La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el 2 de noviembre una resolución, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de 41 personas, porque «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos», en el contexto de su privación de libertad, consideró el organismo internacional.
Los beneficiarios se encuentran en siete diferentes centros de penales, el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa, mejor conocido como «La Modelo», en Waswalí, Granada, Jinotepe, Matagalpa, Chinandega y en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), antes conocido como «La Esperanza».
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Según la solicitud, las personas privadas de libertad se encuentran en riesgos dadas las condiciones de detención y la alegada falta de atención médica en el actual contexto de la pandemia por el covid-19. La CIDH, solicitó información al Estado de Nicaragua, sobre las presas y presos políticos el 24 de junio de 2020, que no ha respondido hasta la fecha, reveló el organismo internacional.
Lista de los beneficiarios con medidas cautelares
En La Modelo: Justo Emilio Rodríguez López, John Christopher Cerna Zúñiga, Edwar Enrique Lacayo Rodríguez, Celia (Amílcar) Cerda Cruz, Maycol Antonio Arce, Norlan Josué Cardenas Ortiz, Richard Alexander Saavedra Cedeño, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Néstor Eduardo Montealto Núñez, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Edwin Antonio Hernández Figueroa, Wilber Antonio Padro Gutiérrez, Steven Moisés Mendoza, Giovanny Jared Guido Morales, Max Alfredo Silva Rivas, Alexander Rafael Martínez López, Gabriel Renán Ramírez Somarriba, Víctor Manuel Díaz Pérez, Edman Jheancarlos Mora Ortiz, Edwin Javier Mora Cajina, Nilson José Membreño, Francisco Javier Pineda Guatemala, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, Luis Carlos Valle Tinoco, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo, Ernesto Antonio Ramírez García, Michael Rodrigo Somarriba Anderson, Fanor Alejandro Ramos, Víctor Manuel Soza Herrera y Uriel José Pérez.
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En el SPN de Waswalí: Walter Antonio Montenegro Rivera, Jorge Adolfo García Arancibia, Mauricio Javier Valencia Mendoza, Ezequiel de Jesús González Alvarado, Samuel Enrique González y Denis Javier Palacios Hernánez. En Jinotepe, Lester José Selva; en Matagalpa, Leyving Eliezer Chavarría; en Chinandega, Carlso Antonio López Cano.
En el penal de mujeres: Karla Vanessa Escobar Maldonado, María Esperanza Sánchez García y Juana Estela López Alemán.
La CIDH demanda al Estado a respetar medidas cautelares
Tras analizar las alegaciones de hechos aportadas por los solicitantes, al CIDH consideró, que las 41 personas identificadas «se encuentran en riesgos», por lo que solicitan al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias identificadas.
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También demanda que adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan acceder de manera inmediata a las valoraciones especializadas en salud para determinar las condiciones médicas en las que actualmente se encuentran y determinar las atenciones necesarias, así como asegurar que efectivamente sean recibidas.
Tomando en cuenta el contexto de pandemia y la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las circunstancias que rodean su privación de la libertad, demandan que se evalúe inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco registran que a la fecha más de cien manifestantes opositores detenidos en las cárceles del país.
CIDH otorga medidas cautelares a padres de exreos políticos
Mediante la resolución 80/2020, el 28 de octubre la CIDH, también otorgó medidas cautelares de protección a favor de Juana de la Rosa Lesage Guadamuz y Roberto José Esteban, padres de los excarcelados políticos Harvin, Jean Carlos y Luis Miguel Esteban Lesage.
Ambos «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo», debido a que estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, vigilancias y hechos de violencia de parte de agentes estatales y paraestatales, como resultado de la participación de sus hijos en las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, según el organismo internacional.
Los hermanos Esteban Lesage, participaron en las marchas opositoras realizadas en Carazo durante la rebelión cívica. Los jóvenes destacaban por componer canciones de protestas. Fueron capturados en julio de 2018, durante la Operación Limpieza y fueron acusados por los delitos de, según la Fiscalía «crimen organizado , terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y secuestro simple».
Por tanto, la CIDH, insta al Estado, «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la vida e integridad personal de Juana Lesage Guadamuz y Roberto José Esteban, a tales efectos que debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad de las personas beneficiadas, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros».
Además, el organismo internacional le hace un llamado al Estado a que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Alianza Cívica demanda al régimen respetar y cumplir las medidas otorgadas por la CIDH
La Comisión de Verificación y Seguridad (CVS), de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hizo un reconocimiento al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular, al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), por haber otorgado medidas cautelares de protección a favor de 41 presos y presas políticas que han sufrido la sintomatología del Covid-19 en distintos centros penales, y a quienes, según la organización opositora, no se les ha dado la atención médica oportuna dentro del contexto de la pandemia por parte del Sistema Penitenciario poniendo en riesgos sus vidas.
La Alianza Cívica demanda y exige a las autoridades del Sistema Penitenciario a respetar y garantizar los derechos humanos que tienen todos los privados de libertad. «Es deber del Estado garantizar como prioridad el derecho a la vida, a la integridad personal y la salud de todos los presos, incluidos nuestros presos políticos», recordó la organización por medio de un comunicado.
