La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron este miércoles, 7 de octubre, su preocupación por una “escalada represiva en Nicaragua”, marcada por el envío de dos proyectos de ley a la Asamblea Nacional “que amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas”.
“De acuerdo con la información disponible, así como los reportes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) en las últimas semanas diputadas y diputados del partido de gobierno han presentado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación”, manifestó en un comunicado la CIDH.
El organismo, atento a la situación de Nicaragua, hizo una descripción de las iniciativas de ley propuestas por el régimen orteguista y coincidió con las críticas que ya han recibido de parte de organismos nacionales y la comunidad internacional.
“El 22 de septiembre se presentó la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como ‘agentes extranjeros’. Ello conlleva la obligación de presentar informes, y la imposibilidad de intervenir en cuestiones de política interna y de ‘ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos’”, aseveró.
“Por último, prevé la posibilidad de establecer, ante el incumplimiento, multas, cancelación la personalidad jurídica, responsabilidades penales por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, e incluso la intervención de muebles e inmuebles y la prohibición de actividades”, agregó.
La CIDH también refirió que el 28 de septiembre se introdujo el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, llamada en Nicaragua “Ley Mordaza”, “que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales”.
“Entre las disposiciones de esta ley, llama preocupantemente la atención aquella que disponen sanciones penales para la publicación o difusión de ‘información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra en la población…’”, advirtió el organismo.
Embargo a Canal 12
El comunicado de la CIDH y la Relatoría Especial manifiesta que han recibido información sobre el embargo del Canal 12, por una supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI).
“Días atrás, la justicia decretó un embargo millonario sobre el canal en aplicación de esa supuesta deuda, que le impediría continuar funcionando. Los directores del medio afirman que no deben las sumas impuestas y que el proceso siempre continuó sin que ninguna de sus defensas haya sido considerada. Asimismo, la DGI habría impuesto un reparo fiscal a Canal 10 por 110 millones de córdobas”, dijo.
En ese comunicado, el organismo también mostró preocupación por el incremento de las causas penales en contra de periodistas, “invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias”.
“Uno de los casos más recientes es el de la periodista de radio La Costeñísima Kalúa Salazar, que fue condenada por calumnias luego de denunciar hechos de corrupción en la Alcaldía de El Rama. Según la información disponible, el periodista y director de la plataforma digital Boletín Ecológico David Quintana y el periodista William Aragón también habrían sido denunciados por el mismo delito”, afirmó la CIDH.
Asimismo recordaron al régimen que «el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que «[l]a utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública […], con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión».
Sobre la libertad de expresión en internet
Según la Relatoría Especial de la CIDH la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de 2011, de los Relatores Especiales CIDH y ONU prevé como principio general que “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.
“Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba ‘tripartita’)”, expresó el organismo.
