En Nicaragua se ha trampeado muchas veces en elecciones. Es una desgracia que acarreamos por más de un siglo y que se perpetúa, en parte, por la falta de indignación de la ciudadanía, problema que ocurre cuando, a fuerza de repetición, perdemos de vista la malicia o perversidad de ciertos actos, y toleramos conductas que deberían encolerizarnos.
De aquí que sea preciso insistir en la maldad del fraude electoral. Aunque suene duro decirlo, quien roba votos, adultera resultados, impide la inscripción de votantes adversos, o se niega a la observación internacional, es un delincuente.
Quitarle votos a un grupo de ciudadanos para pasarlo a otro es, sencillamente, un robo, y quien roba es ladrón. Anunciar como verdaderos, resultados que son falsos, es mentir, y quien lo hace es mentiroso. Falsear, o ignorar la voluntad de miles de ciudadanos, que han hecho fila bajo el sol para depositar su voto, es un irrespeto tremendo al pueblo, y quien lo hace es un violador de los derechos humanos. Rechazar la observación externa es negar la transparencia, y quien lo hace demuestra que esconde maniobras inconfesables.
Más aún: negar a un pueblo el mecanismo electoral como medio de elegir o cambiar autoridades, es una puñalada a la democracia. Esta, por definición, implica que es el pueblo, quien a través de comicios libres o sin coerción, elige sus gobernantes o representantes. Arrebatarle ese poder, para que sea un hombre o su camarilla, quienes deciden quién manda, es característico de la dictadura.
También es una puñalada a la paz. Uno de los grandes aportes de la democracia a la civilización fue resolver el antiguo problema de cómo cambiar gobernantes que no satisfacían al pueblo. La forma tradicional de hacerlo era el asesinato, la guerra o la revuelta. La democracia ideó las elecciones. No resolvió todos los problemas, porque el pueblo podía elegir mal, o el gobernante electo podía corromperse. Pero fraguó un mecanismo para que, periódicamente, el pueblo pudiese rectificar o enmendar las cosas, votando por otros.
No es pues, casualidad, que las sociedades donde periódicamente se celebran elecciones libres y hay alternabilidad en el poder, sean las más pacíficas y prósperas. Y que, por el contrario, aquellas que niegan este elemental derecho, o lo desvirtúan con triquiñuelas y coerciones, han sido históricamente las más inestables y desgraciadas.
Costa Rica no es mucho más próspera que Nicaragua porque tenga mayores recursos naturales, o mayor suerte, sino, precisamente, porque en ella ha funcionado bien el sistema electoral. Esto le ha evitado las dictaduras y guerras civiles que han sido endémicas en nuestro país y que explican por qué los nicas hacen fila para ir a trabajar a Costa Rica y no al revés.
Por eso decía en mi anterior artículo, que lo que decida Ortega, en relación al funcionamiento de nuestro sistema electoral, definirá, en gran parte su medida moral y nuestro futuro. Si realiza las reformas necesarias para garantizar comicios libres y transparentes, estará actuando como estadista; velando por el bien nacional y mejorando notablemente el horizonte institucional del país, tan importante para su prosperidad sostenida. Mas si, por el contrario, rehúsa hacerlo, estará actuando como un delincuente, antipatriótico e inmoral, que estaría arriesgando la estabilidad y paz de su tierra, por no exponer su mandado al escrutinio público.
Son decisiones trascendentales, que hacen oportuno recordar lo que dijo Dios a Israel, en Deuteronomio 30:19: “Hoy pongo ante ti la vida o la muerte; la bendición o la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú, y tu descendencia”.
El autor fue ministro de Educación y rector de Ave María College.
