La Asamblea Nacional, dominada por setenta diputados del FSLN y sus aliados, ha diseñado, consultado y dictaminado una propuesta de reforma a Ley Electoral en tiempo récord, pero que no es la que le ha demandado al régimen la población nicaragüense y la comunidad internacional.
El legislativo creó la Comisión Especial para Asuntos Electorales el pasado 8 de abril; luego, cuatro días después, presentó el proyecto de reforma electoral promovida por el régimen y que manda a inhibir a los opositores de participar en al contienda electoral, el 12 de abril; posteriormente, realizó el proceso de consulta con 19 partidos políticos, del 21 al 26 de abril; y tres días después la Comisión entregó su dictamen a la Primera Secretaría del parlamento.
Ahora que el dictamen del proyecto de esa reforma está en manos de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional y publicado en su sitio web, solo falta que se presente ante el plenario y se consuma la aprobación, lo cual podría ocurrir este martes, según conocedores de la materia.
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De acuerdo con el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606), una vez que la Primera Secretaría recibe los dictámenes esta deberá en un período de tres días informar y enviarlos a la Junta Directiva con copia en soporte electrónico a los diputados, diputadas y a la Dirección General de Asuntos Legislativos para su inclusión en el sitio web oficial.
Además, refiere que la Junta Directiva en cualquier momento podrá incluir el informe en la agenda para su discusión y aprobación. Este 4 de mayo, el régimen conmemora el Día de la Dignidad Nacional y de acuerdo a la legislación, se realizará una sesión especial por esta fecha.
La misma propuesta
Yader Loza, miembro del Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE) y con experiencia en asuntos legislativo refirió a LA PRENSA que la Junta Directiva es quien coloca el dictamen en la agenda que se discute en la sesión plenaria.
«Hasta donde tengo entendido eso ya está en el orden del día de mañana (martes), significa que será sometido al plenario y que al mismo tiempo serán aprobadas las reformas a la Ley Electoral, tal y como las planteó el gobierno, porque en el dictamen que elaboró la Comisión Especial no hay absolutamente ningún cambio en relación a lo que se solicitó para garantizar transparencia y recuperar la confianza electoral», afirmó Loza.
A criterio de Loza, toda la consulta que realizó la Comisión con los partidos políticos la semana pasada, solo fue para cumplir con un trámite, debido a que «no se encuentra en el dictamen las propuestas que llevó Yatama y el PRD».
El especialista sostuvo que en el dictamen se encuentran «los mismos temas que llevó la bancada oficialista el 12 de abril». Uno de ellos, el más importante quizás, es el que busca la inhibición de los políticos opositores de la contienda electoral.
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La propuesta de ley establece en el artículo 81: “No pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección señalados en el Artículo 1 de esta Ley, quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de la República de Nicaragua, Ley No. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 192 del 19 de octubre de 2020, Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 237 del 22 de diciembre de 2020, y demás leyes de la materia”.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz prohíbe que puedan optar a cargos de elección popular las y los nicaragüenses que, a juicio de las autoridades “encabecen o financien un golpe de estado”, “fomenten actos terroristas”, “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, entre otros, denunció en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El régimen fue advertido de no aprobar esa ley, que ahora incorpora en las reformas electorales, y no se detuvo, así como tampoco lo hizo con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como Ley Putin.
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La iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral, promovida por el oficialismo, fue rechazada por los diversos sectores de la oposición nicaragüense, desde partidos políticos, organizaciones civiles y juveniles dentro y fuera del país, los 10 precandidatos presidenciales, y la empresa privada, debido a que no garantiza la restitución de confianza de la ciudadanía, y porque pretende inhibir la participación de los candidatos por la oposición.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en octubre pasado, que contempla siete puntos claves para que el gobierno de Nicaragua garantice elecciones justas y transparentes bajo estándares internacionales en noviembre y estableció como fecha límite mayo de 2021 para que fueran implementados.
El analista político y exdiputado Enrique Sáenz coincide con Loza y no descarta que esa reforma sea aprobada el mismo día que sea presentada al plenario, debido a que, afirma, el régimen orteguista está corriendo contra el reloj. «No pueden dejar correr mucho tiempo, porque el 7 de mayo estarán a seis meses de la fecha de las elecciones, así que es previsible que la aprueben antes de esa fecha», refirió Sáenz.
En esa misma línea, el politólogo y miembro del Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE), José Antonio Peraza, señaló que «conociendo a está gente (del régimen) y la urgencia que tiene posiblemente la pueden aprobar mañana mismo. Me imaginó que irán al Parlamento, van a debatir y van a darle una especie de cierta legalidad y apertura cumpliendo con ciertos procedimientos y la van aprobar para mandarla a La Gaceta».
Debate, como requisito
El artículo 119, de la Ley 606, señala que una vez que haya sido presentado el dictamen, el debate será abierto y cerrado por el presidente de la AN, en la discusión podrán hacer uso de la palabra los diputados y diputadas en dos ocasiones: la primera vez, por cinco minutos y la segunda por tres minutos, pero aclara que el presidente podrá modificar la duración de las intervenciones y otorgar la palabra por el orden o por alusión personal.
El especialista en temas legislativo, Loza, describió que normalmente se discute en lo general primero con la aprobación de todo el anteproyecto y luego se hace una discusión muy particular, artículo por artículo.
«Primero se somete a plenario, se vota por el anteproyecto de ley en términos generales, pero lo que uno espera dado el control del partido del gobierno que su aplanadora lo apruebe en lo general, para después discutir artículo por artículo, en ese momento se puede hacer mociones para cambiar la redacción de algunos artículos y también si se quisiera y tuviera voluntad en estos momentos se podría incorporar algunos de los artículos propuesto por los consultados, pero que es muy remoto, creemos que la maquinaria legislativa del gobierno se va a imponer y será aprobado. Son discusiones en general y particular para cumplir con el requerimiento», aseveró Loza.
Aprobación en La Gaceta
Los especialistas coincidieron en que después del debate y su aprobación lo que resta es mandarla a publicar en La Gaceta para que entre en vigencia.
Y de acuerdo al artículo 129 de la Ley 606, la Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, y si las reformas a las leyes fueren sustanciales y así lo dispone la Asamblea Nacional, deberá publicarse el texto íntegro de la ley con las reformas incorporadas.
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La Asamblea también podría someter a votación y aprobación este martes la selección de los 10 magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral (CSE): siete propietarios y tres suplentes. La convocatoria cerró con 44 candidatos que presentaron los partidos políticos.
