Desde el inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018, al menos 1,614 personas han sido encarceladas «arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones», según un informe publicado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la CIDH, este número de detenciones en el contexto de las protestas ciudadanas representa «una fracción de un universo mayor, difícil de proyectar debido a la ausencia de información oficial y otros factores relacionados con la dinámica de las detenciones arbitrarias».
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El informe fue elaborado a través de información parcial aportada por el Estado, datos recabados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cifras y análisis aportados por organismos internacionales, así como información obtenida de organizaciones de la sociedad civil y testimonios de las víctimas.
[Informe #PersonasPrivadasLibertad en #Nicaragua]
La @CIDH publica el informe sobre situación de derechos humanos de las personas detenidas en el marco de la crisis de #DDHH en #Nicaragua.#PPL
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— CIDH – IACHR (@CIDH) December 2, 2020
El documento del organismo internacional, que ha seguido muy de cerca la situación de crisis en Nicaragua, detalla las condiciones a las que han estado sometidas las personas encarceladas por el régimen tanto en el Sistema Penitenciario Nacional, como en las mismas estaciones policiales.
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«Se constata el tratamiento estas personas como objeto de “intercambio” y “negociación” con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones la oposición y la sociedad civil.
Patrones de violencia sexual
Otro de los detalles que brinda el informe de la CIDH es la afectación particular contra mujeres a través de «patrones comunes» en casos de violencia sexual que, según el organismo, «podrían constituir actos de tortura y/o trato cruel, inhumano y degradante».
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Según la CIDH, estos actos de tortura indican que fueron actos cometidos como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación, «especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones».
Del total de personas detenidas en el contexto de las protestas que indica el informe, hasta el 31 de mayo, al menos 80 de estas continuarían detenidas.
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No obstante, aunque la gran mayoría de detenidos fueron liberados bajo la figura de excarcelados, el informe de la CIDH destacó la persistencia de «una práctica sistemática de afectaciones» a los derechos tanto de los familiares de los detenidos como de los mismos excarcelados.
«La CIDH constata la grave situación de los derechos humanos de las personas excarceladas debido a las consecuencias en las mismas de la privación arbitraria de la libertad, la falta de información de su situación jurídica y la continuación de actos de hostigamiento, amenazas, asedios, estigmatización y vigilancia permanente, los cuales tendrían por finalidad inhibir cualquier organización política o manifestación social», cita el informe.
Detenciones a manos de policías y parapolicías
La información analizada por la CIDH para la elaboración de dicho informe refleja que las detenciones de opositores fueron realizadas por agentes de la Policía y grupos parapoliciales, «de manera masiva, selectiva y múltiple; mediante un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza que incluyó la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de tortura», que resultan ser «graves violaciones a los derechos a la libertad e integridad personal consagrados en la Convención Americana».
Otro de los factores que la CIDH destacó en su documento es que las personas detenidas por el orteguismo en su «gran mayoría» fueron estigmatizadas con los términos «golpistas, delincuentes y vándalos» por parte de instituciones del régimen y medios oficialistas.
«Fueron señalados por autoridades estatales y medios identificados como oficialistas como responsables de cometer ‘actos terroristas y de crimen organizado’. Lo anterior, incluso previo a ser puestos a disposición de la autoridad competente», indica el informe.
Más indicios de arbitrariedad
Por otra parte, el organismo internacional señaló que otra de las razones para considerar que las detenciones de manifestantes fueron completamente arbitrarias fue el hecho de que se ejecutaron sin informar a las personas sobre la causa de detención y sin exhibir orden o mandamiento judicial.
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«La Comisión recibió múltiples denuncias que indican que las personas detenidas no fueron puestas a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo legal de 48 horas y fueron privadas de libertad en centros clandestinos, policiales o penitenciarios por períodos de tiempo en que distan desde días hasta meses, antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial», expresa el documento.
Ante tales arbitrariedades, la CIDH recomendó una vez más al régimen de Daniel Ortega poner en libertad a las personas que hayan sido detenidas en el contexto de las protestas de 2018, «cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se manifiestan contra el Gobierno», que los operativos de detención se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza.
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Además, la CIDH recomendó al Estado nicaragüense a iniciar inmediatamente una investigación que permita «identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables de malos tratos y tortura», así como elaborar y posteriormente brindar un registro público que contenga la información de las personas que han sido detenidas.
