El régimen orteguista estaría convocando a negociar las reformas electorales a partir de febrero para tenerlas aprobadas en mayo, informaron directivos de la Asamblea Nacional. El mecanismo que será anunciado previamente por personeros de la dictadura girará en torno a que en las negociaciones solo participarán los partidos políticos con personería jurídica vigente y se excluirá a los movimientos sociales opositores surgidos de la rebelión de abril del 2018.
El operador político del régimen, Wilfredo Navarro, dijo que en la Asamblea se aprobarán las reformas que previamente se hayan «amarrado» con los partidos políticos, que acepten sentarse con la dictadura.
«Yo creo que tal vez la aprobación (sea) en mayo para coincidir con todos los escenarios que hay, pero primero son los acuerdos. Para que haya eso debe haber una negociación con los partidos políticos y eso será entre febrero y abril», dijo Navarro, quien fue reelecto en la segunda secretaría del parlamento nacional.
Sin embargo, el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, afirmó en diciembre pasado que las reformas electorales se darían en mayo del 2021. Sobre esos plazos, el orteguista Navarro dijo que hay coincidencia puesto que en mayo es cuando está previsto que los diputados aprueben las modificaciones a la Ley, pero que la negociación requiere empezarla antes.
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Los tiempos para definir todo el panorama electoral empezarán a partir de febrero, aunque el legislador no precisó la fecha en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convocarían a los partidos políticos con personería jurídica. Pero, el acuerdo que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consiga en el tema electoral con las organizaciones políticas será llevado a la Asamblea, para ser concretado con una reforma a la Ley Electoral (Ley 331).
«Acordate que la aprobación aquí (en la Asamblea) es reflejo del amarre que se hace afuera, entonces, primero son los acuerdos. Por eso creo que marzo, abril y mayo son las fechas propias de la discusión de la reforma. Será solo con los partidos políticos, porque es un tema electoral», dijo Navarro.
Todo apunta a que la dictadura cederá solo a cambios «cosméticos» en la Ley 331, que incluirían modificaciones técnicas del proceso, pero dejando fuera las reformas profundas exigidas por la oposición agrupada en las plataformas surgidas de las protestas de abril del 2018, como el nombramiento de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Coalición y Alianza Cívica podrían incidir con sus aliados
La Coalición Nacional y la Alianza Cívica, que son las plataformas que agrupan a los movimientos opositores surgidos de las protestas sociales, lograrían incidir en las negociaciones a través de la alianza que tienen con el Partido de Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL), respectivamente. Ambos partidos tienen personería jurídica y participaron en las elecciones municipales del 2017 y las regionales de la Costa Caribe en el 2019.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, consideró que lo importante no es quién esté en la negociación de las reformas electorales, sino lograr cambios que garanticen elecciones justas y transparentes.
«Nos hemos puesto de acuerdo con Ciudadanos por la Libertad, y con muchos otros partidos y organizaciones sobre los puntos importantes en la reforma electoral, con el fin de que no sean solo cambios cosméticos y también está la resolución de la OEA sobre este tema. Sí, está bastante consensuado eso», aseguró Chamorro.
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Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) —que es parte de la Coalición Nacional—, valoró que el objetivo del régimen es «crear incertidumbre política y tratar de sacar ventaja», por eso decidió retrasar el proceso.
«Ortega sabe que sin reformas electorales la comunidad internacional no va a reconocer el proceso electoral resultante de noviembre del 2021», dijo Maradiaga. El político opositor insistió que en el actual contexto «es fundamental que la oposición se mantenga cohesionada en la exigencia de que esas reformas no sean cosméticas, pero además en la demanda de condiciones habilitantes como la libertad de los presos políticos».
En las cárceles hay más de cien presos políticos. Además, la Policía Orteguista (PO) de forma ilegal mantiene casa por cárcel a excarcelados políticos y líderes opositores para impedir la organización de los movimientos adversarios al régimen.
«Una reforma unilateral, es decir, a espaldas de la propuestas de reformas de la Coalición Nacional y de la resolución de la Asamblea General de la OEA, no sería suficiente», insistió Maradiaga.
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Desecharon reformas constitucionales
El Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), que integran abogados y especialistas en temas de elecciones, ha consensuado con partidos y movimientos opositores, así como organizaciones sociales, las propuestas que Nicaragua requeriría para asegurar que las elecciones serían con estándares internacionales de credibilidad.
Esa propuesta incluye restablecer la prohibición de la reelección a la Presidencia en la Constitución Política y en la Ley Electoral, además de elevar el porcentaje mínimo del 50 por ciento más uno de los votos válidos para ganar la elección, además de agregar la prohibición de que el cónyuge del presidente en funciones sea candidato. Pero esos candados ya no son posibles, debido a que requieren una reforma a la Constitución en dos legislaturas, lo cual fue bloqueado por los orteguistas al negarse a iniciar las negociaciones en el 2020.
La comunidad internacional, a través de la Organización de Estados Americano (OEA), también exigió a Ortega que a más tardar en mayo del 2021 haya modificaciones profundas al sistema electoral que permitan la observación electoral creíble, la depuración del padrón electoral y la reestructura del CSE.
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PLC alineado al pacto con el FSLN
Pero la cúpula del PLC, dirigido por la diputada María Haydée Osuna, está lista a participar en las pláticas con el FSLN, e incluso apoyan que sea solo entre los partidos con personería.
«Vamos a exigir al Gobierno que se reúna con los partidos políticos para ver la reforma electoral. El Gobierno debe de crear las condiciones necesarias para participar en el proceso de las elecciones», dijo Osuna el sábado pasado. Osuna fue reelecta como tercera vicepresidenta de la junta directiva de la Asamblea Nacional, junto al resto de seis miembros.
Seis diputados del PLC, incluidos Osuna, votaron a favor de reelegir en la presidencia de la Asamblea al orteguista Gustavo Porras, lo que para diversos opositores fue el sello de que sigue intacto el pacto político entre el PLC y el FSLN.
Osuna tiene la representación legal del PLC por decisión del CSE, mientras se resuelve la litis por el control de la organización que se disputa el también diputado Miguel Rosales, apoyado por el grupo del caudillo Arnoldo Alemán. El pacto entre Alemán y Ortega en el año 2000 les permitió a sus partidos repartirse los principales cargos en los poderes del Estado.
«Para mí en principio, (deben estar) los partidos políticos (en la negociación), y posteriormente todas las organizaciones sociales tienen derecho a participar», dijo Osuna cuando se le preguntó si dejarían fuera a la Coalición y a la Alianza Cívica.
En el país hay 18 partidos políticos con personería jurídica. Nueve de estos conforman la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que encabeza el FSLN. También hay otros aliados del régimen que son llamados «zancudos» debido a que apoyan las leyes y políticas represivas del orteguismo, entre los que están el Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Liberal Independiente (ALN) y Alianza por la República (Apre). Esos tres tienen cinco diputados, entre todos, en la Asamblea Nacional, cuyo apoyo al orteguismo se reafirmó al votar por la reelección de los siete miembros de la junta directiva parlamentaria, entre ellos Gustavo Porras como presidente.
El Partido Conservador (PC), con su única diputada Wendy Guido, también votó a favor de la reelección de todos los directivos orteguistas y liberales en la junta directiva parlamentaria, aunque sus autoridades dicen que esto se debió a un «error». Sin embargo, fuentes políticas señalan que el partido conservador desde diciembre había acordado votar junto a liberales y orteguistas por la reelección de Porras.
