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CONTENIDO EXCLUSIVO.Cuando un manifestante azul y blanco es apresado y la Policía Orteguista anuncia que remitirá su expediente a la Fiscalía para ser acusado, abogados penalistas y organismos de derechos humanos saben que la causa caerá entre los Juzgado Quinto, Sexto y Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua.
No es que solo existan estos tribunales, sino que en la práctica obedecen a la parcialización del sistema de justicia penal de Nicaragua.
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Ese sistema distribuye estos expedientes entre los jueces “fieles” al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, coincidieron abogados.
Esta tómbola “dirigida” de casos donde el partido tiene interés, se ha visto desde hace años, pero durante la criminalización de la protesta cívica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha exacerbado. Lo mismo pasa cuando el expediente es remitido a juicio, ya se sabe en qué juzgados caerán, señalan los mismos penalistas.
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El régimen de Ortega admitió el pasado 20 de septiembre que tenía 204 presos, detenidos durante las protestas iniciadas en abril, los que son calificados por defensores de derechos humanos como “reos políticos”. De esos, 197 están en proceso judicial y siete han sido condenados. Las cifras fueron presentadas por el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, en los medios oficialistas, aunque no incluye que el hecho que son más de cuatrocientos los acusados a quienes los jueces les han girado órdenes de captura.
El destino de este tipo de causas judiciales es siempre el mismo: un juez que intentará cumplir con todas las formalidades del caso, para dar visos de legalidad al proceso, pero en el fondo responderá al designio que, desde la más alta cúpula del poder, ya declaró culpable a los manifestantes, mientras los familiares de estos recibirán poca información sobre la situación de estos en las cárceles de la dictadura, según fuentes consultadas.
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Rosario Murillo, vicepresidenta de Ortega, es una de las que más ha dicho epítetos contra los manifestantes en el sistema político imperante en el país, en el que todos los poderes del Estado, incluido el poder judicial, están subordinados. Ella los ha llamado “chingastes”, “puchos” y, tanto ella como su marido, han dicho que fueron víctimas de un “golpe de Estado”, con lo que la suerte de los autoconvocados está echada.
Falso sorteo
El poder judicial instauró el sistema aleatorio (sorteo o tómbola) para distribuir expedientes en los juzgados de Managua, en noviembre de 2007. Los usuarios de la justicia celebraron porque se pensó ingenuamente que terminarían “los favoritismos y los casos por encargo”, sin embargo, en la práctica se mantienen, según conveniencia del orteguismo.
“No funciona el sistema aleatorio de asignación de expedientes, se nota su vulnerabilidad y su manipulación, principalmente en cuanto a la asignación de causas con intereses evidentemente político-partidarios y de Gobierno, cuando este elemento está de por medio, la asignación se hace a los judiciales más fieles al partido”, expresó el abogado penalista Nelson Cortez.
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Según información de la Corte Suprema de Justicia, el sistema informático Nicarao se encarga de distribuir de forma aleatoria las causas que ingresan a los más de sesenta juzgados del Complejo Judicial, de manera que a ninguno se le recargue más trabajo que a otro, como ocurría antes de la implementación del modelo de gestión de despachos, pero en la práctica es diferente, insisten abogados.
Falta independencia
Para Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), esta selectividad de ciertos juzgados para llevar casos “políticos” no es novedosa y deja al descubierto la falta de independencia del poder judicial.
“Nosotros hemos recibido una serie de denuncias de abogados al respecto, pero la denuncia que nos llegó bien documentada fue la de la exjuez Ana Justina Molina, quien denunció que estaban manipulando el sistema Nicarao para asignarle más casos a ella y presionarla laboralmente. Ahora esta manipulación la vemos palpable en los juicios contra manifestantes”, dijo Cuevas.
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Ante estas denuncias, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han sostenido que el sistema de Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Expedientes (Ordice) es “incorruptible y que no se puede manipular”, por lo que consideran imposible que los humanos puedan hacer algo para que un expediente sea asignado a un juzgado en particular, pero hasta los mismos fiscales y defensores públicos han denunciado “mano pachona” en dicho sistema.
“Cuando quieren fregar a alguien manipulan hasta la fecha y hora de notificaciones, ni se diga cuando quieren que determinado juez vea un caso”, dijo una fiscal, quien por la cacería que hay de trabajadores en las instituciones, omite su nombre.
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Consultarlo oficialmente es también tarea imposible. El poder judicial niega desde hace nueve meses el acceso a LA PRENSA a los tribunales y el bloqueo también se extiende a la posibilidad de cualquier comunicación con magistrados y funcionarios de otras dependencias de la Corte Suprema de Justicia.
Fidelidad a Ortega
Los jueces elegidos tienen dos características en común: la “fidelidad y obediencia política con el Frente Sandinista”, partido en el que militan, por lo que no les interesa la aplicación de derechos y garantías constitucionales y procesales de los reos con el fin de beneficiar al partido de Ortega, explicó Cuevas.
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En el mismo sentido, Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), aseveró que los “jueces orteguistas” garantizan la violación de derechos humanos y procesales de los reos, desde el momento que hacen las audiencias en secreto, sin la presencia de familiares, de medios de comunicación independientes y no permiten que el reo elija su abogado defensor y le imponen uno de oficio.
“Es el retrato de la falta de autonomía de los jueces y del poder judicial. No examinan la acusación, la admiten sin mayor revisión, porque muchas de ellas deben ser rechazadas porque no individualizan las acciones de los acusados, los elementos que ofrecen como prueba no la sustentan y se contradice con la acusación, pero no les importa”, dijo Carrión.
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Para Cortez, los “jueces orteguistas están dispuestos a todo para lograr los fines que se persigue con la judicialización de las causas contra los adversarios políticos.
“Se nota que siempre esas causas son asignadas a los mismos jueces, a los más radicales y obedientes partidariamente hablando, y eso no es mera casualidad, es una directriz que se les orienta desde las altas esferas de poder y estos funcionarios las obedecen cabalmente como les gusta a sus superiores”, recalcó el abogado.
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Según Carrión, además de notarse la concentración de expedientes en determinados juzgados, también se ha observado el hermetismo y la falta de publicidad de las causas contra los autoconvocados, porque el expediente electrónico aparece enllavado, error de URL (dirección electrónica) y no se puede entrar, por lo que hay una desinformación a familiares del reo.
Castigo a jueces rebeldes
Para Carrión, la falta de independencia de los jueces durante esta etapa de represión judicial se ha visto palpable, al punto que los dos jueces que han “asomado la nariz ejerciendo su cargo con una señal de independencia los castigaron”.
Se trata de la juez Indiana Gallardo, extitular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, quien fue destituida en julio pasado por dejar entrar a una audiencia contra los cinco líderes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa a sus familiares y medios independientes, donde se vio cómo maltrataban a los reos. Fue sustituida por la juez orteguista Karen Chavarría.
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Mientras el juez Carlos Solís Solís fue trasladado en agosto pasado de juez Décimo Distrito Penal de Audiencia a juez Cuarto de Ejecución de Sentencia de Managua. Esto se debió a que el doctor Solís rechazó acusación por falta de mérito y ordenó la libertad para Reynaldo Lira Luqués, defensor de derechos humanos acusado de amenaza.
Además rechazó una acusación por falta de mérito contra Orlin Andrés Calero Jarquín, del barrio Quinta Nina de Managua, quien fue acusado por tener el cilindro de una bomba sonora ya usada en su casa, de las miles que ha usado la Policía Orteguista contra el pueblo manifestante y quedan tiradas en las calles. Fue sustituido por el juez orteguista Celso Urbina Orozco.
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La influencia del FSLN en el poder judicial ha sido denunciada durante años. La estructura de mando de la Corte Suprema de Justicia está dominada por magistrados de ese partido. En 2013, uno de los pocos magistrados liberales —cercanos al caudillo liberal Arnoldo Alemán— reconoció a los medios que la influencia rojinegra era tal que controlaban al menos el 70 por ciento de la maquinaria judicial, lo que habría aumentado al 90 por ciento en los últimos años. Según información de los tribunales, los jueces del orteguismo que actúan como verdugos de los azul y blanco son: Henry Morales, Julio César Arias Roque, Abelardo Antonio Alvir Ramos, Ernesto Leonel Rodríguez, Rosario Peralta, Adela Cardoza y Edgar Altamirano.
La fuerza de la población autoconvocada
Desde antes de ser presentados en los juzgados, la Policía Orteguista denuncia a los ciudadanos que participaron en las protestas como terroristas. Luego en las audiencias son vestidos con trajes azules. Pese a la estigmatización, que el régimen quiere imponerles, los reos políticos han mostrado sus fortalezas y aparecen sonriendo en algunos casos o dicen “fuerza Nicaragua”, como ocurrió el 26 de septiembre pasado, cuando siete universitarios capturados en León gritaron eso previo a la audiencia en Managua.