A pesar de que el régimen de Daniel Ortega hace dos semanas tramitó con urgencia la aprobación de la ley de la compra por parte del Estado del Banco Corporativo SA (Bancorp) —propiedad de Albanisa y sancionado por Estados Unidos—, aún no se publica en La Gaceta, diario oficial, la legislación que oficializa esa transacción.
Ese es el último trámite para que la compra sea legal.
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La Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en su informe sobre la coyuntura económica del país, dado a conocer este martes, señaló que la compra del Bancorp para convertirlo en el Banco Nacional aumenta la falta de transparencia con la que la dictadura ha manejado la cooperación venezolana, pues el objetivo de la transacción sería tratar de esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos a las empresas constituidas con el dinero petrolero.
Siboif en silencio
La desconfianza aumenta para Funides por el hecho que no hay un informe de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) avalando la compra de Bancorp por parte del Estado de Nicaragua.
La falta de ese aval de la Siboif, para Funides, no permite despejar la oscuridad que hay sobre las finanzas del Bancorp y los negocios que se han hecho con la cooperación venezolana.
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Una de las grandes interrogantes es sobre los 2,410 millones de dólares, que a diciembre de 2017 la cooperativa Caruna transfirió a través de cinco fideicomisos al Bancorp, según Funides, con datos de una auditoría de la firma Grant Thornton.
Esos fideicomisos se registran en concepto de cuentas de orden en los estados financieros del banco, “es decir es plata que pertenece a Caruna y en teoría Bancorp la debe administrar” en plazos de diez a 25 años, según Funides con base en la auditoría.
“No hay información más allá del título de los fideicomisos, los montos de dinero transferidos y los plazos”, indicó Funides como un elemento del secretismo sobre las finanzas del Bancorp, que se constituirá como el Banco Nacional.
Bancorp fue autorizado en 2014 por la Siboif. En esa ocasión, el entonces superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, dijo que el banco era de Albanisa, y desde entonces maneja los millonarios fondos del acuerdo petrolero con Venezuela, los cuales el régimen de Ortega recibió sin fiscalización pública desde el 2008.
¿Por qué no publican en La Gaceta?
Funides señaló que el hecho que no haya una explicación oficial del porqué el Gobierno o la Asamblea Nacional no han mandado a publicar en La Gaceta la Ley de Constitución del Banco Nacional, con la que se oficializa la compra a Bancorp, aumenta la desconfianza sobre la adquisición del banco de Albanisa.
Esa compra le costará a los nicaragüenses 743.05 millones de córdobas (aproximadamente unos 23 millones de dólares), que serán pagados a través de la emisión de deuda pública en un plazo de cinco años, con una tasa de interés del 6 por ciento anual, según la ley aprobada por los diputados orteguistas el pasado 6 de marzo.
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Ortega convertirá al Bancorp, contaminado por las sanciones de Estados Unidos, en el Banco Nacional, aduciendo la necesidad del Estado de tener un banco propio, pese a que actualmente es propietario del Banco Produzcamos.
“Técnicamente (la compra) se vuelve Ley hasta que está publicada en La Gaceta”, refirió Funides en su informe, donde agrega que al no estar la adquisición oficializada es lo que atrasaría que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos determine si las sanciones que había impuesto al banco de Albanisa serían extensivas al pasar a ser una entidad bancaria estatal.
Funides recordó que la sanción al Bancorp es por “efecto de derrame” de las medidas adoptadas por Estados Unidos hacia la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y a Albanisa.
“No habrá especulación de parte del gobierno de Estados Unidos”, sino que “hasta que miren si se publica en La Gaceta la ley para tomar su decisión sobre si las sanciones que aplicaron a Bancorp se trasladan al Banco Nacional”, indicó Funides.
Sanciones para ahogar dictaduras
Con las sanciones el Gobierno de los Estados Unidos busca ahogar financieramente a las dictaduras de Ortega en Nicaragua y del venezolano Nicolás Maduro, por los abusos de derechos humanos contra sus ciudadanos.
Esto es debido a la represión del régimen de Ortega contra las manifestaciones ciudadanas que desde abril del 2018 dejan entre 345 y 535 muertos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y más de setecientos presos políticos.
Estados Unidos aprobó la Nica Act, y además una orden ejecutiva que declara una amenaza al régimen de Ortega y ha impuesto sanciones por corrupción y violación a los derechos humanos a funcionarios del círculo de poder, entre ellos a la cogobernante Rosario Murillo.
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A la presión internacional se ha sumado la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se podría aplicar la Carta Democrática Interamericana que suspendería a Nicaragua del organismo. Por su parte, el Parlamento Europeo (PE) ha pedido a sus gobiernos que aplique sanciones al régimen.
Las consecuencias de las sanciones serían la reducción del financiamiento y cooperación externa, así como la reducción de la inversión, de las exportaciones de Nicaragua.
Funides advierte que “si se recrudece la crisis” sociopolítica podría causar que Estados Unidos adopte más sanciones y se concreten las contempladas por el Parlamento Europeo y la OEA.
Sanciones desplomarán economía
El centro del pensamiento incorporó el efecto de las sanciones estadounidenses ya existentes en sus previsiones de que la economía del país caería entre 7.3 y 10.9 por ciento.
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No obstante, Funides informó que actualizará sus proyecciones con base a los informes sobre la situación del Sistema Financiero de enero y febrero del 2019, el balance final del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) del 2018 y el reporte de los agentes económicos sobre el impacto de las reformas fiscales en sus dos primeros meses de aplicación.