Para la próxima semana está programada la aprobación (de las enmiendas) de la Ley Nica en el Congreso de Estados Unidos, para luego pasar al despacho del presidente Donald Trump y se convierta en una ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, antes que concluya el 2018.
Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, con sede en Washington, dijo que del Congreso saldrá una versión única de la Nica Act, que incluirá la versión aprobada en la Cámara Baja en octubre de 2017 y la versión aprobada por el Senado, el recién pasado 27 de noviembre.
“Es un Nica Act mejorado que incluye sanciones específicas por violaciones a los derechos humanos. La semana que viene le toca el segundo lugar de discusiones, martes o miércoles ya debe ser una realidad y una vez que llegue al escritorio del presidente no le veo ningún problema que se convierta en ley”, dijo Ponce.
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La Ley Nica fue creada para sancionar los vejámenes y crímenes de la dictadura de Daniel Ortega. Se convertirá en una fuerte ley de sanciones dirigida a ese régimen, más fuerte que la Ley Global Magnitsky Act (Glomag), porque incluye sanciones individuales a nacionales y extranjeros involucrados en la represión desde abril del 2018, y establece restricciones al régimen para acceder a los créditos de la banca internacional. El fin es prevenir que dichos fondos sean empleados en la represión contra el pueblo nicaragüense.
Mensaje claro
Para el director de Freedom House, la Ley Nica será un instrumento adicional a la Magnitsky y envía un mensaje claro a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El mensaje es que “no se va a seguir aceptando violación a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega. Las sanciones individuales, muy particularmente a los cercanos a Daniel Ortega, les están diciendo que no van a poder movilizarse en las cuentas en Estados Unidos que poseen muchos de los que están trabajando con Daniel Ortega”, aseveró.
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“Este es un mensaje que se le está enviando a la familia de Ortega, que si no buscan una salida rápida para que haya elecciones transparentes para que Nicaragua salga de la crisis, estas sanciones les van a ir llegando a cada uno de ustedes. Es un mensaje muy claro ante la terrible violación a los derechos humanos, una situación que no solo ha sido documentada por los organismos de derechos humanos nacionales, también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, manifestó el director de Freedom House.
Indicó que los legisladores estadounidenses tienen pleno conocimiento sobre los actos de violencia que ejecuta el régimen, la mortandad, la violencia sexual a los opositores en las cárceles, y la persecución diaria contra cualquier persona que porte la bandera de Nicaragua.
El Ejército
Ponce sostiene que, de no rectificar Ortega, las sanciones continuarán avanzando con el propósito de activar una respuesta de ese gobierno.
Eso podría incluir al Ejército. “Hay un punto clave acá y es la conexión entre Estados Unidos y Nicaragua (que) siempre ha sido muy activa. Varios de los fondos de pensiones y de protección de los militares (Ejército de Nicaragua) están en los Estados Unidos”, confió, por lo que, a su juicio, la administración estadounidense podría tomar acciones sobre esos fondos, incluyendo las inversiones que funcionarios del gobierno de Ortega poseen en Estados Unidos.
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“Hay muchas cosas que podrían avanzar en un esquema progresivo de presión”, acotó.
“Es tiempo de abandonar el barco, de buscar una salida y que paren la represión porque si continúan con la represión y con la persecución va a llegar un momento que va a ser irreversible”, afirmó.
La Ley Rico es otro mecanismo de sanción
Ponce explicó que la Nica Act no fue creada para abrir juicios en las cortes de Estados Unidos contra funcionarios y colaboradores del régimen de Ortega, pero asegura existen otros mecanismos.
“Con la Ley anticorrupción, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations —conocida como Rico Act, Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas—, ya se podría abrir juicios contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega por haber utilizado el territorio de Estados Unidos en algunas de las operaciones que utilizaron los recursos Albanisa y de Venezuela; los han utilizado y se ha visto que han utilizado el sistema bancario, ya tendrías suficientes herramientas, no necesitas el Nica Act para eso”, explicó.
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Albanisa es la subsidiaria de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), señalada por narcotráfico y lavado de dinero.
Y agregó: “Hay muchos ciudadanos norteamericanos que tienen doble nacionalidad que habían regresado a Nicaragua y han tenido que escapar por ser perseguidos y que podrían utilizar los tribunales de su país, que también en Estados Unidos, para iniciar un caso (contra los opresores del régimen de Ortega). No necesitas la Nica Act para eso, y no fue creada para ese fin”.
La Ley Rico es federal y posee una de las normativas más severas dirigidas a personas o empresas involucradas en acciones criminales y corruptas. Las propiedades de los implicados son embargadas por el Gobierno de los Estados Unidos, de ser encontradas culpables.
Fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1970.
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El nicaragüense Julio Rocha (q.e.p.d.), de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), fue enjuiciado en Estados Unidos por corrupción a través de la Ley Rico, en un escándalo que involucró a la dirigencia de esa organización.
Trump ya declaró al régimen una amenaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva en la que declara al Gobierno de Nicaragua “una amenaza para la seguridad nacional” de su país y autorizó, además, al Departamento del Tesoro a actuar contra los implicados en la crisis política nicaragüense.
El gobernante estadounidense ordenó que se bloqueen los bienes o intereses dentro de la jurisdicción de ese país de aquellos que son responsables o cómplices de graves abusos a los derechos humanos, el socavamiento de las instituciones y procesos democráticos, corrupción o acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del país centroamericano.
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Tras la orden presidencial, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la vicepresidente Rosario Murillo y contra el asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, exmiembro de la Seguridad del Estado en los años ochenta, quien actúa como secretario personal de Ortega y ha enfrentado cargos en el pasado por terrorismo.
Ortega calla
Durante la inauguración del paso a desnivel de Las Piedrecitas, en Managua, el dictador Daniel Ortega guardó su discurso agresivo contra Estados Unidos y calló después que ese gobierno sancionó al primer miembro de su familia.
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“Nicaragua como Dios manda seguirá caminando y sigue caminando”, proclamó rodeado de un enorme dispositivo de seguridad y de los principales funcionarios de la Alcaldía de Managua, entre ellos Fidel Moreno, quien también está sancionado por Estados Unidos.