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CONTENIDO EXCLUSIVO.Este 15 de diciembre los diputados ante la Asamblea Nacional cierran la legislatura anual e inician las vacaciones de fin de año, dejando pendiente uno de los temas más trascendentales políticamente hablando, como es el de las reformas a la Ley Electoral.
Para representantes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), si no hay nuevas reglas en materia electoral a más tardar el próximo mayo, incorporando las demandas de la mayoría de los ciudadanos y la comunidad internacional, no habrían condiciones para que en Nicaragua se celebren elecciones en el 2021 que se consideren transparentes y creíbles.
Oficialmente, los personeros del régimen orteguista no han informado a los presidentes y directivos de los partidos políticos con personería jurídica cuándo iniciarían las negociaciones sobre ese tema, aunque políticos opositores conocen que a puerta cerrada la dictadura está preparando una propuesta de reforma electoral, la que podría sacar en cualquier momento.
Violeta Granera, del consejo político de la UNAB y José Adán Aguerri, de la Alianza Cívica, están claros que será difícil que la dictadura acceda a las reformas electorales constitucionales que implica prohibir la reelección presidencial.
Ambos opositores dijeron, por separado, que sus organizaciones seguirán presionando por cambios profundos al sistema político electoral. Aunque seguirán presionando por lograr cambios esenciales como nombrar a nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), e incorporar en la Ley los mecanismos que resten control político al régimen, a fin de que hayan reglas mínimas que eviten que el orteguismo cometa otro fraude, como ha ocurrido desde el 2008.
Para Aguerri, de la Alianza Cívica un paso esencial es abrir la participación de organismos de observación electoral nacional e internacional sin restricciones.
Y condiciones previas para unos comicios libres, según Aguerri, es que se restituya el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que incluye liberar a los 110 presos políticos.
¿Habrá sorpresas?
El diputado orteguista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, les notificó a los diputados que aunque el período legislativo concluirá formalmente este martes, todos quedan sujetos a ser llamados, cuando así lo disponga la Junta Directiva.
«Si hubiera una iniciativa de urgencia (que envía el régimen) pues convocaríamos (a sesionar). Ustedes recibirán la convocatoria ya sea antes de cerrar la legislatura o en el período después del 15 (de diciembre)», les informó Porras el pasado jueves 11 de diciembre a los parlamentarios.
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Porras es uno de los operadores principales de la dictadura y está sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos. El gobierno norteamericano le atribuye al diputado y sindicalista haber dirigido la represión en contra de las manifestaciones sociales e impulsar las leyes represivas contra el pueblo.
El 9 de enero cuando inició la actual legislatura, Porras prometió que este año habría modificaciones «profundas» al sistema electoral, para supuestamente “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico-electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral».
«Esa es parte de nuestra agenda este año”, afirmó entonces el presidente de la Asamblea. Pero el 2020 culmina sin que haya reformas electorales.
Mayo es el plazo de la OEA
El dictador Daniel Ortega no ha mostrado voluntad política para abrir las negociaciones de la reforma electoral, a pesar de la presión que movimientos y partidos políticos opositores le demandan.
La comunidad internacional, a través de la Organización de Estados Americano (OEA), también exigió a Ortega que a más tardar en mayo del 2021, promueva modificaciones profundas al sistema electoral que permitan la observación electoral creíble, la depuración del padrón electoral y la reestructura del Consejo Supremo Electoral (CSE), que implique el nombramiento de nuevos magistrados electorales.
Estos cambios políticos se demandan a fin de que se garantice que las elecciones nacionales previstas para noviembre del 2021 cumplan con los estándares internacionales de confianza y credibilidad que garantice a los nicaragüenses de que su voto será respetado. La comunidad internacional ya advirtió a Ortega, de manera bilateral y a través de organismos regionales como la OEA, que si los comicios no son transparentes y libres, el gobierno que resulte no sería reconocido como legítimo.
Estas son las reformas que necesitan dos legislaturas
El Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), que integran abogados y especialistas en temas de elecciones, han consensuado con partidos y movimientos opositores, así como organizaciones sociales, las propuestas que Nicaragua necesita para encausar el camino de la transparencia en los comicios y con ello la democracia.
Esa propuesta incluye restablecer la prohibición de la reelección a la Presidencia en la Constitución Política y en la Ley Electoral, además de elevar el porcentaje mínimo del 50 por ciento de los votos válidos para ganar la elección, además de agregar la prohibición de que el cónyuge del presidente en funciones sea candidato.
Poner esos candados requieren modificar la Carta Magna, y quizás sean los que más rechazo tengan del dictador Ortega puesto que fueron los que eliminó en las reformas constitucionales del 2014 para allanar el camino para perpetuarse en el Gobierno. Ortega sería nuevamente el candidato a la Presidencia por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las elecciones del 2021 en las que buscará su cuarto período consecutivo.
Aguerri, de la Alianza Cívica, recordó que reemplazar a los magistrados del CSE es más una voluntad política, que no necesita cambiar la Ley. Pero el control de la Asamblea que tiene el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obstaculiza las reformas que Nicaragua urge. El FSLN tiene 70 de los 91 diputados en funciones.
“Con una Asamblea donde la mayoría la tiene el Frente Sandinista es muy poco factible que logremos los cambios electorales profundos que devuelvan el estado de derecho, que incluyan reformas constitucionales”, afirmó Aguerri.
Sin embargo, para la Alianza Cívica aún habría tiempo para que la Ley Electoral incorpore las reglas que den la confianza en la población en las elecciones del 2021.
“Hay un plazo que la comunidad internacional está observando, que lo puso la OEA cuando estableció que para mayo del 2021 revisará el cumplimiento de las demandas a Nicaragua en el tema electoral. Ese plazo coincide con lo establecido por el CSE de que hasta junio se podrá obtener la personería jurídica como partido político”, señaló Aguerri.
Falta de voluntad
El dictador Daniel Ortega no ha mostrado voluntad política para abrir las negociaciones de las reformas.
Granera, de la UNAB, señaló que “Ortega no quiere aceptar frente a su base que tendrá que dar reformas electorales para que haya una transición de poder menos dolorosa”. Además, dijo Granera, apostó a que con la represión evitaría que la oposición se organizara.
“Falló porque pese a todo la gente se está organizando en los territorios y a nivel nacional para seguir la lucha hasta abrir la posibilidad cívica de cambiar al gobierno”, afirmó Granera.
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Aún no llaman a partidos políticos
Los operadores del régimen aseguraron que solo conversarán con los representantes de los partidos políticos con personería jurídica, lo que dejaría de un lado en las negociaciones por una reforma electoral a la Coalición Nacional, Alianza Cívica y a otras agrupaciones sociales y políticas opositoras, consideradas las principales fuerzas políticas que nacieron con la rebelión social de abril del 2018.
Alejandro Mejía Ferreti, presidente del partido Alianza Liberal Independiente (ALN), afirmó que «no hemos sido citados para ese tema del Frente Sandinista, ni en la Asamblea Nacional».
Ferreti es el tercer secretario de la directiva parlamentaria y duda que antes de que finalice el 2020 la dictadura convoque a las negociaciones por reformas electorales.
«Los tiempos se están agotando. Pienso que al final será un teatro de medidas de carácter técnico para que los partidos que vayan a las votaciones sepan que al menos habrá ese mecanismo. La duda es si esas medidas serán transparentes», afirmó Ferreti.
El diputado y exjefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, tampoco ha recibido mensajes de los sandinistas de que se piense abrir el tema de las reformas en el corto tiempo. Aunque Rodríguez no descartó que el régimen lo haga de forma sorpresiva.
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«Aún cuando la Asamblea haya cerrado su legislatura, podemos ser convocados los diputados cuando hay temas de emergencia. Se me hace que el hecho que Gustavo dijera que estemos listos es que pueden presentar las reformas en cualquier momento. Pero habrá que esperar con qué salen», dijo Rodríguez.
La Ley Orgánica del poder legislativo establece en su artículo 8, sobre las definiciones, que la legislatura «es el período que se verifican las sesiones de la Asamblea Nacional, que comienza el día 9 de enero y concluye el 15 de diciembre de cada año».
