El régimen de Daniel Ortega requiere 57 millones de dólares para reducir aproximadamente las emisiones de 11 millones de toneladas de dióxido de carbono en los próximos cinco años, para lograrlo, una de las acciones que debe alcanzar es que 2.4 millones de hectáreas de bosque se conserven en territorios indígenas y afrodescendientes de las Reservas Biológica Indio Maíz y la biosfera de Bosawas, las mismas que han estado expuestas a invasión de terceros o colonos.
En medio de una crisis sociopolítica que ha dejado 328 víctimas mortales, y con una economía en recesión, la dictadura de Daniel Ortega ha hecho eco de la posibilidad que organismos multilaterales aprueben financiamientos para la protección de los bosques del país.
Parte de los montos que están en proceso de aprobación son 55 millones de dólares por medio del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, y 110 millones de dólares que corresponden al proyecto Acción Climática Integral para reducir la deforestación y aumentar la resiliencia en las Reservas de Biósfera Bosawas y Río San Juan (Bioclima), bajo el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Verde Climático.
Estas posibilidades de fondos, aunque parecieran ser oxígeno para un gobierno en el que según estimación oficial la caída de la economía se establecería en 3.5 por ciento para este año,y según el Fondo Monetario Internacional el desplome económico sería del 5 por ciento, incluso para 2020, no corresponde, ya que los proyectos ambientales propuestos no son acciones inmediatas, sino que responden a un determinado proceso, valora la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
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Desde el 2008 el régimen orteguista empezó la preparación de la Estrategia de Reducción de Emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques (ENDE-REDD+), que funciona como el paraguas de los proyectos verdes para los que busca financiamiento.
Hasta la fecha, según datos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), se recibieron 8.5 millones de dólares como parte de la preparación ENDE-REDD+. Otra de las razones por las que Funides no ve este financiamiento verde como “un respiro” para el régimen es porque el tema de deforestación y degradación por la que atraviesan los bosques, que se traduce en mayores emisiones de dióxido de carbono corresponde a un interés internacional; es decir, que no solo se desarrollan proyectos de este tipo en Nicaragua, sino a nivel mundial.
No obstante, Alejandro Alemán, experto en negociaciones climáticas del Centro Humboldt, hace otra lectura sobre estos fondos. Explica que de aprobarse el financiamiento, representarían “fondos frescos para la dictadura”, que le permitirían cubrir obligaciones y compromisos en materia ambiental mediante cooperación internacional y “liberar recursos para la represión”.
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En materia presupuestaria, el régimen orteguista recortó 146 millones de córdobas al presupuesto del Marena, precisamente, la cartera ejecutora de estos proyectos. Para el 2020, según el proyecto del Presupuesto General de la República, dicho Ministerio solo tendrá 231.1 millones de córdobas de fondos del Estado para la gestión ambiental. Alemán advirtió que uno de los puntos claves es que en la actual condición de crisis sociopolítica, no existen garantías para que los fondos no vayan a ser usados en privilegio de ciertos agentes económicos afines al régimen.
A nivel internacional, mediante el Acuerdo de París, se busca generar financiamiento climático, en especial para los países en desarrollo. La meta es movilizar cien mil millones de dólares a partir de 2020. Sumado a esto, existen una serie de fuentes económicas a las que países como Nicaragua, con alto riesgo ante los efectos del cambio climático, pueden aplicar.
La ambiciosa propuesta
El régimen orteguista apuesta lograr la reducción de las emisiones de 11 millones de toneladas de CO2 por medio de varias acciones, entre estas, la conservación del bosque de 200 mil hectáreas ubicadas en tres zonas de siete territorios indígenas y afrodescendientes, en el Caribe, lo que equivaldría a la reducción de 1.25 millones de toneladas de Dióxido de Carbono.
A través de la Cruzada de reforestación también esperan que se reduzca las emisiones de 2.4 millones de toneladas de CO2, equivalente a 80 mil nuevas hectáreas de bosque, en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas y propiedad privada. Todo esto, como parte del Programa de Reducción de Emisiones para el combate al cambio climático y la pobreza en la Costa Caribe, Reserva de Biosfera Bosawas y Reserva Biológica Indio Maíz.
Respecto a la reforestación, Funides explica que dicho proceso requiere de seguimiento, ya que reforestar no es solo sembrar el árbol, sino que este necesita acompañamiento. De acuerdo con la propuesta del Programa, la tasa de deforestación en el país del 2005 al 2015 es de 90, 844 hectáreas al año y la causa principal es la ganadería extensiva.
Funides explica que REDD+ se enfoca en evitar que se pierda el bosque, ya que si se permite la deforestación de esa capa verde, el carbono que está almacenado se libera.
Por tanto, el propósito es que se conserve. El pago es con base a los resultados que se obtengan. La estrategia gubernamental ENDE -REDD+ tiene seis líneas estratégicas y 37 líneas de acción, con una proyección desde el 2018 al 2040; un total de 22 años.
Ausencia de gobernabilidad
Sobre el régimen orteguista pesa la demanda de adelantos de elecciones por parte del sector opositor, que sigue denunciando la violación de los derechos humanos y exige la libertad para los más de 130 presos políticos, en un esquema represivo donde se condena al ciudadano que opine diferente a la línea gubernamental. En ese contexto, el especialista en negociaciones climáticas explica que el marco legal e institucional está “hechos añicos”, y nada garantiza que se van a cumplir los procedimientos apropiados para la implementación
de los fondos verdes, si se llegan a aprobar.
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Es esencial que existan condiciones de institucionalidad, estabilidad política y social para que iniciativas como la deforestación evitada permitan los mejores resultados, y sin estas, es muy difícil de lograrlas, señala el experto Alemán. Por su parte, la bióloga Myrna Moncada, considera que en la práctica, el cuido de los recursos naturales ha sido nulo, y por consiguiente, la aplicación de fondos para la conservación de áreas que deberían protegerse, contrasta con lo que sucede en terreno. Mientras, la titular del Marena, Sumaya Castillo, dijo al oficialista 19 Digital, que los recursos naturales si se han conservado, como parte del desarrollo sostenible.