Un día después de que la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobara dos proyectos de resolución que exponen el categórico rechazo a la detención de los precandidatos presidenciales por parte del régimen de Daniel Ortega, este viernes 18 de junio oficialmente el Gobierno de Chile se pronunció y condenó «enérgicamente» la persecución penal y política desatada contra los aspirantes presidenciales, partidos políticos, opositores y medios de comunicación independientes.
A través de un comunicado la Administración del presidente Sebastián Piñera solicitó al régimen la liberación inmediata de todos los presos políticos de Nicaragua, y de la misma manera afirmó que «la situación actual de Nicaragua amenaza severamente la realización de elecciones libres, justas, transparentes, y con observación internacional, afectando la legitimidad del proceso político en curso».
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El Gobierno de Chile también manifestó su preocupación ante el creciente deterioro del entorno político y democrático en Nicaragua, debido a que sostiene que «ponen en riesgo la vigencia del Estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos».
Por tal situación, el Ejecutivo refirió que como país han promovido que la situación que atraviesan los nicaragüenses sea abordada en instancias multilaterales, tal es el caso de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pronunciamiento oficial responde a un proyecto de resolución que fue presentado por los diputados Marcelo Schilling Rodríguez y Jaime Naranjo Ortiz, ante el Parlamento chileno este jueves 17 de junio, en el que solicitaba al presidente Piñera disponer de una serie de medidas, entre ellas que emita una declaración internacional «con la brevedad», rechazando las detenciones efectuadas por la dictadura de Ortega a dirigentes de la oposición, y exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos.
Piden que Chile otorgue asilo político a nicaragüenses
Entre otros de los puntos que contiene dicha resolución está la solicitud para que el Gobierno de Chile otorgue asilo político a las personas, y a sus familias, que están siendo perseguidas por el gobierno de Ortega.
«Que ordene al embajador de Chile en Nicaragua acoger en las dependencias de la Embajada a toda persona que solicite asilo político o esté siendo perseguida por agentes estatales por razones políticas», expone.