Las últimas sanciones de Estados Unidos en contra de funcionarios fieles al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo demuestran que las próximas estarían encaminadas a castigar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, uno de los brazos fuertes del orteguismo para reprimir a los nicaragüenses, coincidieron analistas políticos, que señalaron que el Gobierno estadounidense estaría en el proceso de documentación para las siguientes penalidades.
La pareja dictatorial ha visto cómo sus fieles funcionarios de distintas instituciones y poderes del Estado han sido castigados por ser cómplices de su represión, y aunque el poder judicial ha sido señalado de fabricar acusaciones falsas contra opositores, llevar a cabo juicios viciados y condenas injustas, este aún no ha sido alcanzado por Estados Unidos. Sin embargo, la sanción impuesta a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, el viernes 9 de octubre, sería una señal de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están ya en la mira del gobierno de Donald Trump, consideraron analistas.
«Esta primera sanción a un miembro del sistema penal es una señal clara de que ya están iniciando la tramitación de casos en ese sector», declaró el abogado y analista político José Pallais, quien señaló que el Ministerio Público, encargado de las acusaciones contra opositores, es parte del sistema judicial del país y está implicado en procesos amañados y sesgados en contra de los ciudadanos que han ejercido su derecho de protestar contra el régimen.
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En mayo pasado senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos solicitaron al Gobierno de Trump sancionar a magistrados, jueces, así como a miembros de la Fiscalía General de la República «que estén directa o indirectamente involucrados» en la represión y violación a los derechos humanos en Nicaragua.
«Creemos que nuestra política de sanciones debe estar conectada a una estrategia diplomática más amplia con respecto a Nicaragua. En este caso, es importante que los miembros del poder judicial nicaragüense comprendan que, a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley, y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará de sus acciones», dicta la carta de los senadores enviada al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Pero, ¿por qué aún no los han sancionado?
A criterio del jurista y analista político Julio Icaza Gallard, hasta ahora las sanciones se han centrado en aquellas personas más destacadas en la dirección y ejecución de actividades represivas violatorias de los derechos humanos y, por otra parte, en el círculo cercano a Ortega ligado a las operaciones financieras que constituyen las principales fuentes de ingreso de la dictadura.
En cuanto al actuar del poder judicial, este es «amplísimo» y, además de lo penal, tiene que ver con todas las otras ramas del derecho. «Tal vez por estas razones el poder judicial ha escapado por el momento del escrutinio y no ha sido objeto de sanciones; pero el involucramiento de un grupo de jueces en juicios políticos que han violado todas las garantías procesales es ampliamente conocido, así como los vínculos con redes y actividades corruptas», manifestó Icaza Gallard.
«Las sanciones también buscan provocar deserciones entre los que apoyan al régimen y para eso deben ser selectivas y graduales», agregó.
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El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado de manera individual a 24 funcionarios del círculo de poder de la dictadura Ortega-Murillo, que incluye a la vicepresidenta Murillo, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; al jefe de la Policía, Francisco Díaz; al comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, entre otros.
La magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ha liderado las acusaciones falsas contra la oposición, recrudecidas en el 2018 cuando estallaron las protestas antigubernamentales. Ramos, quien lleva más de 30 años como magistrada en la Corte, acusó en ese año, sin previo juicio, que los manifestantes «cometieron incendios, asesinatos con armas industriales y hechizas, utilizaron explosivos en contra de personas, bienes públicos y medios de transporte; vimos cómo quemaron y secuestraron personas».
Un estudio presentado en el 2019 por abogados independientes reveló que jueces y magistrados del poder judicial incumplieron su función de garantizar los derechos constitucionales y procesales de las personas secuestradas y procesadas por participar en las protestas contra el régimen de Ortega. Por el contrario, avalaron las ilegalidades realizadas por la Policía Orteguista y la Fiscalía.
Entre los jueces orteguistas que se han encargado de reprimir a los presos políticos están: Abelardo Antonio Alvir Ramos, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua; Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, y Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua.
El proceso de documentación
El abogado José Pallais señaló que las sanciones individuales son complejas porque requieren de un suficiente tiempo para recoger pruebas y luego acusar. Hasta ahora la única institución pública sancionada por EE. UU. es la Policía; en su mayoría los castigos son directos a funcionarios.
«Si bien el poder judicial es parte activa del modelo represivo de Ortega, hasta ahora la única institución sancionada es la Policía, todas las demás son sanciones personales y se requiere de un análisis de caso por caso, dedicado a cada persona y a su rol e involucramiento personal en las sanciones», dijo Pallais.
El opositor aclaró que las autoridades competentes del Departamento del Tesoro de EE. UU. preparan los casos, pero no únicamente por decisiones políticas, sino que hay decisiones políticas generales de sancionar a los violadores de derechos humanos, corrupción y a los que afectan el derecho de los pueblos a vivir en democracia. «Para aplicar a cada caso concreto se requiere de una investigación, documentación y acopio de pruebas, que se tiene entendido que es un procedimiento detallado, pero requiere algún tiempo», dijo Pallais.
Los senadores estadounidenses en su petición realizada en mayo declararon que «las organizaciones internacionales de derechos humanos han aportado pruebas de que miembros de alto rango del poder judicial han llevado a cabo procesamientos sin el debido proceso y no han logrado responsabilizar a los grupos progubernamentales por sus crímenes».
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En ese sentido, el abogado y exdiputado opositor Eliseo Núñez expresó que la petición de los senadores puede estar en «proceso» y que los próximos sancionados sean basados en esa carta, «siempre y cuando puedan concluir que tienen un caso con pruebas y argumentos fuertes».
«Cada sanción de Estados Unidos lleva un proceso de investigación, validación, recolección de pruebas y consultas con el fiscal general de EE. UU., esto en razón de que Estados Unidos es un estado garantista y los afectados pueden recurrir ante los propios órganos de la Administración e incluso los órganos judiciales, por eso es que las sanciones avanzan al mismo ritmo que este proceso arroja resultados», explicó Núñez.
El círculo vicioso de los Ortega-Murillo
El analista político Pallais declaró que las sanciones no han alterado «la deriva autoritaria y represiva del régimen», pero hace que caiga en un «círculo vicioso» de más sanciones, mayor represión y esto es debido a que «se sienten más aislados y más débiles».
«El régimen se siente más aislado y más débil y recurre a más violencia, más represión, ha caído en un círculo vicioso, para sostenerse en el poder requiere mayor cantidad de represión más amplia, extensa y eso le provoca más sanciones, eso le debilita más y vuelve a explorar nuevos métodos de represión (…) Cayó en ese círculo vicioso que es propio de las dictaduras en su etapa terminal”, aseveró Pallais.
Por su parte Núñez expresó que el régimen por el momento aún puede reprimir, pero las sanciones eventualmente desarticularán el sustento del aparato represor. «Uno de los efectos es que cada vez obliga al régimen a reducir su grupo protegido y con esto deja desamparados a muchos operadores que hasta hoy gozaban de protección, y por ser el sandinismo un movimiento basado en la prebenda y la impunidad en beneficio de sus seguidores, al final esto causará una implosión», concluyó.
Al respecto, Icaza Gallard consideró que parte de los efectos de las sanciones en el régimen son las iniciativas de leyes, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Agentes Extranjeros, con el cual buscaría «una táctica que le permita tener fichas para ceder en unas eventuales negociaciones».
«A la hora de analizar estas nuevas leyes represivas es necesario preguntarse por la necesidad de las mismas, cuando Ortega ha demostrado que le importa un comino la legalidad a la hora de reprimir, perseguir, encarcelar y confiscar. También es necesario preguntarse por qué recurre a esas leyes hasta ahora, en este momento. Los análisis coinciden en que podría tratarse de una táctica que le permita tener fichas para ceder, en unas eventuales negociaciones», dijo Icaza Gallard.
El jurista agregó que el objetivo de las sanciones es ablandar al régimen y desmoralizarlo. «Al incrementar la represión como respuesta Ortega lo que hace es hundirse más el cuchillo, generando más y mayores sanciones».
