más severos, que abarcarían la suspensión la suspensión del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
¿Cuál es el alcance de la Renacer?
El abogado y académico en Derecho Internacional, Harold Rocha, explicó que esta propuesta de ley son nuevas iniciativas que pretenden abordar la corrupción del actual Gobierno de Nicaragua y de su familia, así como abusos contra los derechos humanos a manos de fuerzas de seguridad nicaragüense, y no cometidos recientemente, sino a raíz del 2018, así como los ejecutados en comunidades rurales e indígenas. A la vez alertó que las consecuencias son claras, van en varios sentidos.
“Esta ley exhorta al gobierno estadounidense a coordinar sanciones con los gobiernos de Canadá y de la Unión Europea y de otros países aliados. También contempla entre otras cosas implementar la supervisión de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirmar la extensión legal existente para proyectos humanitarios, en otras palabras, fiscalizar de una forma más eficaz y más cercana. Pero teniendo en cuenta que eso no se aplicaría cuando hay motivos humanitarios o que lleguen a afectar al pueblo en su conjunto”, agregó Rocha.
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Además de “agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos que están sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción y a funcionarios. Pide al Ejecutivo informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el actual gobierno, sus familiares y allegados”, detalló.
Sobre la perspectiva de ser aprobada este martes, Rocha opinó que aunque es difícil predecir tiempos, las señales, sin embargo, son bastante claras de que hay prioridad legislativa en ambas cámaras.
“El Ejecutivo estadounidense cuenta ya con todas las herramientas propuestas por la Renacer, incluyendo el DR-Cafta, sin embargo ofrece aportes bastante significativos y van en dos sentidos. Primero que agrega el concepto de democracia al marco que ya había expuesto o adoptado la Nica Act, que se centraba en corrupción y derechos humanos”, señaló.
Y segundo “toma nota de cambios en circunstancias que afectan la seguridad nacional y las obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos que tiene Estados Unidos hacia el pueblo nicaragüense, y pide una mayor coordinación de la respuesta internacional”, apuntó.
“Predigo que la administración de Biden va a aplicar más y nuevas sanciones”
Por su parte, Eddy Acevedo, exasesor personal en política exterior de la congresista Ileana Ros-Lehtinen y actual asesor senior del presidente del Woodrow Wilson Center (o Centro Nacional para Académicos Woodrow Wilson), manifestó que el Congreso de los EE. UU. continúa, de forma bipartidista, liderando el camino para hacer que el régimen de Ortega rinda cuentas.
Acevedo comentó en una breve entrevista con LA PRENSA que las nuevas sanciones aplicadas por la Administración de Joe Biden continúan la política anterior de la Administración del expresidente Donald Trump, de hacer cumplir la Nica Act y aplicar sanciones específicas contra el régimen de Ortega y sus aliados.
“Creo firmemente que esto es solo el comienzo. Yo predigo que la Administración de Biden va a aplicar más y nuevas sanciones contra el régimen”, sostuvo el experto.
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Acevedo considera que la nueva versión de la Renacer que incluye revisar la participación de Nicaragua en el DR-Cafta se debe a que el régimen de Ortega continúa socavando las elecciones libres y democráticas, y cometiendo violaciones de derechos humanos.
“La Ley exige priorizar más sanciones contra el régimen y más supervisión estricta sobre cualquier préstamo de una institución financiera internacional. También exige coordinar esfuerzos con Canadá y la Unión Europea, agregar a Nicaragua a la lista que da a conocer públicamente a quienes están involucrados en corrupción y pide un reporte sobre las actividades de Rusia en Nicaragua”, coincidió por separado con Rocha.
Asimismo, advirtiendo que la Ley Magnitsky Act es otra ley que el Congreso y la Administración de Biden pueden usar en contra de los Ortega-Murillo. “Los que están encarcelados son rehenes (del régimen) y a Ortega-Murillo no les interesan el diálogo y aunque se produzca un diálogo, han demostrado una y otra vez que no cumplen con su parte del cualquier trato. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Su mal comportamiento, su comportamiento criminal, no debe ser recompensado. Ortega-Murillo deben liberar a todos los presos políticos incondicionalmente”, dijo Acevedo.
Ortega intentará dialogar después de las elecciones
El sociólogo y analista político Óscar René Vargas considera que a Ortega actualmente no le importan las sanciones que pueda aplicarle la comunidad internacional, ya que de aprobarse la Renacer, él sabe que pasarán días, semanas o meses, para que se ejecute.
“La estrategia de Ortega es no renunciar a nada hasta después de las elecciones, como ya lo ha dicho él y Bayardo Arce (asesor económico de la Presidencia) que las negociaciones se van a establecer en enero de 2022, esto deduce que no va a negociar nada, sin importar las presiones y las declaraciones de la comunidad internacional”, valora Vargas.
El analista político añade que Ortega está ganando tiempo para llegar a diciembre (2021) o enero (2022) a cambio de que sea reconocido por cinco años más. “Supongamos que el martes se aprueba en el Comité de Relaciones Exteriores la Ley Renacer; luego pasa al Senado, mientras la revisan, la mejoran, etcétera, luego la aprueban; esa ley pasa por la Cámara de Representantes y después a que el presidente (Biden) la firme, estamos hablando que todo este trayecto puede ocurrir a finales de julio”, señaló Vargas.
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Lo que indica que “todo ese tiempo Ortega sabe, está claro que no tiene efecto, ahora, aprueban la ley para que entre en vigencia, pero para que se ejecute en algunos casos se dan 30, otros 60 y hasta 90 días, que significa que Ortega tiene todo ese tiempo para que la ley se aplique a la concreta, y estamos hablando que llegamos a octubre, y ya casi estamos en las elecciones”, agregó.
Entonces, “hasta después de las elecciones Ortega va a estar dispuesto a negociar, pero dispuesto a negociar sobre la base de que a él lo reconozcan como presidente y se quede hasta el 2026. Y después va a empezar a liberar a los presos políticos, hace algunas reformas, cosas que baje al presión, la represión, etcétera”, reiteró.
Estas son las sanciones que ya pesan sobre Ortega y las nuevas amenazas:
Nica Act. Tras las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el país desde abril de 2018, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de diciembre de ese mismo año la Nicaraguan Investment Conditionality Act, una obligación bipartidista que obliga a Estados Unidos a vetar las solicitudes de préstamos que haga el régimen de Daniel Ortega a los organismos multilaterales.
No obstante, en las restricción de los préstamos en las instituciones financieras internacionales se exceptúa el financiamiento para proyectos que promuevan la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense, tal ha sido el caso de la pandemia y el paso de los huracanes Eta e Iota, en que los organismos financieros internacionales han hecho desembolsos millonarios a Nicaragua, con fines humanitarios.
La Nica Act incluye el proyecto de ley de sanciones del senador Bod Menéndez, la Ley de Anticorrupción y Derechos Humanos de Nicaragua 2018, la S. 323, que contempla sanciones individuales a funcionarios del régimen sandinista y sus colaboradores.
Magnitsky Nica, esta ley aprobada en septiembre de 2018, es una normativa consolidada que impone sanciones directas a los funcionarios del régimen de Daniel Ortega por sus actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, acompañadas de sanciones contra el Gobierno de Nicaragua. Esta ley fue fusionada en referencia a la Ley Global Magnitsky, cuyo radio de acción internacional ya impuso sanciones al círculo íntimo de la dictadura. Bajo esta normativa, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la vicepresidenta y primera dama, designada Rosario Murillo, y al asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau.
Reino Unido. El gobierno británico sancionó en abril de este año por presunta corrupción a Francisco López, exgerente de la petrolera nacional Petronic y exvicepresidente del consorcio estatal nicaragüense-venezolano Albanisa y tesorero del régimen de Ortega. Las sanciones incluyen la congelación de activos en bancos británicos y el veto de entrada en el Reino Unido.
Francisco López es el séptimo funcionario de Ortega sancionado por el Reino Unido en el contexto de la crisis que aqueja a Nicaragua desde 2018.
Canadá ha impuesto sanciones en coordinación con Estados Unidos a al menos nueve funcionarios del régimen, entre ellos a Murillo y a Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja de dictadores. Además a Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro González, ex ministra de Salud y actual asesora presidencial, y al fallecido Orlando José Castillo Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), por las “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Las sanciones impuestas por Canadá a nueve nicaragüenses congelan sus activos en el país y prohíben a individuos y empresas canadienses tener relaciones comerciales con ellos. Además de no poder viajar o entrar a Canadá.
Amenaza de expulsión del AdA. Las acciones totalitarias de Ortega han puesto a Nicaragua en un peldaño más cerca de que pueda quedarse fuera del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, que ha permitido que los productos nicas compitan al mismo nivel que otros en esos mercados, cuya actividad representa el diez por ciento de las exportaciones en el país.
El 19 de diciembre de 2019, el Parlamento Europeo (PE) aprobó con 560 votos a favor la resolución “Situación de los Derechos Humanos y la Democracia en Nicaragua”, que exigía además sanciones individuales a altos cargos del régimen, señalados como responsables de actos represivos en el contexto del estallido social de 2018.
Unión Europea. La UE también se ha unido a las sanciones de funcionarios sandinistas, entre ellos cuatro altos funcionarios policiales: Francisco Javier Díaz Madriz y Ramón Avellán Medal, director y subdirector de la Policía Nacional, respectivamente; Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, jefes de la Dirección de Auxilio judicial y la Dirección de Operaciones Especiales de la institución, respectivamente.
Otros que figuran en la lista de sancionados por al UE son: Castro González, y Moncada Lau, sancionados también por EE. UU. y Canadá. Todos tienen la prohibición de viajar a Europa y la congelación de activos en el continente.
Amenaza de expulsión de la OEA. Nicaragua también se enfrenta a la expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego que el secretario general del órgano regional, Luis Almagro, solicitara al Consejo Permanente “considerar la activación de los mecanismos para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, en respuesta a la cacería que ha emprendido Ortega desde hace tres semanas contra líderes opositores y precandidatos presidenciales.
También solicitó dar luz al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y debido al “incumplimiento de la Resolución de la última Asamblea General de la OEA (octubre 2020) y el desprecio hacia los mecanismos de derechos humanos…”. Dicha sesión extraordinaria se llevó a cabo el martes 15 de junio y la Resolución sobre Nicaragua contó con el respaldo de 26, de los 34 Estados miembro.
EE. UU. Más de 20 altos funcionarios y allegados a Ortega, incluyendo a tres de sus hijos y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han sido sancionados desde fines de 2017 por Estados Unidos, por presunta corrupción y violación de derechos humanos. Actualmente se enfrenta a la decisiva aprobación de la Renacer que incluye una posible expulsión del DR-Cafta.