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CONTENIDO EXCLUSIVO.Despolitizar y garantizar la transparencia, rigurosidad en los procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Centroamérica es un tema pendiente de todos los gobiernos del istmo. Sin embargo, en Nicaragua esa es una urgencia sin demora. El sometimiento e parcialidad de este Poder del Estado al régimen orteguista es tal, que se han registrado casos de reclamos de empresarios por arbitrariedades en cobros de impuestos que omitieron recurrir a esta, y se avocaron a la Corte Centroamericana de Justicia en búsqueda de respuestas sujetas al derecho.
El sector privado en Nicaragua está bajo la mira del régimen. Fuera de ley mantiene una voracidad recaudatoria, que ya ha alcanzado a unas 300 empresas, que por medio de reparos fiscales o excesivos impuestos, son sometidas a pagar al Estado onerosas sumas de dinero. Los abogados de los empresarios siguen el camino legal, a sabiendas, que poco o nada se obtendrá.
Casos como el del Mariano Valle, propietario de Nicavisión, que ha escalado todos los peldaños de la justicia nicaragüense por dos reparos fiscales que suman 28 millones de córdobas, muestran la urgencia de renovar la Corte Suprema de Justicia, que en vez de brindar un fallo imparcial, más bien, anuló una resolución que tenía a su favor desde hace varios años el empresario por parte del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), una instancia superior a la Dirección General de Ingresos y otras entidades recaudatorias.
El informe del Estado de la Región denominado “Selección y nombramiento de magistrados y magistradas en las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica: análisis comparado y estudios de casos de El Salvador, Guatemala y Honduras”, auspiciado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) de 2019, indica que en varios países de la región se constató que los partidos políticos buscan asegurar que las personas electas en la CSJ sean afines a sus posiciones partidistas, sin importar su idoneidad para el ejercicio del cargo.
Para llegar a ser magistrado de la CSJ en Nicaragua, según los indicadores evaluados en el análisis citado, el país solo pide que la persona tenga 10 años de experiencia ejerciendo el Derecho y 35 años de edad, no señalan un tipo de experiencia específica ni tampoco hay reglas para evitar conflictos de interés. Esos mismas requisitos también los tiene Panamá.
En Nicaragua el órgano encargado de evaluar a los magistrados es considerado, según el estudio, de tipo político, es decir, que depende del Poder Ejecutivo y Legislativo. El artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua señala que la Asamblea deberá elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de “listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. Asimismo, el periodo de estos en sus cargos será de cinco años según lo dispuesto en el artículo 162 de la Carta Magna.
Pero el régimen volvió a tocar las leyes, y con una reforma parcial en 2014 garantizó, que los funcionarios seguirían en su cargo, después del vencimiento de su mandato, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes vayan a sustituirlos. De tal forma, que los 12 magistrados activos en la CSJ tiene sus cargos vencidos, pero están ahí amparados a esta reforma.
Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), explica que conocen de casos de socios que no han recurrido a la CSJ de Nicaragua y se han ido a la Corte Centroamericana. En esos casos se ha dado por consejos de los abogados de estos empresarios, ya que hay productos que por regla de origen no deben pagar DAI-Derecho Arancelario a la Importación-, pero se los están cobrando. Ellos han recurrido al TATA, este falla en su contra, entonces, se van a la Corte porque consideran que violentan el acuerdo de integración.
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A criterios de otros abogados, primero deberían recurrir ante las instancias nacionales, pero ¿por qué no van a la CSJ? Porque aunque todos los poderes del Estado deben ser independientes, en Nicaragua se carece de ello. Hilleprandt explica que en cualquier país que avance con un clima de negocios, vos como inversionista, ya sea local o internacional, deben tener seguridad jurídica cuando recurre a cualquier juzgado, y que se aplique la justicia con base a las leyes. La líder gremial sostiene que para seguir adelante tienen que haber procesos de cambio con balance de poderes porque eso es sano para la economía para la sociedad.
“Esos balances de poderes aquí no existen, no hay, eso no atrae a más inversiones para el país, no atrae a una estabilidad para los inversionistas y para que la gente quiera invertir y siga invirtiendo en este país”, expresó la presidenta de Cámara.
Por su parte, Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), asegura que han visto en varias ocasiones que la CSJ ha actuado de una forma partidaria, sin considerar verdaderamente una justicia imparcial ante los casos que se interponen.
Esta situación es preocupante y considera que se debe corregir en el futuro porque de no hacerse resta confianza en el sistema del país y lo único que eso termina haciendo es ahuyentado la inversión y provocando que las empresas salgan del país, especialmente, las multinacionales, cuyas operaciones en Nicaragua, representan una operación pequeña.
En días recientes LA PRENSA publicó un trabajo en el que especialistas tributarios explicaban la indefensión jurídica al que se enfrentan las empresas en el país. Pese a que hay mecanismos legales para reclamar los abusos por la Dirección General de Ingresos o la Dirección General de Aduanas, los procesos son infructuosos, y muchas empresas se han visto en la necesidad de recurrir a arreglos de pago por impuestos que consideran son arbitrarios.
Pierson explica que hay muchos casos de empresas que los han presentado ante la Corte, y otros que están en trámites administrativos, pero están “pegados en la burocracia”, y por ende, las compañías sienten que no reciben respuestas porque pasan los meses y no hay resultados. Hasta ahora no conocen algún caso que le haya ganado al Estado, por lo menos, que ellos lo tengan reportado como gremio, de los más grandes del país del sector formal.
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El presidente de Cadin considera que el origen del problema es la falta de imparcialidad de muchos de los magistrados, quienes en algunas ocasiones han actuado de una determinada forma porque así se lo orientaron. “Lo que necesitamos son magistrados que sean verdaderamente imparciales y para eso se necesita un sistema en donde la separación de los poderes sea auténtica y es lo que hemos estado perdiendo durante los últimos años, esa separación de poderes, que en un momento existió en este país, cada vez es menor y eso empeora el sistema”, expresó.
Por años el sector privado, particularmente el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se hizo el desentendido ante el proceso de destrucción de la institucionalidad de Nicaragua, lo que permitió al Frente Sandinista tomarse por completo todos los poderes del Estado, al punto que hoy la oposición y las empresas prácticamente están al desamparo.
En términos de inversión, la falta de imparcialidad en la Corte, en sus magistrados, es otro factor que se une a un conjunto de elementos que la alejan. El sistema ya no es aquel en el que los méritos de cada quien son los que valen, sino “la conexión y la influencia de los centros de poder son los que predominan, eso vicia el sistema económico y hace más difícil el funcionamiento de las inversiones”, sostuvo Pierson.
Las leyes en papel
El abogado y exdiplomático José Pallais sostiene que el sistema está diseñado para que el Poder Judicial funcione en defensa de los intereses particulares de los gobernantes, no es un problema propio de la selección de magistrados, sino del sistema en el que Daniel Ortega, en su proyecto totalitario, derrumbó la institucionalidad democrática del país.
Sin independencia en el Poder Judicial no hay justicia, no hay estado de Derecho porque al no existir esa independencia de Poderes todo mundo está sometido a la voluntad del dictador. “La Constitución se vuelve letra muerta y se propicia la corrupción, la negociación de los juicios”, expresó.
“Aquí no existe institucionalidad democrática, y sino existe, no existe posibilidad de que por ningún mecanismo parcial o ninguna fórmula de elección pueda el sistema funcionar porque desde luego, que todo mundo conoce en los poderes del Estado, que si no se someten a la voluntad de Ortega y de la señora-Rosario- Murillo no puede funcionar el país, su nombramiento no puede mantenerse, su permanencia en el cargo estaría seriamente afectado”. Es decir, que los magistrados responden a las necesidades del Ejecutivo, en vez de cuestionarlo por socavar la institucionalidad.
Cómo despolitizar la Corte, una pequeña propuesta
En el análisis del organismo Estado de la Región señala que en países como Costa Rica, por ejemplo, “a pesar de que en Costa Rica el nombramiento de magistrados es una decisión política, es decir, lo realiza la Asamblea Legislativa, el hecho que sea difícil no reelegirles parece contribuir a su independencia respecto a otros poderes”.
En el estudio se revela que a medida que los periodos de los magistrados son cortos, como ese el caso de Nicaragua que son de cinco años, esto permite que la justicia se contamine políticamente porque estos funcionarios con tal de conseguir una reelección se apegan a intereses particulares. “El factor de la reelección en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, junto a debilidades institucionales arraigadas y la penetración de los partidos y actores sociales en las estructuras de poder de los respectivos sistemas políticos, coartan considerablemente la independencia judicial en esos países”.
De hecho el análisis reveló que en Belice, donde el cargo es casi vitalicio, aunque el funcionario debe retirarse a los 62, la justicia funciona mejor y es más independiente. “Los sistemas de elección de Belice y Panamá también estarían a tono con las recomendaciones internacionales”, indica.
“Es preocupante el sistema de reelección de magistrados que se utiliza en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. De estos, Guatemala y Nicaragua podrían ser los casos más críticos debido a la combinación de la institución de la reelección con un período de
nombramiento muy corto, el cual es de cinco años —recuérdese que la recomendación es tener períodos relativamente largos—”, indica.
