La dictadura de Daniel Ortega aprobó este miércoles la Ley de Atención Integral a Víctimas. En el documento, el régimen orteguista ofrece como una regalía a las víctimas el “acceso a servicios y programas del Gobierno” como educación, salud y recreación, derechos que están estipulados en la Constitución Política del país y que no necesitarían una ley especial como lo propone la dictadura.
En ninguna parte del documento oficial se habla de justicia ni investigación para las víctimas de la represión. En la ley, la dictadura insiste que Nicaragua ha sido víctima de “intento fallido de golpe de Estado”. La ley fue aprobada por 69 diputados orteguistas.
Salud. En la ley, el régimen mandata al Ministerio de Salud a garantizar el derecho a la salud a las víctimas y sus familiares “en los diferentes niveles de atención médica”. Incluye, según el documento, atención de salud mental, salud psicosocial, atención a personas con discapacidad y rehabilitación.
Educación. Lo siguiente que el régimen ofrece es en materia educativa para “la reinserción de las víctimas y sus familiares”. Mandata a las instituciones del Estado a otorgar becas de estudio en el sector público.
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Empleo y emprendimientos. Posteriormente, la dictadura de Ortega asegura que el Estado garantizará “la reinserción” de las víctimas en el ámbito laboral mediante la “generación de empleo productivo y sostenible”. “El Estado apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vida”, dice la ley pero no da detalles de cómo hará esto, tomando en cuenta que en el país se han perdido más de medio millón de empleos producto de la represión iniciada en abril de 2018.
Vivienda. Asegura que las instituciones encargadas de los programas de vivienda priorizarán las solicitudes de las víctimas y sus familiares.
Recreación. El régimen asegura que las víctimas y sus familiares “gozarán del derecho al ocio y recreación”. Afirma que estas personas podrán entrar a las instalaciones deportivas públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos “de forma gratuita”.
La institución encargada de realizar el registro de las víctimas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien además se encargará de monitorear que sus regalías se estén cumpliendo.
Esta institución se negó a cooperar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los actos de violencia en el país. En su informe, el GIEI, que concluyó que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, aseguró que la Procuraduría se negó a asistir “a una reunión informativa sobre el concepto de reparaciones, estándares internacionales y prácticas comparadas sobre la materia”, en relación a un posible Plan de Atención Integral a las Víctimas, cuando ya se empezaba a hablar del plan.
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La CIDH documentó 325 muertos durante las protestas, miles de heridos, cientos de detenidos así como denuncias de torturas y violaciones. El régimen no reconoció el trabajo de la CIDH y ha asegurado que la mayoría de los muertos fueron policías.