El acoso fiscal por parte de las entidades recaudatorias del Estado ha ido en escalada en Nicaragua. Alrededor de 300 empresas estarían afrontando problemas por reparos fiscales o cobros de impuestos onerosos, según información general que maneja el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Actualmente, las diferentes cámaras levantan un listado para tener el dato exacto de cuántas compañías en el país son víctimas de la voracidad recaudatoria impulsada por el régimen orteguista.
“Tenemos entendido que sobrepasan las 300 empresas, eso es lo que tenemos entendido, no lo tenemos confirmado, pero eso es lo que tenemos entendido ahorita”, expresó el presidente del Cosep, Michael Healy, en conferencia de prensa virtual este miércoles. Desde finales del año pasado, pero con mayor fuerza en todo 2020, los casos de empresarios ahogados por el pago de impuestos arbitrarios se empezaron a hacer públicos. Aunque son pocos los que se han atrevido a denunciar con nombre y apellido por el temor a represalias, el Cosep lleva meses denunciando los abusos que se están cometiendo contra la empresa privada.
La Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas y las Alcaldías, en especial, la de Managua, son las responsables de los cobros, que en varios de los casos, se vuelven millonarios. Healy aseguró que las agresiones están siendo constantes, y que los cobros que está haciendo la DGI son ilegales. Recordó que el 80 por ciento de las grandes empresas en el país pagan el 85 por ciento de los impuestos, y por ende, esta ola de cobros debe terminar, de lo contrario, se pone en riesgo el quiebre de empresas y por ende, más nicaragüenses quedarían sin empleo.
“Estamos ahogando a estas empresas, están quebrando estas empresas, algunas se están tratando de retirar ya del país y esto lo que viene a agudizar también es el tema del empleo”, alertó Healy. Según cifras del Cosep en los últimos dos años se han perdido más 600 mil empleos. Al igual que sucede con los trabajadores, las empresas pueden caer en la informalidad al estar siendo asediadas por el excesivo cobro de impuestos, que a su vez, genera desconfianza en el país y provoca incertidumbre en la población.
Healy asegura que hay muchas empresas que han quebrado en el actual contexto, pero no tienen el dato exacto. Recalca que si el acoso fiscal continúa como hasta ahora “van a quebrar todas posiblemente-las empresas”. Explica que unas 800 empresas están pagando el 3 por ciento en concepto de anticipo mensual del Pago Mínimo Definitivo a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR), cuando antes era el 1 por ciento.
Con la reforma fiscal de marzo de 2019, se indicó que las empresas con ingresos menores a 60 millones de córdobas anuales continuarán pagando el 1 por ciento del anticipo; las que tengan entre 60 y 160 millones de córdobas ahora enterarán al fisco 2 por ciento; y las que estén en la categoría de Grandes Contribuyentes (excedan los 160 millones de córdobas) aportarán mensualmente el 3 por ciento de sus ingresos brutos. Al respecto, el Cosep conformó una comisión tributaria para evaluar el tema, incluyendo el impacto que esta reforma ha tenido en el tejido empresarial.
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DGA cobra más impuestos
El tema de los cobros excesivos es transversal, afecta a todos los sectores. En la DGA están sobrevalorando las importaciones, es decir que no están respetando la factura que llevan las empresas al momento de comprar e importar los productos, y esto encarece la vida de los nicaragüenses, al subir los precios de los productos de consumo. La DGA retiene y sobrevalúa las mercancías, lo que implica el cobro de más impuestos.
“Y si esto continúa, este asedio, esta persecución fiscal lo que vamos a tener es un montón de empresas quebradas y al mismo tiempo lo que vas a tener también es un montón de gente que va a estar en la calle, sin empleo, y desesperada porque no van a poder tener como alimentar a su familia. Esto se puede volver caótico y el Gobierno tiene que comprender que un basta ya y tiene que comenzar a tomar acciones positivas para todos los nicaragüenses”, expresó el líder gremial.
Asimismo dijo, de forma general, que tienen reportes de algunas empresas que también han notificado problemas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
LA PRENSA consultó esta semana a especialistas tributarios, que alertaron de que las empresas están en total indefensión, porque los pocos mecanismos legales que hay para luchar contra los cobros impositivos arbitrarios están contaminados políticamente.
Desde el 15 de septiembre, el exdirector de la DGI, Róger Arteaga había advertido que conocía de muchas empresas que viven bajo el asedio de la Alcaldía y la DGI, pero no quieren hablar por miedo a represalias. «Esto lo conocen en AmCham (Cámara de Comercio Americana de Nicaragua), y en el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada). Ahí hay una cantidad de empresarios afiliados que están con la soga al cuello, pero no lo divulgan por temor a represalias, pero no es nuevo esto. Sabemos porque es un medio bien visible, pero hay empresas que están siendo asediadas”, expresó en ese momento.
Cosep condena reparos fiscales de Canal 12
En el contexto de esa denuncia, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también rechazó al acoso fiscal contra Nicavisión, que opera el Canal 12 y alertó que esta maniobra atenta contra la libertada de prensa. “Son actos claros y evidentes de represión fiscal y judicial que se suman a las diferentes acciones gubernamentales, inconstitucionales de represión, de represalias y persecución contra los medios de comunicación, que aún logran sobrevivir al estado policial instalado desde abril del 2018″, señaló la empresa privada en un comunicado emitido este miércoles.
La empresa Nicavisión enfrenta dos reparos fiscales por parte de la DGI, que suman 28 millones de córdobas. El último es por 7 millones de córdobas. Estas medidas ilegales dirigidas contra empresarios no solo afecta al canal 12, como medio de comunicación, sino al patrimonio de la familia de Mariano Valle, propietario de la televisora.
“Alertamos que estas acciones judiciales y administrativas constituyen violaciones a la libertad de prensa y al libre ejercicio de las actividades económicas que evidencian el proceder autoritario del gobierno de continuar cerrando medios de comunicación independientes y confiscando de hecho más empresas privadas del país”, se lee en el comunicado emitido por Cosep.