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CONTENIDO EXCLUSIVO.A Jeysi Lagos Rivera le ofrecieron su libertad a cambio de que inculpara a Alcides Zeledón, un empresario jinotegano que apoyó la lucha cívica en contra de Daniel Ortega. Querían que dijera que había sido el responsable de la violencia en ese departamento. Lagos dijo que sí al trato y cuando un oficial le llevó la acusación para que la firmara, en lugar poner su nombre escribió: “¡Que se rinda tu madre!”.
Lagos pasó ocho años de su vida trabajando para la Policía Orteguista (PO) en Jinotega, en diferentes áreas. Salió de la institución en 2015 cuando era suboficial del área de inteligencia por inconformidades con la delegación y porque quería dedicarle más tiempo a su familia.
Cuando estallaron las protestas cívicas en abril de 2018 en Nicaragua, Lagos recibió una llamada de la Policía de Jinotega, le preguntaban si quería reintegrarse a la institución. Le dijeron que necesitaban enviar gente a Managua, donde los autoconvocados, en su mayoría universitarios, se manifestaban en las calles en contra del régimen de Daniel Ortega. Ella se negó y recibió una amenaza de la persona que la llamó, le dijo que se iba a arrepentir. “No voy a ir porque no me voy a prestar a su juego sucio, ni voy a ir a asesinar personas inocentes”, cuenta que fue su respuesta.
Desde abril hasta julio de 2018, Lagos se unió a las protestas sociales en contra del régimen orteguista. Participó en las marchas que se realizaron en Jinotega y una vez que se levantaron los tranques y barricadas en la ciudad, ella se encargó de dirigir el tranque en Villa Valencia, un barrio ubicado al norte de la ciudad.
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Mientras Lagos estuvo a cargo del tranque, la policía los atacó en dos ocasiones, asegura. Ella mantenía contacto con los dirigentes de los tranques en el barrio Sandino y en el barrio 19 de Julio. Ambos barrios fueron puntos importantes de la resistencia cívica en ese departamento y cuando eran atacados, el grupo de Lagos se unía para apoyar en la defensa.
De su familia, cuenta, fue la única que se unió a la lucha cívica.
“Encháchame porque esta causa es justa”
Una vez que la PO ejecutó la “Operación Limpieza” en el barrio Sandino, conocido como el Monimbó del norte, Lagos tuvo que refugiarse. Ese ataque ocurrió el 23 de julio de 2018 y dejó tres muertos, varios heridos y detenidos. ”Llegaron decididos a matarnos, al precio que fuera ellos iban a quitar los tranques”, recuerda.
Lagos huyó, logró llegar a la comunidad América, donde está la casa de su mamá, pero fue detenida el 26 de julio de 2018 mientras se encontraba en la casa de un tío. “Llegaron aproximadamente unos 40 policías, unos 20 paramilitares armados. Me rodearon la casa, me exigían que le entregara armas, que era algo que yo no tenía. Igual me pedían que les entregara los morteros y algunas cosas, que según ellos, decían que estaban en mi poder”, relata.
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Cuando fue detenida, un policía le preguntó, en tono de burla, si era mejor ser esposado o esposar. Lagos le respondió: “Si la causa es justa es bueno ponerlas; e igual si la causa es justa es bueno que te las pongan. Aquí estoy, le digo, enchachame porque esta causa es justa. Si vos crees que es lo correcto ok, estás haciendo tu trabajo”.
Posteriormente, la subieron a una patrulla y la trasladaron a la delegación policial de Jinotega, específicamente a las celdas de castigo, conocidas como los calabozos. “Antes de llegar ahí me revisaron, me hicieron que me quitara toda mi ropa, que me desvistiera, que hiciera sentadillas y un sinnúmero de cosas más”, afirma.
En una de las ocasiones que fue interrogada, Lagos cuenta que un detective de la PO le aseguró que podía salir en libertad si desmentía su participación en los tranques y aseguraba que la habían involucrado. Además que acusara a Alcides Zeledón de ser el responsable de los muertos en la ciudad, de estar a cargo de los pobladores que andaban armados y todo lo que pasó en la resistencia cívica en Jinotega. Zeledón tuvo que exiliarse por haber participado en la lucha cívica.
“Le dije que no sabía cómo decirle algo o asegurarle algo de que yo no tenía conocimiento. Me pidió de que le firmara una acusación donde yo responsabilizaba a este ciudadano de todo lo ocurrido”. Lagos asegura que le respondió que le parecía una propuesta interesante y que le llevara la acusación.
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Tras leer el documento, pidió un lápiz para firmar y en vez de ello escribió “¡Que se rinda tu madre!”. El detective, asegura, se molestó y le reclamó que si no quería salir. “Si me quiero ir, pero para mi celda. Llevame a mi celda porque no te voy a firmar algo que yo no sé y algo con lo que yo no estoy de acuerdo”, le respondió.
Lagos fue llevada a la celda nuevamente y la torturaron. La PO presentó a Lagos como terrorista. Fue acusada de secuestro, asalto, tortura, asesinato en grado de frustración y lesiones; y obstrucción a las vías públicas. Treinta seis días después de permanecer en la delegación de Jinotega la trasladaron al Sistema Penitenciario La Esperanza, la cárcel de mujeres en Managua, donde continuó su calvario.
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En La Esperanza, la ubicaron en la celda 5, en la que también recluyeron a las líderes Irlanda Jerez, Olesia Muñoz, Amaya Coopens y Kenia Gutiérrez, entre otras. Lagos recuerda que recibió golpizas en tres ocasiones: el 26 de octubre de 2018, el 7 de febrero de este año y el pasado 17 de mayo.
Sobre el 7 de febrero, recuerda Lagos, unos 20 funcionarios la golpearon en el cuerpo y en la cabeza hasta que quedó inconsciente. Posteriormente “me llevaron a una celda sola donde estuve ocho días, sin ropa, sin nada, como una manera de castigarme”, sostiene. La golpiza se debió a que quería acompañar, junto a Olesia Muñoz, a Irlanda Jerez a comprar cosas de uso personal y evitar que la agredieran.
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“Uno de los funcionarios en ese momento manifestó ‘no pueden ir las tres, porque la orden es llevar a Irlanda Jerez sola”, dijo. A pesar de que regresaron a la celda, acatando la orden, las golpearon.
Mientras estuvo en la cárcel, Lagos le ocultó por un tiempo a su hijo que estaba presa. Sus familiares le dijeron al menor que ésta se encontraba trabajando fuera de la ciudad, sin embargo, Lagos asegura que no soportó estar tanto tiempo sin verlo. El 18 de abril de 2019 pidió que le llevaran a su hijo a la cárcel y ahí le contó todo. “Recuerdo las palabras de mi hijo: ‘Mamá, ¿entonces te secuestraron solo porque gritabas Viva Nicaragua libre?’”. Lagos dice que su hijo le preguntó si le daban de comer, si le pegaban, si dormía en el piso. “Fueron preguntas que me taladraron hasta los huesos y no sabía cómo responder”, dice.
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Ocho meses después de su detención ilegal Lagos fue excarcelada junto a otros 99 reos políticos más. El 20 de mayo la sacaron de la celda con la excusa de que tendría una entrevista con la Cruz Roja Internacional, la llevaron a la Modelo donde la hicieron firmar una carta donde se le notificaba que salía bajo el régimen de convivencia familiar y que debía presentarse el 20 de cada mes a firmar a La Esperanza. Posteriormente la trasladaron a Jinotega.
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Cuenta que en horas de la madrugada del día siguiente que regresó a Jinotega, realizaron tres disparos al aire. Lagos dice que eran de AK-47 y fue una manera de intimidarla. “Lo sentí como un peligro, me sentí expuesta”, asegura.
“No puedo salir del país, ni siquiera salir del departamento, toda vuelta que dé debo informarles. Incluso si quiero cambiarme de domicilio tengo que avisarles a ellos”, detalla. Además debe asistir a las audiencias que tiene pendientes. Su juicio estaba programado para el 14 de mayo, pero lo reprogramaron sin que ella estuviera presente en los juzgados. Ahora tiene juicio programado para el 25 de julio, “justamente a un día en el que cumpliría un año de secuestro”, afirma.
No se rinde, dice. Seguirá en la lucha por una Nicaragua libre. “Estamos dejándole bien en claro al gobierno que no nos vamos a rendir, que vamos a continuar porque esta es una lucha por Nicaragua y que no vamos a descansar hasta lograr nuestro objetivo que es que Nicaragua sea libre y exigiendo siempre justicia para los muertos y la libertad de todos los presos políticos”, afirma.