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Los dictadores nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo afirman en un reporte enviado a la ONU que los organismos confiscados fueron parte del supuesto “golpe de Estado”, además de contar con “plena libertad de expresión” en el país. LA PRENSA/Tomada de El 19 Digital

Régimen orteguista en la rebusca de fondos en el Banco Mundial

El dictador Daniel Ortega quiere oxigenar la economía del país mediante el Programa de Reducción de Emisiones, un proyecto ambiental que contempla un fondo para Nicaragua de hasta 55 millones de dólares

El dictador Daniel Ortega quiere oxigenar la economía del país mediante el Programa de Reducción de Emisiones, un proyecto ambiental que contempla un fondo para Nicaragua de hasta 55 millones de dólares de parte del Fondo de Carbono del Banco Mundial, si este fuera aprobado.

Sin embargo, organizaciones ambientales rechazan cualquier posibilidad de que Ortega acceda al millonario proyecto por no existir en Nicaragua condiciones de gobernabilidad a raíz de la represión que provocó la crisis política en abril del 2018.

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A inicios de julio, Nicaragua presentó en Washington un proyecto de reducción de emisión de carbono ante los miembros del Fondo de Carbono, el cual fue preseleccionado. Pero para poder recibir dicho fondo los donantes del organismo internacional revisarán el programa y verificarán el desempeño del país para hacer efectivos los pagos cuando se demuestren resultados.

De acuerdo con un medio oficialista, los delegados orteguistas presentaron “un ambicioso programa de bosques” en la reunión de Fondo de Carbono para “reducir las emisiones de dióxido de carbono en 11 millones de toneladas en el período 2020-2025”.

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De concretarse el mismo, el país puede acceder al fondo antes mencionado, cuyos recursos, según el Banco Mundial, irían a los beneficiarios de acuerdo con un plan que incluye a las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como a los pequeños y medianos propietarios.

El Banco Mundial ya anunció que de lograrse el proyecto para Nicaragua se pagarán cinco dólares por cada tonelada de carbono no emitido, hasta alcanzar un máximo de 55 millones de dólares.

Ante esa posibilidad, Amaru Ruiz, de Fundación del Río —a quien el gobierno canceló la personería jurídica—, pidió por medio de un comunicado al BM que al régimen no se le permita acceder a ese fondo por estar “inhabilitado para cumplir estándares ambientales y sociales”.

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“Solicitamos al Banco Mundial la suspensión del Programa de Reducción de Emisiones de la Costa Caribe de Nicaragua hasta tanto las condiciones adecuadas de gobernabilidad sean restauradas”, se lee en la misiva enviada al organismo.

Según Ruiz, el régimen no cumple con las reglas establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Banco Mundial para acceder al proyecto.

Al respecto, recordó que el régimen de Ortega es señalado por su inoperancia ante la problemática ambiental que ha llevado a situaciones extremas, como el incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz o las condiciones que presenta el río Coco.

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Además, un documento publicado en abril de este año por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) indica que durante el mandato de Ortega (desde el 2007) es cuando más se ha deforestado la Reserva de Biosfera de Bosawas.

Programa está fuera de contexto

Alejandro Alemán, oficial de cambio climático del Centro Humboldt, señaló que si bien es cierto el programa ambiental que presentó Nicaragua ante el Fondo de Carbono está bien fundamentado, también está fuera de contexto por no tener una implementación de reformas en sus marcos jurídicos y fortalecimiento de capacidades institucionales.

“Nos extrañó que luego de los antecedentes en Nicaragua en materia de rompimiento del marco jurídico institucional y el debilitamiento de la institucionalidad democrática, el Banco Mundial haya votado a favor de una iniciativa cuyo requisito fundamental es la fortaleza de esa institucionalidad”, dijo Alemán.

Canadá, Reino Unido, Australia, Noruega y Francia fueron países que votaron a favor del programa. Estados Unidos y Alemania se opusieron, conoció LA PRENSA.

Para Alemán, los países que dieron el sí al proyecto “son donantes que están desinformados de la realidad que estamos viviendo en Nicaragua”, aunque se extrañó de la posición de Canadá.

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“No negamos la calidad técnica del documento de propuesta porque los argumentos que se reflejan son muy buenos porque está sustentado en el modelo de alianza público-privado que existió entre sectores económicos y el gobierno hasta julio de 2018, y ese modelo es que dará confianza al programa, pero eso ya no existe (…) está fuera de contexto”, señaló Alemán, refiriéndose a la crisis política social que vive el país.

No admite a sancionados

En la resolución de preselección del proyecto se estableció que al mismo no podían acceder personas o instituciones que estén en la lista de sancionados del Banco Mundial.

Actualmente para Nicaragua también rige la Nica Act, que obliga al Gobierno de EE. UU. a votar en contra de préstamos o fondos que solicite el régimen orteguista en organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Economía Banco Mundial Nicaragua régimen archivo

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