Nicaragua está a la expectativa sobre el acceso que tendría la población en general a la vacuna contra el Covid-19, luego que el régimen de Daniel Ortega anunció que pretende inmunizar a 3.7 millones de personas a través de tres tipos de antídotos. Aunque actualmente están en negociaciones con los laboratorios para comprar las dosis, se desconoce cuándo las tendría el país.
Pero, ¿una vez que estén disponibles las vacunas en el país será gratis su aplicación? Sí, según los compromisos y responsabilidades del Estado sobre todo en un contexto de pandemia. A criterio de especialistas en salud y organismos sanitarios internacionales, cada gobierno deberá velar por la salud de sus ciudadanos, trabajar en frenar la transmisión del virus, y en este caso, brindar el antídoto de manera equitativa a los diferentes sectores de la sociedad.
Tomando como referencia la proyección de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que plasma que Nicaragua es uno de los cinco países de América que podrían inmunizar masivamente a la población hasta 2023 —debido a las desigualdades que tienen las naciones pobres ante las ricas—, por ahora, este año solo un reducido grupo de nicaragüenses podrá tener acceso a la inmunización a través de las dosis que la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizará de forma gratuita para un primer grupo de alto riesgo ante el virus.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas donaciones llegarán en marzo al país y cubrirán al veinte por ciento de la población nicaragüense, es decir, 1.3 millones, de los 6.5 millones de habitantes que hasta el 2020 tenía Nicaragua, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
¿Por qué deben ser gratis las vacunas?
El Comité Científico Multidisciplinario (CCM) brindó tres motivos del porqué las vacunas que comprará el Gobierno deben ser de carácter gratuito: primero, es una responsabilidad del Estado cuidar la salud de las personas y este antídoto es una de las iniciativas o intervenciones más importantes —y una de las mejores desde el punto de vista costo-eficacia para controlar una enfermedad— que debe abordarse de forma integral.
Segundo, el Gobierno es el primer interesado en tener una mayor cobertura en la población, por lo cual es necesario alcanzar al menos al 80 por ciento para evitar que se presenten epidemias.
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Tercero, si se cobrara la vacuna significaría una decisión clasista y discriminatoria, “un asunto que no es permisible en una democracia”. El Estado es el mayor interesado en tener una población sana, porque a mayor enfermedad, mayores gastos.
“Entre más gente se vacuna, menos gente se enferma y el Gobierno va a tener que ocupar menos dinero y por lo tanto invertirlo en aquello que es muy importante como la promoción de la salud y el autocuidado de la población, basado en las últimas informaciones científicas que se tengan”, compartió el CCM.
Al respecto, el economista y exrepresentante del Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), Róger Arteaga, coincidió con lo planteado por los especialistas en salud y refirió que la vacuna sí tiene que ser gratuita, porque al final quien paga los préstamos que adquiere el Gobierno son los ciudadanos a través de los impuestos.
“El Estado no produce, solo administra. Entonces, quien produce es el que genera la riqueza e ingresos para el país, y ese es el sector privado, las empresas, la población, los trabajadores, todos los que pagan sus impuestos y con eso es que se pagan todos los préstamos que se adquieren de los organismos multilaterales”, aclaró Arteaga.
El economista ejemplificó sus declaraciones al mencionar que las empresas grandes, al pagar más impuestos que un ciudadano, están “subsidiando a la persona que no puede pagar la vacuna”. “Eso ocurre en una economía normal donde los que tienen más, pagan más, y los que tienen menos, pagan menos”, concluyó.
Los países a nivel mundial, como Japón, México o Costa Rica, están aplicando gratis la vacuna. El Salvador, otro país que será beneficiado con las donaciones de la OMS, anunció que —aunque está en negociaciones como Nicaragua— la población tendrá acceso “gratuito y libre” a las dosis.
En diciembre de 2020, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, anunció que el régimen de Ortega cuenta con 107 millones de dólares disponibles para la compra de vacunas, financiados por el BCIE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero Acosta no incluyó los préstamos que hicieron el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 185.3 millones de dólares, y el Banco Mundial (BM), de 20 millones de dólares.
Por su parte el Ministerio de Salud informó a inicios de este 2021 que el costo para el proceso de adquisición de las vacunas es de 115.7 millones de dólares. Este monto solo incluye a Sputnik V, Moderna y Oxford-AstraZeneca.
Vacunas no deben ser centralizadas
La directora de la OPS, Carissa Etienne, recientemente hizo un llamado a los Gobiernos a aplicar equitativamente la vacuna a la población y que los líderes no politicen su entrega, y más bien, promuevan la unidad y “actúen en beneficio de la salud pública”.
“Necesitamos que actúen en beneficio de la salud pública y no para obtener ganancias públicas, politizar las vacunas y otras medidas de control, no solo no ayudan, sino que podrían exacerbar el virus y cobrar más vida”, dijo Etienne durante una conferencia de prensa, el miércoles 13 de enero.
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A criterio del especialista en Salud Pública, Alejandro Lagos, el Gobierno no puede comercializar la vacuna porque se trata de una función social respaldada en la Constitución Política, que establece el derecho a la salud gratuita (Artículo 59). A nivel internacional, el Reglamento Sanitario le da a los Gobiernos total independencia en cuanto al proceso de distribución de cualquier tipo biológico para inmunizar, siempre en preservación de la salud del ciudadano.
“El Gobierno no puede vender la vacuna a la población, no está en su rol de comercializarla, es un mandato constitucional respaldado en la Ley Creadora del Estado, ahí aparecen todas las competencias del Minsa: la salud es un derecho del pueblo y del Estado garantizarla de forma gratuita. Si ellos (el Gobierno) van a comprar la vacuna, lo harán en nombre del pueblo de Nicaragua no en nombre del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) o Daniel Ortega”, dijo el especialista.
Sin embargo, el doctor Lagos compartió que el temor que tiene es que estas dosis se centralicen y fundamenta su sentir, por un lado, en la falsa expectativa que puede generar el régimen una vez que llegue el antídoto, haciendo creer que “todos vamos a tener acceso a las vacunas”, y por otro, el hermetismo en cuanto al total de vacunas aplicadas, tal y como lo ha hecho con las donaciones de las pruebas contra el Covid-19.
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“Lo que sí puede hacer el Gobierno es secretizar, es decir que no va a transparentar la aplicación de la vacuna, así como lo hizo con las pruebas de detección rápida PCR que recibió gratis y hasta la fecha no se sabe qué ha pasado con ellas”, refutó.
Las pruebas que menciona Lagos son las que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó a Nicaragua en abril de 2020. Se trató de un lote de 26 mil test rápidos para detectar el coronavirus. A once meses de que se anunciara el primer caso de contagio en el país, se conoce que el régimen ha recibido en donación más de 30 mil test, pero ha acaparado los mismos y mantiene en férreo secretismo sobre a quiénes se les ha aplicado.
“Con la llegada de la vacuna debemos asegurar, no solo que las dosis se produzcan rápidamente sino que también se administren de manera equitativa y rápida en cada uno de los países, independientemente de los ingresos. Necesitamos que los líderes actúen de manera transparente de manera que el público entienda las decisiones científicas”, declaró la directora de la OPS.
La vacunación, un proceso de control
El doctor Lagos, quien laboró por muchos años para el Minsa, explicó que una vez estando el antídoto en Nicaragua, el proceso de aplicación se debe de realizar a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que la institución sanitaria tiene en su sede central. Sin embargo, destacó que la interrogante es cuáles serían los pasos para este procedimiento, es decir, los criterios para aplicar la dosis o el control de quién ya fue beneficiado, entre otros.
“El PAI tiene su red de frío, tiene su personal específico en cada unidad, tiene el departamento de vacuna (…) El problema será saber cuál va a ser el criterio para aplicar la vacuna, ¿qué papelería tiene que llenar la persona? Seguro que al que se le aplique la vacuna se le tendrá que dar un carnet de que ya está inmunizado. ¿Ya lo tiene el Gobierno? No lo sé, pero como esto se trata de un interés internacional tienen que dar un documento avalado internacionalmente por la OMS, estos son pasaportes universales de inmunidad”, consideró el doctor Lagos.
En este sentido, el epidemiólogo y miembro del CCM, Leonel Argüello, refirió que en esta ocasión se tiene que llevar un “estricto control” y “se debe quedar evidencia” de qué tipo de vacuna le pondrán a la persona, debido a que se puede dar un escenario donde estén disponibles tres distintas dosis.
“Esta vez debés estar claro y debe quedar evidencia de qué tipo de vacuna te ponen pues habrá varias al mismo tiempo y no son intercambiables. Es decir, si te pusieron la Moderna en la primera dosis, en la segunda debe ser de Moderna. En el caso de la rusa es un poco más complicado, pues la primera dosis es la ‘A’, digamos, y la segunda es la ‘B’, en ese orden”, explicó el doctor Argüello.
El epidemiólogo señaló que en otros países hay una aplicación o un programa computarizado para llevar el control sobre el proceso de vacunación. “Se me ocurre una tarjeta de diferente color según el tipo de vacuna, usar la cédula como control, ubicar por municipios o regiones según vacuna, existen varias modalidades, lo que sí es necesario un control estricto y esto comienza por un censo”, enfatizó el doctor, quien agregó que para esto se necesita de “mucha educación a la población” para que esté clara del tema.
Otro punto que mencionó el doctor Argüello es que para que la gente inscrita al Seguro Social tenga acceso —sin problemas— a la vacuna, el Gobierno y las compañías de seguro deberán acordar la distribución y aplicación en el país. “La vacuna Covid-19 es gratis en todo el mundo, ahora bien, si vos tenés seguro social u otro, eso ya es un arreglo entre el Gobierno y la compañía de seguro. La meta es no excluir a nadie que esté dentro del grupo de edad que se defina vacunar”, expresó.
El doctor Argüello concluyó que las autoridades no deben presentar solo un plan de compras sino un plan con estrategias definidas que informen y aclaren a la población sobre este proceso. “El plan debe ser integral, no solo de vacunación, debe incorporar distanciamiento físico y las otras medidas higiénicas de prevención, así como los exámenes masivos (…) y Nicaragua totalmente rezagado, sin pruebas, no se puede controlar la enfermedad”, cuestionó.