La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama nuevamente al Estado de Nicaragua a cesar los actos de persecución contra las personas opositoras a la dictadura, así como a tomar las medidas necesarias para el restablecimiento de garantías y derechos propios de un régimen democrático, en particular, de cara a los próximos comicios electorales a realizarse en noviembre de 2021 en el país.
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En su más reciente boletín informativo de la CIDH sobre el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país, indica que en el mes de octubre se llamó al Estado a cesar los actos de persecución contra las personas consideradas opositoras.
A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la CIDH, advirtió también sobre la intensificación de una estrategia gubernamental consistente en el ataque a medios de comunicación y prensa independiente, por medio de la censura directa e indirecta, así como hechos de asedio y amenazas a líderes sociales y políticos, defensoras y defensores de derechos humanos.
Por ejemplo, «el 29 de septiembre, la CIDH denunció la persecución y actos intimidatorios por agentes policiales contra organizaciones feministas. Particularmente, la CIDH condenó la persecución contra Sandra Ramos, líder del Movimiento María Elena Cuadra, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH desde el 25 de julio de 2018», recordó el organismo internacional.
Rechazan leyes represivas
En este grave contexto, la CIDH condenó la aprobación del proyecto de Ley sobre Agentes Extranjeros, mejor conocida como «Ley Putin», así como del proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos o «Ley Mordaza», las cuales ya fueron inscritas en La Gaceta, Diario Oficial, por lo que dentro de 60 días a partir de su publicación entran en vigencia.
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La CIDH, alerta que ambas leyes, bajo excusas legales, afectarían gravemente a organizaciones nicaragüenses que reciben financiamiento o apoyo extranjero para fines de bien público. Además, «criminalizarían la difusión de opiniones o información, afectando con ello la libertad de expresión, de asociación, el derecho a defender derechos humanos, así como la participación en la dirección de los asuntos públicos», expresa.
Finalmente, la CIDH, manifestó que recibió información sobre la persistencia de detenciones arbitrarias e ilegales, por parte de agentes estatales. Señala que, dichas detenciones son practicadas sin orden judicial y sin que se verifique la hipótesis de flagrancia. En algunos casos, se trataría de detenciones breves destinadas a disuadir a manifestantes, mediante uso de la fuerza, de acciones de protesta; en otros casos, se utilizarían figuras penales injustificadas y desproporcionadas con el fin de criminalizar a lideresas y líderes opositores.
